Pepe Mejía | El informe “Externalización de fronteras. Impunidad y excepción en la diplomacia del euro” -elaborado por la Oficina Europarlamentaria de Podemos- denuncia el negocio de empresas que están detrás de lo que se denomina “lucha contra la inmigración clandestina”, la militarización de las rutas migratorias, terceros países que utilizan a personas migrantes como moneda de cambio y beneficios económicos y normas que vulneran derechos fundamentales. Europa necesita migrantes para su mercado laboral y su modelo productivo, pero los quiere sin derechos.

En la presentación de este imprescindible informe, que nos ayudará a entender lo que hay detrás de las políticas migratorias de Europa, estuvieron, Miguel Urban, Eurodiputado y responsable de la Secretaria de Europa de Podemos, Ione Belarra, Portavoz Adjunta GP Unidas Podemos en el Congreso, Maribel Mora, Portavoz Adjunta GP Unidas Podemos en el Senado y Eyyup Doru, Representante del HDP en Europa.

El informe parte de la premisa que más de un millón largo de personas han llegado a Europa desde mediados de 2015 huyendo de guerras, hambre o el cambio climático y representan sólo el 0,2% de la población de 500 millones que puebla la UE. Entre 2007 y 2013, la UE gastó 2.000 millones en seguridad fronteriza, tres veces más que en protección a refugiados y solicitantes de asilo, según el texto.

El proceso se inicia con la generación de un enemigo imaginario con que asustar a la ciudadanía; dando pie al aumento de la represión de nuestro “enemigo” en forma de normativas “excepcionales” y vulneradoras de derechos fundamentales que justifican una inversión opaca que beneficia a las grandes corporaciones, que en muchos casos acaban siendo el destino de quién toma la decisión.

La militarización de las rutas migratorias, los dispositivos de vigilancia, la externalización de fronteras, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) o el recorte creciente de derechos migratorios no buscan evitar que lleguen migrantes, sino que lleguen los que necesita el sistema productivo europeo, pero previamente quebrados, asustados, despojados de derechos, sabedores de la fragilidad de su estancia y de los riesgos de no asumir su papel en los nichos secundarios del capitalismo europeo en los que están llamados a compensar, aumento de la tasa de explotación mediante, unas tasas de rentabilidad del capital en descenso tendencial desde hace décadas.

Junto a estas medidas se endurecen las condiciones de entrada y permanencia para nacionales de terceros países, se recorta el derecho al asilo, se reforma las leyes sobre extranjería, se levantan muros con concertinas y se firman acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito de los flujos migratorios. En definitiva, falta voluntad política y de un paradigma que prioriza la seguridad y que cronifica la situación de los países de origen frente a otras soluciones. Con su gestión, la UE y sus Estados miembros han convertido una crisis migratoria en una crisis política, de fronteras y de derechos.

La coartada de la lucha contra la amenaza terrorista, que deviene en la estigmatización de inmigrantes y refugiados, está siendo promovido desde ámbitos institucionales conformando un racismo de guante blanco, que no reprime por sí mismo, pero que sienta las bases normativas y culturales de la exclusión social y abona el terreno para el auge de ideas, discursos y formaciones xenófobas que convierten esa estigmatización racista en una posición ideológica y política tal y como se muestran en los discursos del Brexit, LePen o en las declaraciones de multitud de ministros del Interior de la Unión Europea.

Antes de nada, es bueno saber qué es eso de la “la externalización de fronteras” y para ello vamos a hacer uso del diccionario de CEAR Euskadi que lo cataloga como “el diseño y puesta en marcha de una compleja tela de araña en forma de políticas complementarias, inversiones, medidas de cooperación con terceros países, acuerdos binacionales e incluso informales, que tienen como objetivo desplazar las fronteras europeas hacia el Sur, evitando la llegada de personas refugiadas e inmigrantes. Busca frenar la inmigración irregular a través de la subcontratación del control migratorio a terceros países, creando una zona de freno previa y adquiriendo presencia en lugares estratégicos, ya sea por cuestiones de geopolítica o por intereses económicos”.

Por otro lado, el informe señala la diplomacia del euro y los intereses comerciales de terceros países. En la medida que se firma el acuerdo bajo el pretexto migratorio, en paralelo, se negocia una “amplia alianza industrial en el sector de la defensa y las industrias militares”, convirtiéndose Italia en el mayor exportador de armas europeo a Trípoli en los años 2008 y 2009. Pero no pensemos que la construcción de una valla es simplemente un elemento de ferretería industrial. Desde hace muchos años, la industria militar está desarrollando lo que podríamos llamar ingeniería antipersonas. Una actividad económica que incluye concertinas, paredes virtuales, torres de vigilancia y de francotirador, cámaras fijas móviles, de visión nocturna, de infrarrojos, radares terrestres y vigilancia infrarroja de telecomunicaciones inalámbricas, sondas de dióxido de carbono, tecnología de la información, sistemas de identificación y bases de datos de inmigración, así como un número creciente de propuestas para el uso de drones de vigilancia fronterizo, tal y como ya se hace en otras operaciones marítimas.
Según Claire Rodier, podríamos citar como empresas interesadas en este negocio a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación; a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

También están los vuelos de “retorno” a los países de origen que año a año se subastan en licitaciones públicas y que en España han tenido el dudoso honor de haber sido gestionadas por empresas como “Air Europa” o “Air Nostrum” por un importe anual superior a los 12 millones de euros. A ello habría que sumarle licitaciones médicas, de limpieza o cocina en los Centros de Internamiento de Extranjeros de toda Europa o como sucede en varios países el coste de la administración por parte de empresas como G4S, de los servicios de gestión de este tipo de cárceles encubiertas.

Todo este proceso se complementa con otras operaciones para la lucha contra el tráfico de personas como EUNAVFOR MED (‘Fuerza Naval de la UE – Operación Mediterránea Sofía’), la aparición de las fuerzas armadas en las fronteras de forma generalizada en los últimos años (Bulgaria, Hungría, Eslovenia, Grecia, Austria, Croacia, los Países Bajos, República Checa…), la aparición de la OTAN en esta catástrofe humana, entre otros, van generando un clima en el que para defenderse de este enemigo invisible es necesaria la inversión que nos protegerá.

Pero el informe también plantea propuestas de solución. Por un lado, la apertura de vías seguras a Europa, la prevalencia de los Derechos Humanos: derogación inmediata de los acuerdos firmados con países en los que no exista la garantía de cumplimiento de los derechos fundamentales. El cierre de los centros de detención en tránsito, fin de las expulsiones exprés por contradecir lo estipulado en el Derecho Internacional respecto a las identificaciones por perfil étnico, garantizar la reagrupación familiar y la prohibición expresa de la expulsión de menores.

Por otro lado, el documento de la Oficina Europarlamentaria de Podemos apuesta por la ruptura del modelo económico basado en la austeridad en los derechos y el dispendio en la seguridad. “Ahondar en los mecanismos de acceso a los derechos políticos (activos y pasivos) de la población de origen extranjero. Facilitar el acceso a la ciudadanía de los Estados miembros. Reconocimiento de un estatus de protección internacional europeo. Garantizar el acceso a recursos públicos de forma normalizada respecto a la población local. · Garantizar el acceso sanitario y educativo de forma normalizada”.

Finalmente, apoya “los procesos de integración de las personas de origen extranjero a través de medidas enfocadas hacia un nuevo modelo de ciudadanía, prestando especial atención a mujeres y colectivos vulnerables. Realización de planes integrales de lucha contra la trata que eviten la victimización de la víctima. Apoyar y normalizar los procesos de nacionalización de las personas de origen extranjero aplicando normativas homologables entre los Estados miembros y la coordinación con gobiernos regionales y ayuntamientos para la optimización de los recursos disponibles.

En definitiva, una defensa de los intereses de la ciudadanía y no de los gobiernos y las grandes corporaciones.