Lorena Cabrerizo | Desde que comenzara la crisis en 2007, se calcula que en el Estado español se han ejecutado alrededor de 700.000 desahucios. Ayer, 24 de abril, fuimos testigos de uno más, en este caso, un desahucio colectivo que afectó a 27 familias, más de 100 personas incluyendo niños, niñas y personas de avanzada edad y delicado estado de salud.

Acudimos a la cita convocada por la PAH en el municipio de Majadahonda, el cual está gobernado por el PP y cuya alcadía ostenta Narciso de Foxá, sobrino del diplomático franquista Agustín de Foxá, e investigado en las tramas corruptas de la Púnica y la Gurtel. El escenario que encontramos fue desolador: todo acordonado y protegido por policía nacional, local y guardia civil (Majadahonda ostenta el lamentable record de ser uno de los municipios con mayor número de policías por habitante), rápidamente intuimos que aquel desalojo no podría pararse, a pesar de la presencia de vecinos, sendos medios de comunicación, cargos públicos y orgánicos de Somos Majadahonda y de Unidos Podemos, así como del propio movimiento de la PAH, gracias al cual esta ignominia que son los desahucios ha sobrevivido a esta especie de fatiga que parece atravesar la reivindicación social.

En situación de emergencia y sin alternativa habitacional pese a sus reiterados intentos de acceder a un alquiler social, estas familias habían ocupado estos inmuebles que nunca fueron enajenados por incumplir la normativa dictada por el Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda. Un caso más de especulacion urbanística que había sido expedientado pero cuya sanción -actualmente superior al millón de euros-, no ha sido ejecutada.

Estas familias, que habían convertido estas casas en su hogar durante los últimos ocho años, convivían bajo un modelo de autogestión y autoorganización, procurándose los servicios básicos que, ante la falta de suministro público, necesitaban para su día a día. Así mismo, practicaban los cuidados de forma colectiva, propios de una comunidad con presencia de menores de edad y personas mayores y enfermas que, ante los estragos sufridos por la estafa hipotecaria y el paulatino empeoramiento de sus condiciones materiales y derechos básicos, no tuvieron otra alternativa que hacer uso de estas viviendas.

Un uso legítimo que, sin embargo, ayer fue arrebatado por orden de una autoridad que sólo actúa en favor de los intereses de la propiedad, incumpliendo su obligación de proteger los derechos de todas y todos, y especialmente de los derechos de la infancia, recogidos tanto en la legislación nacional como en la internacional, y cuya vulneración tendrá enormes impactos en el desarrollo de estos niños y niñas que ayer fueron testigos de cómo el sistema criminaliza las situaciones de pobreza que no son sino consecuencia de un sistema injusto contra el que, irremediablemente, habrá que seguir luchando.