Daniel Moreno Fernández | Los casos de corrupción parecen ser una constante en el día a día de la ciudadanía el Estado español. El caso Gürtel, el caso Púnica, los EREs de Andalucía o el clan de los Pujol son ejemplos de la institucionalización y normalización de la corrupción en la que, sin lugar a dudas, el Partido Popular sienta cátedra. Sin embargo, el problema va más allá de la corrupción. Es preocupante la impunidad – heredada de régimen franquista y no depurada durante la cuestionable transición española – de la que gozan corruptos como Rodrigo Rato, la Infanta Cristina o Iñaki Urdangarín. Sin embargo, la corrupción y la impunidad no solo atañan a políticos. Detrás de estos aparecen grandes empresarios financiando campañas electorales, recibiendo comisiones millonarias y beneficiándose de privatizaciones así como jueces benévolos con corruptos o grandes medio de comunicación al servicio del poder político-financiero.

Sin embargo, la sociedad no es indiferente ante este régimen de corrupción y se está cansando de que mientras las personas con menos recursos no dejan de sufrir desalojos, tasas insostenibles de paro, condiciones laborales precarias, recortes en educación y sanidad, las élites político-financiaras no hacen otra cosa que aumentar sus réditos fraudulentamente. Buen ejemplo de ello es la concentración del 25 de abril frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova en la que medio millar de madrileñas denunciaron que el “Partido Popular no es un partido, es una mafia” reclamándoles “que se disuelvan y entreguen la pasta”.

El pasado 8 de junio Podemos presentó una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y durante los días 13 y 14 de junio los distintos grupos parlamentarios debatieron la moción de censura propuesta por Unidas Podemos para echar al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. A pesar de que ninguna de las dos mociones de censura saliera adelante y tanto Cristina Cifuentes como Mariano Rajoy continúen en sus cargos, nunca antes en la historia de este país un partido político había sido acusado de ser una organización criminal y de haber saqueado las arcas públicas en el Congreso de los Diputados o en una Parlamento autonómico.

Una vez superada la fase institucional, llega el momento en que la sociedad civil madrileña se movilice contra la corrupción estatal, y particularmente contra la de la Comunidad de Madrid. Así, casi medio centenar de organizaciones sociales, partidos y sindicatos agrupadas en la Plataforma contra la Corrupción y la Impunidad elaboran un manifiesto con más de mil firmas entre las que destacan las de personas públicas tan relevantes como Marta Flich, Alberto San Juan, Olga Rodríguez o Nacho Vegas (http://www.madridlibredecorrupcion.net). El manifiesto llama a tomar la calle el próximo 24 de junio en una manifestación – con el lema “Contra la Corrupción y la Impunidad: más democracia, más libertad y más derechos” – que comenzará a las 19.00 en Glorieta de Ruiz Giménez (San Bernardo). La transparencia, el control y las auditorías ciudadanas, la separación de poderes, el empoderamiento popular deben de sustituir este régimen de corrupción generalizada. Tal y como reza el final del manifiesto, con corrupción no hay democracia.