Adrian Gil | Lidia, Santi y sus cuatro hijas de entre 3 y 13 años vivían en un piso ocupado en Carabanchel. Lidia estuvo trabajando como cajera de supermercado durante muchos años, mientras que Santi trabajaba como repartidor de bebidas. Santi era también uno de los trabajadores de Coca-Cola cuando esta empresa realizó el famoso ERE de 2014 que suponía el despido de 750 empleadas.

Su situación económica se tambaleaba desde hacía un año, cuando Santi fue despedido de su último trabajo. Como no tenían suficiente dinero para poder pagar un alquiler, decidieron ocupar un piso que pertenecía a Fidere, filial de Blackstone en España. Este es uno de los fondos de inversión a los que Ana Botella vendió entre 2012 y 2013 casi 3.000 viviendas de protección oficial (a Blackstone le fueron vendidas 1860 de esas viviendas). El mismo fondo que una vez rescindidos los contratos de alquiler vigentes podía manipular las mensualidades y el precio de los suministros a su antojo, lo que supuso en algunos casos el incremento acumulado del precio de alquiler en un 43% en sólo tres años o subidas del 360% del precio del agua caliente para sus inquilinos.

El 2 de junio se citó la ciudadanía organizada para intentar parar el primer intento de desalojo a esta familia. Así fue. Dieron once días de plazo para volver a intentar ejecutar el desalojo. Dos días antes del mismo el trabajador social de la familia y la policía les llamaron para intentar convencerles para que se fueran, puesto que en este segundo intento avisaban que era seguro que iban a ejecutar el desalojo.

La alternativa habitacional que se les ofreció tras este desalojo fue la permanencia en un albergue en Vallecas que tuvieron que abandonar a los seis días, puesto que les aseguraron que existían otras personas con mayor prioridad. Al verse sin alternativas, después de dejar a sus hijas en el colegio tomaron la decisión de acampar frente a la junta de distrito de Carabanchel bajo la demanda de vivienda social para ellas y todas las demás familias que se encuentran en una situación similar.

Esta acampada la realizaron con el apoyo principal de la asamblea de Carabanchel, pero no tardaron en aportar su grano de arena otros colectivos como Greenpeace, quienes les prestaron una placa solar para que les proveyese de energía eléctrica para así poder cargar los dispositivos electrónicos o encender una luz por las noches. A esto, hay que sumar el apoyo de personas que a título individual al conocer la situación se ofrecen a lavarles la ropa en sus casas o a traerles comida y bebida. Un variado abanico de activistas, artistas y políticos se han acercado a la acampada para dar su apoyo a esta familia o incluso formar parte de las numerosas actividades organizadas por la acampada, como por ejemplo Yayo Herrero, Langui, Alberto San Juan, Sol Sánchez o Isa Serra.

El hecho de que lleven acampadas más de setenta días ha dado pie a más de veinte entrevistas o intervenciones en programas matinales. A su vez, se han producido numerosas reuniones, principalmente con su trabajador social. A Lidia y Santi les han hecho llegar distintas alternativas, pero es importante recalcar que ninguna de ellas ha sido de manera oficial. Es decir, las alternativas que podemos ver recogidas en otros medios, como el alquiler de una casa en Ávila por 300€ o una habitación en San Cristóbal para esta familia de seis miembros por ese mismo precio han sido transmitidas de manera verbal, lo que ha facilitado que en algunas ocasiones hayan cambiado la oferta de un día para otro sin que haya papel de por medio que permita acreditarlo.

Entre los artículos publicados, podemos encontrar uno de la concejala del distrito de Carabanchel, Esther Gómez, el cual recomiendo leer y del cual quiero remarcar la siguiente cita: “han decidido llamar la atención sobre su situación para encontrar una respuesta ante la falta de respuesta de una Comunidad pasiva y la escasez de recursos del Ayuntamiento, a cuyas puertas permanecen porque es la única institución que en lugar de criminalizarles les escucha”. Ahora Madrid está tratando este asunto caso con el paternalismo que aquí se desprende, tirando balones fuera y mentando a IVIMA a que les ofrezca una alternativa habitacional puesto que según comenta Esther en este mismo artículo “la EMVS no tiene capacidad para dar salida a todos los casos que hacen cola a sus puertas”, adornando finalmente el discurso remarcando las viviendas de protección oficial que el PP de Madrid vendió a fondos buitre como Fidere. Si revisamos la hemeroteca, muchas recordaremos las declaraciones de Manuela Carmena en las que decía hace dos años que en Madrid ya no hay desahucios, o también podemos revisar el programa electoral con el que Ahora Madrid se presentó a las elecciones y pararnos en el objetivo 3.1 de dicho programa: “Ahora Madrid se compromete a parar los desahucios, mejorar el parque público de vivienda y poner en uso las viviendas vacías en manos de grandes bancos o empresas”. Pues bien, según el último censo del INE de 2011, en el municipio de Madrid existen 153.100 viviendas vacías, es decir, en torno a un 10% de las viviendas de la capital. Este dato lo podemos cruzar con las conclusiones del estudio del stock de vivienda de 2015 de Tinsa en el que se afirmaba que la banca posee el 80% de las viviendas vacías que existen en España.

De todas formas, tampoco tiene sentido obcecarse en señalar el incumplimiento del programa electoral cuando esta misma alcaldesa señaló al diario francés Le Figaro que el programa electoral no es una Biblia, sino una lista de sugerencias. Mientras tanto, en Madrid siguen existiendo 14.000 personas en lista de espera para recibir una vivienda de las cuales 8.000 son consideradas personas de alta prioridad, entre las cuales se encuentra la familia de Lidia y Santi.

Manuela Carmena se reunió en su momento con las afectadas para comentarles que no se dejase asesorar por las personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que le estaban llevando por el mal camino. Según Manuela Carmena, el camino hacia la solución son las estancias cortas (es decir, las estancias en albergues). En una reunión posterior con el trabajador social en el que le repitió este mismo discurso (junto con una nueva oferta: un hostal para Lidia y Santi, pero sus hijas debían quedarse con sus abuelas), Lidia le comenta que si le dejaba por escrito que tras un periodo de estancias breves le van a ofrecer una vivienda social,ella toma esa vía, a lo que el trabajador social se niega.

Por otra parte, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid también está jugando a poner la pelota sobre el tejado del otro (en este caso, del ayuntamiento de Madrid). Recientemente pudimos ver a una sonriente Cristina Cifuentes abandonar la misa de la Paloma mientras era abucheada por la mala gestión de la situación de desamparo de esta familia, a lo que respondía su ejecutivo de la siguiente manera: “les estamos intentando ayudar, porque es un problema del Ayuntamiento que no les da vivienda y recibimos esta respuesta tan agresiva. Hay mucha gente por delante de ellos que también necesita una vivienda y no montan estas trifulcas”.

Lidia y Santi llevan acampadas más de setenta días y en esta lucha, como comentaba recientemente la asamblea de Carabanchel, están cayendo muchas caretas. Una de ellas cayó el 9 de julio, cuando Leo Bassi remitió un correo a menos de dos horas de cuando tenía que iniciar la jornada contra la violencia institucional y por la protección de menores para cancelar su intervención en este evento puesto que había enfermado. Al parecer, había contraído la enfermedad de la mentira, pues a la vez que estaba guardando reposo, se encontraba a cinco kilómetros de la acampada dando un show.

No podría cerrar este artículo sin recordar el aborto en diferido que sufrió Lidia durante la acampada, su hospitalización por un ataque de ansiedad, esas cuatro niñas a las que les han robado un verano con preocupaciones que, por mucho que sus padres les intenten proteger, les acaban llegando, o a los periodistas que les importa más la exclusiva que la noticia en sí, tal y como comentaban varias activistas a RT: “anoche estuvieron dos equipos de televisión aquí, y empezaron a pelearse por la exclusiva. Discutieron entre ellos y finalmente Lidia empezó a atender a uno de los reporteros. Entonces el otro equipo se fue. Los miembros del equipo se enfadaron, porque si no era en exclusiva, ya no les interesaba nada de esto, y se fueron”.

Sin un desenlace claro, lo que asegura esta familia es que seguirán acampadas en la plaza hasta hacer valer su derecho a la vivienda.

Nota: en una versión anterior del artículo se hablaba por error del apoyo de Clara Serra a la acampada cuando en realidad se trataba de Isa Serra, diputada en la Asamblea de Madrid y militante Anticapitalista.