Oscar Blanco Empiezo con una reflexión desagradable y posiblemente impopular. El soberanismo y el independentismo debemos ser honestos: la última legislatura catalana ha sido un fracaso. La secuencia impuesta por Convergència de primero rebajar la consulta del 9N a un proceso participativo, después intentar sustituir el referéndum por unas “elecciones plebiscitarias” el 27 de septiembre de 2015 y más adelante defender durante meses la hoja de ruta para declarar la independencia en 18 meses por la surrealista vía de la “desconexión legal” no ha fortalecido el movimiento por la autodeterminación de Catalunya ni a los partidarios del “Sí”. También hay que recordar que, pese a la maravillosa mano de Artur Mas en estos pasos, es una secuencia avalada por ERC, la CUP, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.

Avalada sí, pero con excepciones. Pudo haber caminos alternativos. A cada cual sus méritos. ERC intento un tímido forcejeo para mantener un 9N desobediente pero quedo aislada. Catalunya Sí que es Pot y algunas otras veces intentaron romper con la polarización plebiscitaria y denunciarion que era la forma de CDC de escudarse en el resto del independentismo para no sufrir desgaste electoral. No tuvieron éxito y Ciudadanos acabo inflado como “Junts pel No” como decía recientemente Jaume Asens. La CUP fue el único actor del campo independentista en hacer una lectura con “seny” de los resultados del 27S: un 48% de los votos a fuerzas del “Sí” no era una victoria aunque hubiera mayoría absoluta en escaños y había que trabajar para construir una mayoría social a favor de la República Catalana. Sin embargo, el resto del independentismo hizo oídos sordos hasta hace unos meses. La CUP, en medio de una dura campaña de “pressing”, prefirió investir a un Convergent a unas nuevas elecciones en marzo.

Es decir, Mas y sus metáforas marineras consiguieron marcar el ritmo pese a algunas resistencias y pese a ser apartado de la presidencia por la CUP. Y volvemos al principio ¿Con qué resultados? Un fracaso cuantitativa y cualitativamente. ¿Por qué? El independentismo se conjuró en un “giro social” que tenía que permitir “ampliar la base social del procés”. El prometido “Plan de choque contra la pobreza” se quedo en eso, en prometido. Los presupuestos de 2016 nunca nacieron y en 2017 Junts Pel Sí impuso a la CUP unos presupuestos continuistas con la austeridad a cambio del referéndum. Ni un sólo privilegio cuestionado, ni una sola privatización revertida. Vaya, no sólo no se ligaron reivindicaciones sociales y nacionales sino que el ejercicio de la autodeterminación fue utilizado para chantajear y desmovilizar a los movimientos sociales. ¿Quien no recuerda al profesorado convertido en enemigo del “procés por exigir unas pequeñisimas mejoras? En consecuencia, el independentismo no se ha ampliado. Las encuestas indican una tendencia más bien decreciente y la desilusión y frustación de parte de su base movilizada con el tacticismo de los partidos y las dilaciones apuntan a un estancamiento.

El otro gran reto de la legislatura era la construcción de “estructuras de Estado” y el despliegue de un proceso constituyente. El fracaso en este ámbito es tal que hay dificultades hasta para comprar urnas para el 1 de octubre. Por desgracia la Generalitat no está mejor preparada para un choque institucional con el Estado que antes del 9N. Menos aún si tenemos en cuenta que el FLA es el principal acreedor y el Estado tiene en su mano ahogar financieramente a la Generalitat con facilidad. La política ha continuado siendo eso que se conoce como ‘procesismo’: gestos, retórica, pasos eternos pero sin avances significativos ni desobediencia explícita. El principal episodio fue la declaración de inicio de independencia que se transformó en papel mojado cuando el Parlament alegó al Tribunal Constitucional que era una “declaración de intenciones”. Entonces llegó una de las primeras buenas noticias de la legislatura, el regreso a “la pantalla pasada” del referéndum.

Durante todo el periodo previo a las (dobles) elecciones estatales sobre la mesa en Catalunya había dos caminos enfrentados. Por una parte, el referéndum acordado del que hacían bandera los Comuns y, por otra parte, la ya mencionada “desconexión legal” defendida por ERC y CDC con vehemencia (aunque pronto los 18 meses pasaron a ser “un corsé” y se fue preparando el terreno para abandonar esa vía). Dos caminos que incluso sus defensores sabían muy probablemente sin salida pero que les ofrecían un marco electoral más favorable. En medio de ese cruce primero la CUP y después ciertos sectores de la ANC y de Omnium volvieron a poner sobre la mesa un referéndum desobedeciendo al Estado. Se fue poniendo de moda un nuevo acrónimo y lugar común del procés: el RUI.

¿Por qué no se podía hacer en 2014 lo que si se puede hacer ahora? Es un misterio. Parece que Puigdemont va bastante más en serio que Mas en su momento, más allá de que aún estamos en el plano de las declaraciones y los anuncios y no se ha aprobado un solo decreto. Sin embargo, los últimos 3 años tienen consecuencias. Por ejemplo, la polarización interesada entre el sí y el no antes, durante y después del 27S ha creado un campo minado para articular una campaña unitaria por la autodeterminación. Los Comuns fueron prácticamente excomulgados del soberanismo por los mismos actores que ahora oscilan entre la seducción y el insulto.

Obviamente, no todos los problemas tienen que ver con los actores independentistas. Las fuerzas institucionales es lo que podríamos llamar “bloque del cambio” en Catalunya han jugado un papel bastante decepcionante. “Catalunya Si que es pot” no ha dado ningún paso para desplegar el proceso constituyente no subordinado que llevaba en el programa. Los inefables Rabell y Coscubiela se han convertido en los defensores del “orden y la ley” en sus críticas al 1-O. Comuns tampoco supieron plantear una nueva vía cuando el referéndum acordado quedó definitivamente bloqueado (¿Qué no hay mayoria estatal?¡vaya sorpresa!). Es decir, han renunciado a ofrecer una alternativa que reorientara el procés porque el referéndum unilateral estaba sobre la mesa y les era molesto.

El referéndum del 1 de octubre no está asegurado. La ley del referéndum no está aprobada (ni registrada para su aprobación), faltan muchos (demasiados) detalles por cerrar y la campaña va ser tristemente más corta de lo que sería deseable. En esta situación quizás lo más razonable desde las fuerzas transformadoras seria: primero, denunciar al Partido Popular y al Estado por impedir que el referéndum se pueda desarrollar en mejores condiciones y sin amenazas de inhabilitaciones. El año de campaña y de profunda discusión política entre el “Sí” y el “No” en Escocia no hubiera sido viable si Downing Street se hubiera comportado como Moncloa. Y, segundo, deberían exigir, presionar, apretar al Govern con los preparativos. Pero claro, para eso era necesario implicarse desde un primer momento en la preparación de la convocatoria en lugar de esperar a ver que se lo ocurre al Govern para sacarle punta. Proponer garantías, buscar apoyos internacionales y estar dispuestos a enfrentar al Estado ¿Qué resultado hubiera tenido una presión conjunta de Comuns y la CUP, que si está ejerciendo de Pepito Grillo?

Quizás habría que orientar la política hacia el 1-O de esa forma. Parece deseable que si el Estado trata de evitarlo a la brava, la represión tenga el coste más alto posible políticamente y a la vez que un freno de mano o nuevo truco de magia del Govern también le suponga el mayor desgaste posible. Sin embargo, algunos parecen estar deseando que el referéndum sea un fracaso. ¿Realmente un fracaso beneficiaria a las de abajo? El escenario dónde el PP lo impide sin costes importantes refuerza al nacionalismo español y al régimen y la frustración de otro 9N difícilmente se puede reconducir en una vía transformadora. Frustración, apatía, política, vuelta a la normalidad institucional. Parece un escenario más propicio para Ciutadans, el PSC o un regreso del PDEcat a la Convergència de orden que para las que queremos cambiar las cosas.

No nos equivoquemos. El desarrollo del 1-O está haciendo aflorar todas las contradicciones de la derecha catalana neoindependentista. Una derecha menguante en las encuestas y con una dirección oficial, una vieja guardia y un president de la Generalitat en tensión permanente. Además su credibilidad se desploma por momentos cuando un antiguo peso pesado como Gordó se escinde para mantener el aforo y esquivar sus responsabilidades por la corrupción o cuando consellers salen del Govern para proteger su carrera política. Puigdemont sabe que su única manera de intentar competir con ERC como capitalizadores del referéndum pasa por mostrar toda la firmeza posible pero contra más se acerque la desobediencia más motines tendrá a bordo y quizás no los puede resolver con un “win-win” como en el caso de Munté. Cesada pero para protegerla como posible candidata a la alcaldía de Barcelona.

Por último, es de recibo poner sobre la mesa y admitir que con una situación de reflujo social y de debilidad de los movimientos es difícil intervenir sin ser subalternizado por la “cosa procés”. Es un riesgo. Sin embargo, no podemos dejar pasar una coyuntura dónde se condensan contradicciones y se abren bifurcaciones estratégicas. Seguramente lo que más nos acerque a un ruptura con el régimen del 78 sean dos cosas: una, tratar de impulsar una campaña en defensa del referéndum y en favor de la participación. Y dos, en paralelo, apoyar un “Sí” con la consigna de República Catalana y proceso constituyente como síntesis entre un federalismo consecuente y el independentismo. Queda poco más de dos meses para poner de nuestra parte en que el 1-O sea un antes y un después. Un obús directo a la línea de flotación del régimen del 78, en Catalunya y en todo el Estado.