Igor Urizar/ Ourense, agresión a un agente de la guardia civil en un control de rádar. Año y medio de prisión.

Puente Genil, agresión con objeto punzante a un agente de la guardia civil. 3 años y 3 meses de prisión.

Plasencia, agresión con cuchillo y amenazas a un agente de la guardia civil. 2 años y 10 meses de prisión.

Benicàssim, agresión propinando una paliza a un agente de la guardia civil. Multa e indemnización.

Altsasu, agresión en un bar a las 5:00 de la madrugada a agentes de la guardia civil y parejas. 62 años de prisión.

El 15 de Octubre, día de feria y de fiesta en Altsasu, los medios publican la noticia de que dos agentes de la guardia civil y sus parejas son agredidas en lo que parece una pelea en el Bar Koxka a las 5:00 de la madrugada. Inicialmente 2 personas son detenidas por un delito de lesiones. El primer informe policial no aprecia linchamiento organizado, simplemente una trifulca de bar. Los agentes, en un primer momento denuncian haber sido agredidos por un tumulto de 50 personas, aunque solo 8 personas pasan finalmente a ser acusadas en edades comprendidas entre 19 y 22 años.

Acto seguido la Unión de los Guardia Civiles saca un comunicado condenando duramente la agresión y vinculandolo al movimiento Ospa Eguna; movimiento que reivindica el rechazo de la presencia de guardia civiles en Euskal Herria, reivindicación que se comparte en amplios sectores, no exclusivamente abertzales, de la sociedad vasca. Para esta vinculación, la asociación de agentes se remonta a documentos de hace más de 30 años y a los antecedentes de un detenido y algunas personas identificadas en el lugar de los hechos. En el mismo comunicado, la UGC no ve delito de terrorismo, si no de odio.

Entre medias, un tercer actor hace acto de presencia, Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo conocido entre otras cosas por denunciar por colaboración con banda armada, encubrimiento y tenencia de armas a los mediadores del desarme de ETA. Este colectivo denuncia los sucesos ante la Audiencia Nacional, instando a declararlos delitos de terrorismo frontalmente en contra de lo recogido en los informes policiales. Según Covite, la vinculación de una de las personas al movimiento Ospa Eguna es suficiente indicio de terrorismo, ya que las reivindicaciones del movimiento coinciden con algunas reivindicaciones políticas de la banda ya desarmada. La magistrada de la AN Carmen Lamela accede a la petición y pregunta a la Fiscalía si es competente, si existen indicios suficientes de terrorismo.

Es entonces donde otro de las protagonistas del caso entra en escena, el fiscal José Perals, que eleva la pelea de bar a delitos de terrorismo y procede a pedir un total de 375 años de prisión para las 8 detenidas, alegando que el delito tiene carácter de terrorismo porque se produce en el marco de Alde Hemendik! (plataforma con similares reivindicaciones que Ospa Mugimendua), ya que una de las personas que supuestamente inició la agresión habría pertenecido a esta plataforma en el pasado y el mismo Ospa Mugimendua comparte reivindicaciones y dinámicas de Alde Hemendik!

Es pertinente para entender el rocambolesco desarrollo de la causa de la Fiscalía, conocer el historial del juez Perals, un largo historial de denuncias y juicios contra el denominado “entorno” dentro de la utilización y perspectiva política del “todo es ETA”. Bajo este manto, Perals ha llevado durante su carrera judicial causas contra políticos de la izquierda abertzale, abogadas de presas, las convocantes de “Cerco al Parlament” e incluso peticiones de cárcel por tweets referentes a la Corona, Carrero Blanco o a la extrema derecha.

Mientras tanto, durante el transcurso de este abyecto recorrido, las madres y padres de las detenidas iniciaron un movimiento de protesta llamado Altsasu Gurasoak, pidiendo proporcionalidad de las penas, un juicio justo y sobre todo el rechazo a categorizar los hechos como terrorismo. El 2 de Febrero, apoyadas por un gran número de agentes y referentes sociales y culturales (más de 130), lanzan un manifiesto recogiendo sus peticiones, un manifiesto que trasladan al Congreso de los Diputados y que recoge también el apoyo de una amplia gama de sensibilidades políticas (Podemos, Izquierda Unida, En Marea, Compromis, PNV, PDeCat, ERC y EH Bildu). Este manifiesta lleva recogidas ya más de 67000 firmas desde la página web.

Las divergencias con la perspectiva de la Fiscalía se suceden incluso en la judicatura, magistrados como el juez emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín declaran “lo desorbitado de las peticiones de penas y lo fuera de la realidad de la causa” o el mismo Baltasar Garzón admitiendo que existe sobreactuación judicial y que no existen delitos de terrorismo. Las movilizaciones se suceden, el 26 de Octubre alrededor de 10.000 personas se reunen en manifestación en Altsasu; el 14 de Mayo hacen lo propio 4000 personas; el 1 de Junio, pese a que la Delegación del Gobierno de España ejecuta la prohibición de celebrar la manifestación, la plaza del pueblo es abarrotada por cientos de personas; el 14 de Julio miles de personas abarrotan la Plaza del Castillo de Iruña, con la asistencia de varias representantes institucionales de diversos colores políticos.

3 jóvenes siguen detenidos y junto al resto están a la espera de juicio, con penas de entre 12 y 62 años, con una suma total entre las 8 de 365 años. La inmensa desproporción que existe entre las penas que se les imputan a las jóvenes de Altsasu en contraposición con otras penas en relación a agresiones a agentes policiales es objetiva pero no es aislada, si no un caso más que confirma un patrón en la deriva de gran parte de las fuerzas policiales y judicatura españolas contra ciertos sectores. Los 4 jóvenes de Errenteria detenidos en Iruña por disturbios en una manifestación a favor de las presas vascas, han sido también imputados por delitos de terrorismo, remitiendo el caso a la Audiencia Nacional. Incluso en plena fiesta de San Fermines, 3 personas fueron identificadas e interrogadas por llevar camisetas con el lema de “Altsasukoak Askatu” (Libertad para las de Altsasu).

En paralelo con otros casos como el de Casandra o Bodalo, la justicia española se caracteriza bajo un perfil represor en muchos aspectos que se ceba especialmente con todo lo que tenga que ver con la izquierda abertzale, en un momento en el que los pasos de esta última hacia la convivencia y la paz son evidentes. Tales actuaciones y sentencias, nos remontan a tiempos y contextos más oscuros y antidemocráticos, recordándonos de qué modelo de justicia se heredó el actual, tras aquel pacto con los sectores franquistas que llamamos Transición y que derivó en Régimen del 78.

Un estado de derecho en donde el peso de la justicia es laxo con los corruptores, con una clase política corrupta, con empresas que explotan sin rubor a las trabajadoras, con los desmanes de las fuerzas policiales… mientras descarga toda su fuerza frente a todo atisbo de resistencia política y social, contra todo aquello que amenace las bases del Régimen del atado y bien atado. Un estado de derecho instrumentalizado por la derecha que no permite expresarse y decidir soberanamente a los pueblos, que los oprime, que prohíbe urnas y amenaza con detener a las que las defienden. Un estado de derecho en el que Rato y Billy el Niño siguen en la calle, mientras 8 jóvenes esperan pasar el resto de su vida en una celda por una trifulca de bar en un día de fiesta. No ocurrió en Ourense. No ocurrió en Puente Genil. No ocurrió en Plasencia. No ocurrió en Benicássim.

 

Igor Urizar Murgoitio es militante de Antikapitalistak