El 11 de septiembre volvió a ser una movilización masiva en Catalunya por sexto año consecutivo. La protesta organizada por la Assemblea Nacional Catalana para la Diada en Barcelona superó con creces la de 2016 y fue equiparable a 2014 y 2015. Si se le suma la enorme manifestación contra la sentencia del Estatut en 2010 bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim” [Somos una nación, nosotros decidimos] se trata de un conflicto multitudinario con capacidad de mantener la capacidad de tomar las calles un tiempo nada despreciable. Sin embargo, esta Diada tenía algo diferente. Desde que la Generalitat y el Parlament desobedecieron la suspensión del Tribunal Constitucional de la Ley del reférendum en Catalunya existen dos leyes que no se reconocen mutuamente. Puigdemont lo afirmaba de manera directa en su mensaje institucional previo al 11-S: “sólo el Parlamento de Catalunya puede inhabilitarme a mi o al gobierno que presido”. Una pugna entre dos legitimidades. Un escenario desconocido desde 1978 en el Estado Español.

No parece que el desconocimiento de los Tribunales por parte de las instituciones catalanas sea tan sencillo como lo expresa el Govern. Sin ir más lejos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha remitido una comunicación personal al director de TV3 dónde pide que no informe sobre las actuaciones que permitan celebrar el referéndum y reitera la exigencia de que se deje de emitir el anuncio institucional del 1 de octubre. También el Mayor de los Mossos se ha reunido con la Fiscalia, Policia Nacional y la Guardia Civil para recibir la orden de confiscar urnas. Orden que los Mossos han decidido acatar. Ya la Fiscalía advirtió a 1000 cargos públicos de su obligación de “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y de los costes penales de desoír.

Las medidas represivas van en aumento: querellas contra la Mesa del Parlament y el Govern, la imputación de más de 700 alcaldes que apoyan el referéndum, registros de imprentas y redacciones como la de “El Vallenc” e incluso la prohibición de un juez del acto de plataforma “Madrid por el Derecho a Decidir” a instancia del PP. Un acto que también ha recibido amenazas de la Falange con pintadas en el espacio municipal dónde se va a celebrar. Un acto que la plataforma piensa convocar igualmente como ha explicado en rueda de prensa. Mientras gran parte de la izquierda se centra en las garantías del 1 de octubre e inclusos los derechos de los parlamentarios, el Estado muestra su lado más autoritario y cuestiona los derechos de reunión, expresión e información como recordaba la concejal Rommy Arce en una entrevista hoy. El retroceso de la democracia que puede representar una salida represiva al 1 de octubre para el conjunto de las clases populares en el Estado empieza a materializarse y puede recrudecerse en las próximas semanas.

Por lo tanto, la cuestión es: ¿el día 1-O habrá un Régimen debilitado o fortalecido? ¿Un Régimen derrotado o un Régimen triunfante? El 1 de octubre no sólo está en juego el legítimo derecho a decidir del pueblo catalán. Es el futuro del régimen del 78 lo que está en el aire como apuntan en un artículo conjunto Teresa Rodríguez y Miguel Urban. Si el PP y todo el aparato del Estado es derrotado se allanará el camino para un cambio favorable a las fuerzas populares en todo el Estado. Si el PP vence en este pulso saldrá fortalecido y el bloque reaccionario que encabeza se hará aún más resistente.