Fernando Román Curto | El pasado 1 de junio la Diputación de Salamanca aprobó un acuerdo en el que insta a Berkeley Minera a que cumpla con todas las garantías financieras antes de poner en marcha su actividad. El movimiento popular puesto en marcha en toda la provincia de Salamanca, aunando ciudad y zonas rurales, deja claro el rechazo a un proyecto empresarial que nació con las sospechas de que intereses políticos y dinero sucio están detrás de él.

Jesús Cruz, activista de Stop Uranio, agradece “a todos los grupos políticos que votaron a favor, para que se reclame a Berkeley la totalidad de los avales que requiere una mina de esta envergadura. Además, señala que “la recuperación posterior a la mina y los daños causados por rotura de balsa o contaminaciones, pedir éste aval es una forma de que Berkeley abandone el proyecto o bien busque otra fórmula.”

Según el diario El País “es sospechosa la contratación, por parte de Berkeley, de Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura Miguel Cañete”. En la zona se tienen otras sospechas. En 2016 el alcalde socialista de Retortillo renunció a su cargo al fracasar la propuesta de hacer una consulta ciudadana sobre la mina. El siguiente alcalde, Javier Santamartina del Partido Popular, ha sido acusado de cohecho por la plataforma Stop Uranio al vender a Berkeley terrenos de su propiedad por el doble del valor de mercado.

Este proyecto pretende construir la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa, lo cual supondría la estocada final a una región ya bastante olvidada y degradada. El proyecto ha comenzado por destruir un encinar adehesado donde se están talando decenas de encinas centenarias situadas en un espacio protegido por Europa Red Natura 2000, las riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes. Encinas que dan cobijo a especies protegidas como la cigüeña negra, el milano real y el alimoche. La Junta de Castilla y León ha autorizado la tala en un espacio protegido de interés comunitario, razón por la que la comisión europea está investigando si se ha aplicado correctamente el Derecho de la UE, en particular la evaluación de impacto ambiental y la Directiva Habitats.

Como indica Gema Rodríguez, responsable de Red Natura 2000 en WWF España, “no cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción de la mina, ni el permiso definitivo del Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, ni la autorización de cambio de uso del suelo rústico y , además, se enfrenta a varios procesos judiciales, uno de ellos admitido por la Audiencia Nacional”.

De llevarse a cabo este proyecto acabaría con el empleo y la economía de la zona. Los vecinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes ven como se destruye su forma de vida, donde la gente vive de la ganadería y la agricultura. Otro de los negocios importantes que se vería afectado es el balneario de Retortillo, con 60 empleos directos. David Ramos, vecino de la región y activista de la asamblea Salamanca Antinuclear, señala que en la comarca hay vino con denominación de origen, quesos, aceite de oliva y con la mina todo se hundiría.

Por otra parte, mantiene consecuencias muy negativas para la salud de las personas y el medio ambiente, ya que cuando la roca de uranio es molida se libera el gas atrapado en ella (radón) y otros residuos procedentes de su procesado, que tienen efectos cancerígenos y pueden viajar a grandes distancias por efecto del viento. La preocupación se centra en “la contaminación radiológica y por metales pesados”. En este sentido, el gobierno portugués afirma estar preocupado y ha reclamado a España información detallada sobre el proyecto. Su agencia medio ambiental ha elaborado un informe en el que afirma que la mina es susceptible de tener “efectos ambientales significativos en Portugal”, tanto por la proximidad de la frontera y la dirección de los vientos, como por lo que pueda suceder con el rio Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el rio Duero.