Víctor Alarcón | En las últimas semanas se ha generado mucho revuelo en torno a la cuestión de la educación privada-concertada, a raíz de la decisión de la Conselleria d’Educació de eliminar algunas líneas concertadas de bachillerato. No les ha faltado tiempo al Partido Popular y Ciudadanos para salir en defensa de la libertad de enseñanza. Sin embargo, la libertad de elección de centro estaría garantizada con escuelas cuya financiación sea 100% pública y escuelas privadas que no perciban fondos por parte de la administración. Por contra, el modelo educativo “dual” que defiende la LOMCE y los escuderos de la concertada, es un modelo que sólo busca privatizar progresivamente la educación pública. Es un modelo de privatización que ya se ha aplicado en otros sectores como el caso de la Sanidad Valenciana, que comenzó con conciertos y derivó en la entrada de contratistas que directamente se reparten diferentes porcentajes de cinco de nuestros hospitales. Los resultados ya los hemos visto durante las últimas décadas: cierre de líneas y colegios públicos, masificación de aulas, falta de financiación y de profesorado, etc. No vi entonces a nadie del Partido Popular o Ciudadanos poner el grito en el cielo o manifestarse contra estos recortes en educación. Parece que cuando las líneas que se cierran son 100% públicas no interesa defenderlas.

Detrás de la defensa de este modelo educativo y de la libertad de elección de los padres y madres se esconde peligrosamente una estrategia de los sectores más conservadores y elitistas para comenzar a privatizar la educación pública. Esto queda constatado con medidas como el encarecimiento de las tasas universitarias; el 3+2 y el Plan Bolonia; los contratos inestables para los profesores universitarios; los préstamos bancarios para pagar los estudios, que no son más que una trampa de la que los jóvenes no podrán salir en mucho tiempo, y los grandes recortes educativos en pro de una austeridad que no ha servido para nada, excepto para aumentar la desigualdad y la pobreza.  No es la primera vez que se utiliza el discurso de la libertad de elección de la mayoría para defender en el fondo, los intereses de unos pocos. Ya nos intentaron convencer de las “ventajas” de la libertad de elección cuando decidieron liberalizar el mercado de las eléctricas. ¿Dónde está la libertad de elección de las familias que no pueden hacer frente al pago de las facturas de luz? ¿En elegir entre morir de frío o morir de hambre? ¿Dónde se va la libertad de elección cuando te quitan la capacidad de vivir dignamente?

Es necesario que el Consell elabore una planificación educativa de acuerdo con la demanda real de las familias, pero en el sentido de fortalecer y ampliar la red pública de educación y que ésta camine hacia unos mejores resultados y a formar personas de manera integral con una conciencia crítica. Lo que no tiene sentido es tener líneas públicas vacías mientras se llenan las privadas, pagando además con dinero público ambos servicios, lo que a todas luces es un despilfarro de dinero totalmente absurdo.

Evidentemente, nadie está a favor de que desaparezcan líneas educativas, todo lo contrario. Sin embargo, las líneas que puedan ser ofertadas en centros públicos, deben ofertarse en centros públicos y no en centros privados. El sistema educativo actual debe abandonar todas las prácticas obsoletas y segregacionistas, en pro de un sistema educativo de titularidad pública, amplio, laico, de calidad, que alcance a toda la población, que garantice la igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje y que fortalezca los lazos de la comunidad. Partiendo de estos principios, debería valorarse la función y la utilidad de los conciertos educativos en la actualidad. Pero ante todo, la educación debe ser la misma para todos y todas, de otra forma, no estaremos garantizando la igualdad de oportunidades.

En definitiva, las políticas educativas deben ir encaminadas a ampliar la financiación y fortalecer el sistema público. Porque la educación pública es la única que puede garantizar el derecho a la educación de calidad para todo el mundo, sin discriminación y en igualdad de condiciones.

(*) Víctor Alarcón es concejal de Sí Se Puede Elda