Lorena Cabrerizo | “Hemos pagado mucho dinero por nuestra licencia y si esto no se acaba, no valdrá nada. Están jugando con el pan de nuestros hijos”.

Mónica, trabajadora del taxi en Barcelona, comparte oficio con su marido. Hoy han acudido a Madrid, a la movilización estatal que ha convocado a miles de trabajadores del sector en el marco de una huelga general de entre 12 y 24 horas, según territorios, para protestar contra el intrusismo de empresas como Cabify (con domicilio fiscal en Delaware) y Uber. Empresas que están recibiendo la concesión indiscriminada de autorizaciones de transporte de vehículos con conductor (vtc) por un precio irrisorio en comparación con las licencias de taxis y que, en muchas ocasiones, las revenden por 10 veces su precio. Además, la facturación de estas empresas sale fuera de nuestras fronteras para ubicarse en centros offshore (paraísos fiscales), eludiendo toda obligación con las haciendas locales.

Ante la pregunta de qué respuesta les han dado desde las instituciones a sus reivindicaciones, Mónica señala que ninguna. Y es que no sólo están evadiendo capitales, sino incumpliendo otras obligaciones como el ratio de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxis (ahora 1 por cada 7), los salarios que cobran los conductores, que no superan los mil euros por 12 horas de trabajo al día, y la falta de seguro de responsabilidad civil, por lo que si tienen un accidente, estas empresas no responden.

Mónica no sabe decirnos a cuántos trabajadores y trabajadoras afecta esta intrusión, pero no sólo los taxis metropolitanos están viendo amenazados su trabajo, también los propios vtc con lo que, anteriormente a la entrada de estas empresas, convivían en armonía cuando se cumplía el ratio 1/30. A pesar de no ver muchas mujeres en la movilización, Mónica asegura que son muchas las compañeras que trabajan en el sector -un 40% junto a sus maridos- y que en Barcelona, apunta, existen muchas federaciones de mujeres taxistas.

Un sector muy regularizado que, en los último tres años, ha tenido varios intentos de liberalización por parte del Gobierno, este último no como consecuencia de una reforma normativa, sino de atender el interés de nuevas empresas digitales de la llamada “economía colaborativa”, -concepto cuyo origen y sentido está siendo desvirtuado en pro de su mercantilización-, entre las que Uber es una de las empresas más conocidas.