Ana Villaverde| Los y las menores que se encuentran a cargo de mujeres que sufren violencia machista, sean éstas sus madres o se encuentren bajo su tutela y guarda, también son víctimas de la misma. La violencia produce un impacto grave en su salud física y psicológica, afectando negativamente a su desarrollo. Sin embargo, son víctimas invisibles a los ojos de las instituciones que debían protegerles. Así lo denuncia la Asociación Avanza Sin Miedo, la primera conformada por menores que han sido víctimas de violencia machista y de la aplicación del llamado “Síndrome de Alienación Parental”, el cual, a pesar de haberse demostrado falso, sigue siendo el fundamento que se esconde tras muchas decisiones judiciales que obligan a los niños y niñas a convivir con sus padres maltratadores. Fruto de la reivindicación del movimiento feminista y de la presión de profesionales del ámbito jurídico, psicológico y social, lo que parecía una evidencia se reconoció por fin en el año 2015 mediante la introducción de una modificación legal en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia machista. Sin embargo, el Estado, sigue sin garantizar la protección necesaria para estos niños y niñas, dejándoles a merced de resoluciones judiciales que condicionan sus vidas y ponen en riesgo su seguridad e integridad.

Así ha sucedido, una vez más, en el caso de Juana Rivas, a quien la jueza titular del Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Familia de Granada obliga mediante resolución judicial a entregar a sus hijos de 3 y 11 años a su padre, Francesco Arturi, residente en Italia y que fue condenado por violencia machista a tres meses de cárcel y a un año de alejamiento en 2009. En 2016, Juana Rivas logró volver a España con sus hijos para pasar las vacaciones de verano y tras recibir atención y orientación en el Centro de Información a la Mujer de Maracena, en Granada, decidió interponer de nuevo una denuncia contra su marido por malos tratos. El juzgado desoyó la denuncia, remitiendo a Juana a la justicia italiana. Su abogada apeló y consiguió que la Fiscalía solicitase que fuese el juzgado el que hiciese valer la denuncia española ante un juzgado italiano. Pero de eso han pasado ya casi seis meses y la lentitud del proceso judicial ha permitido que durante este tiempo Franceso Arturi reclame a sus hijos abriendo un proceso paralelo que paradójicamente, se ha resuelto antes que la denuncia de Juana por malos tratos. Ante esta situación, Juana optó por desobedecer y no entregar a sus hijos, encontrándose actualmente con ellos en paradero desconocido.

Imagen difundida por las redes sociales en solidaridad con Juana

Por desgracia este caso no es el primero, ha habido muchas sentencias similares con anterioridad, pero sí puede sentar un precedente clave en la lucha contra la violencia machista. La respuesta por parte de los vecinos y vecinas de Juana y del movimiento feminista granadino fue inmediata, organizándose concentraciones en su favor y una plataforma que en pocas horas ya contaba con el apoyo de multitud de personas, colectivos y organizaciones.

Apoyo que, ante la valiente decisión de Juana de desobedecer lo que a todas luces es una resolución judicial injusta, lejos de aminorarse, ha seguido creciendo, extendiéndose por todo el Estado bajo el lema “Juana está en mi casa”, el cual ha inundado las redes sociales estos últimos días. Una vez más, la autoorganización popular ha demostrado ser capaz de dar una respuesta allí donde las instituciones se han demostrado incapaces de ofrecer una salida.

Pero además, este caso ha vuelto a poner de manifiesto lo que constituye uno de los valores más importantes del movimiento feminista: su capacidad para combinar la atención inmediata y urgente de las necesidades que demanda cada caso en su individualidad con la reivindicación política colectiva que posibilita los avances sociales. De momento, el Senado ya ha aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios instar al Gobierno para que se introduzcan los cambios legislativos necesarios para que las mujeres víctimas de violencia machista no puedan ser acusadas de sustracción de menores. Esta medida, aunque puede considerarse una victoria parcial en el plano simbólico, choca con la línea que han seguido algunos grupos parlamentarios en la negociación del recientemente aprobado pacto de Estado contra la violencia machista, el cual si bien supone un avance en ciertos puntos, presenta muchas limitaciones. Entre éstas cabe destacar la negativa del PP y el PSOE a incorporar otras violencias machistas que se producen fuera de las relaciones de pareja y por lo tanto, la inexistencia de medidas concretas para atajarlas o la ausencia de un calendario claro, así como de un compromiso de dotación económica suficiente para hacer efectivas las medidas que se proponen. De nuevo, las contradicciones en el ámbito institucional habrán de ser visibilizadas y superadas por la presión popular. El proceso judicial en el caso de Juana seguirá su curso y este otoño deberemos estar atentas para reactivar las redes creadas en movilizaciones anteriores y ser capaces de dar una respuesta colectiva y de alcance estatal. No en vano, está en juego la seguridad de Juana y sus hijos, pero además tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de todas las mujeres que se encuentren en situaciones similares.

*Ana Villaverde es militante de Anticapitalistas y activista feminista