Esteban “Ruso” Csik | Salen a la luz los informes de impacto de las políticas públicas de Madrid capital dos años después de que la PACD  propusiera al nuevo gobierno la realización de una auditoria ciudadana. Los informes revelan  información relevante en dimensiones económico-financiero, de género, social y medioambiental, además señalan indicios de ilegitimidad e ilegalidad. Tras hacerse público, la PACD y ciudadanos comprometidos con la justicia social, se concentraron el 28 de marzo en la puerta del palacio de Cibeles, para visibilizar y exigir la profundización de los  procesos de auditoría ciudadana de la deuda y las políticas públicas.

En septiembre de 2015, apenas asumir el nuevo gobierno en el ayuntamiento de Madrid, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) presentó a las concejalías de Economía y Hacienda, y de Participación Ciudadana una propuesta para llevar a cabo una auditoría ciudadana para el Ayuntamiento de Madrid. Actualmente hay abiertos tres procesos de auditoría ciudadana: en el distrito de Arganzuela, en el de Usera y en Moncloa-Aravaca, donde la ciudadanía auto-organizada, sin jerarquías y sin siglas políticas, comienza a cuestionar los gastos y políticas públicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. La importancia de estos procesos reside en la capacidad de crear un contrapoder que perdure en el tiempo y permita a las vecinas tomar parte de la política municipal, independientemente de quién esté al mando del gobierno. Esta práctica permite romper con la lógica plebiscitaria, abriendo la puerta a fórmulas de democracia más directa y participativa, empezando en lo cercano y cotidiano.

Las experiencias de auditorías en otros países o ámbitos han sido llevadas siempre por comités de expertos y no por procesos de participación abiertos a la ciudadanía; una de las diferencias centrales entre una auditoría y una auditoría ciudadana. Por ello, estamos ante una experiencia política única que sirve como ejemplo para desarrollar éstas y otras dinámicas a lo largo del territorio del estado español y del mundo.

Otro avance en este sentido son los Foros Locales, mérito de la apuesta de Ahora Madrid en su creación a principios de este año, lanzando herramientas de participación y proposición de políticas públicas. En doce distritos de la ciudad existen ya mesas específicas de auditoría ciudadana de la deuda y políticas públicas que permitirán saber qué ha pasado con el saqueo de lo público, como así también poder diseñar mecanismo de control para evitar que unos pocos se beneficien de los recursos de todas las madrileñas.

El sobre coste del soterramiento de la M30, la venta a amiguetes del parque público de viviendas y edificios públicos (según el ministerio de Hacienda, el 60% de los desahucios ejecutados entre Febrero y Junio de 2015 en la ciudad de Madrid son de viviendas públicas que han sido vendidas por las autoridades autonómicas o municipales), la contratación del servicio de limpieza y recogida de residuos a manos de empresas constructoras del Ibex 35, éstas son sólo algunas de las prácticas que se conocen. Mientras tanto, la corrupción y las continuas privatizaciones de los servicios públicos, se contrapone al aumento de la pobreza y la marginalidad en la capital. El 26,5% de la población madrileña se encuentra en riesgo de exclusión social, unas 81.000 familias sufren de pobreza extrema, y un 9.2% de los hogares sufren de pobreza energética, el gobierno municipal ha reducido el presupuesto de servicios sociales en un 28,6% entre el año 2009 y 2013. Ya no se trata de una manzana podrida, sino de un camión lleno de ellas y conducido por expertos en corrupción y delincuencia financiera, como Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella bajo el paraguas y complicidad de la organización de la mafia: el Partido Popular. Cada día que pasa, crecen las razones para profundizar estos procesos de auditoría ciudadana, desvelar la verdad y llevar ante la justicia a los responsables del saqueo.