Óscar Blanco | La sospecha cruza la ciudad. Desde las estrechas calles del Raval a las anchas avenidas del Eixample. Ha vuelto… si alguna vez se fue. Eterna protagonista de la economía política metropolitana. Amiga de los poderosos: esa coalición de intereses inmobiliarios, financieros, hoteleros y de la especulación en general. Enemiga de las clases populares a las que echa de sus barrios o mantiene con el agua al cuello para mantener un techo bajo el que vivir. Sí, efectivamente, es la burbuja inmobiliaria.

Las formas son parcialmente nuevas, pero el fondo es el mismo. El problema se desplaza hacia el mercado de alquiler. Ahora mismo un valor seguro y atractivo para fondos de inversión y otros buitres. Buitres como MK Premium dedicados a “a la inversión patrimonial, la gestión de activos inmobiliarios y su aumento de valor mediante la rehabilitación integral y mejora arrendaticia de los mismos.” Es decir, comprar bloques enteros, expulsar a sus vecinas por cuatro duros o por la via del mobbing, reformar el edificio y destinarlo al lucrativo negocio de los alquileres turísticos, sustituir contratos de renda antigua por inquilinos con más poder adquisitivo. Casos actualmente como la calle Lancaster, Leiva37 o Diputació 7 son la versión extrema y directa de un problema que asola casi todos los barrios de Barcelona y se extiende poco a poco a otras ciudades de la Región Metropolitana. La situación es aún más perversa porque los bloques suelen pasar por tres o cuatro inversores que simplemente pagan la paga y señal y vuelven a vender antes de llegar al propietario “definitivo”. ¿El efecto? Los precios del alquiler han superado ya ampliamente los de 2007 y según un informe de la organización Endavant en algunos barrios del distrito de Sants-Montjuic el precio de compra ha subido un 30% en los últimos 6 meses.

Una de las puntas de lanza de la especulación son los pisos turísticos. Un negocio rentista que amparan, en parte, plataformas de supuesta “economía colaborativa” como AirBnB dónde los 15 “anfitriones” top facturan 10M de euros al año. La excusa de la empresa (que tributa a tipos especiales en Irlanda, además) es que sirve como complemento para llegar a final de mes a familias que alquilan una habitación. Los datos aportados por la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible apuntan claramente en otra dirección: la mayoría son pisos enteros, sin licencia y administrados por profesionales. El Ayuntamiento, bajo la presión constante del movimiento vecinal, intenta sancionar pisos ilegales y frenar el crecimiento hotelero y, además, exige a la Generalitat y el Gobierno un regulación de precios máximos del alquiler. Pero, las competencias son escasas y además la respuesta no puede ser sólo regulatoria. No se le pueden poner puertas al campo. Si se frenan unas formas de especulación se redirigirá hacia otras nuevas. ¿Quién iba a imaginar hace unos años que tendríamos en Ciutat Vella un boom de locales de alquiler de bicicletas y para guardar equipaje?

De manera dispersa, los movimientos vienen experimentando como autoorganizarse contra la turistificación, la gentrificación y, en los últimos meses, los abusos del alquiler. Colectivos como Desllogades que transitan hacia un sindicato de inquilinos, iniciatives como el Sindicat de Barri de Poble Sec, la comisión de vivienda de Sants o plataformas como Fem Sant Antoni que acababa de editar un manual de defensa para alquiladas. Diferentes expresiones de una misma lucha por el derecho a la ciudad que van desarrollando una serie de prácticas colectivas para pinchar la burbuja esta vez a nuestro favor.

No se puede solucionar el problema sin tocar el corazón de la bestia: la propiedad privada. La vía de la compra o hasta de la construcción de nueva vivienda para aumentar el parque público no tiene sentido mientras existen miles de pisos vacíos en manos de especuladores. Hay que seguir transistando la vía abierta por la PAH y en especial la Obra Social. El derecho a la vivienda tiene que primar sobre los beneficios y eso implica expropiaciones, la obligación de ofrecer alquiler social de los grandes tenedores, la prohibición total de los desahucios… ¿El reto? Conseguir una correlación de fuerzas que haga estas medidas posibles y efectivas.