Santi Amador | La cuestión nacional catalana está viviendo situaciones tumultuosas en los últimos días. Es complicado que en cualquier comida o encuentro con familiares y amigos no se ponga el tema sobre la mesa, con una opinión muy basculada en ocasiones a una visión muy conservadora del conflicto catalán o un apoyo implícito o explícito a la actuación del Régimen. Por ello, debido a la dificultad por la falta de tiempo o formatos de comunicación –tipo Whatsapp o Twitter- estas líneas se proponen exponer, sobre todo a este entorno de gente influida o que comparte la visión del Estado, una aproximación alternativa a esta realidad.
Este artículo se divide en tres bloques. En primer lugar, desmentir los mitos vertidos sobre el movimiento nacional catalán y su evolución más reciente. A continuación un debate sobre los aspectos legales tan comentados y sobre legalidad y legitimidad. En tercer y último lugar quisiera comentar como el actual status quo y el futuro político de Catalunya influyen en la situación política y social andaluza.

¿Un adoctrinamiento de TV3?
Muchos de los argumentos que circulan sobre la masiva participación en cada 11 de septiembre –Día nacional de Catalunya- y el ascenso del movimiento independentista tienen que ver con el supuesto “adoctrinamiento” de la población catalana a través de sus medios de comunicación como TV3 –el equivalente catalán a Canal Sur- y su gobierno a través del sistema educativo. Quiénes hacen estas afirmaciones, tratando a la población catalana como menores de edad, parecen querer ignorar como televisiones como Canal Sur hacen ese mismo trabajo del que acusan a los medios catalanes, dar bombo al gobierno de turno y silenciar a las voces disidentes. Sin ánimo de valorar lo que hace o no hace TV3, me gustaría preguntar, ¿hacemos los andaluces o pensamos como quiere Canal Sur o la Junta de Andalucía gobernada de manera caciquil y clientelar por el PSOE desde hace más de 30 años? ¿O la realidad es más compleja?

Tras esta primera reflexión, quisiera que pudiéramos ver con perspectiva lo que lleva pasando desde hace años en Catalunya. Como Podemos ha puesto de moda en los últimos tiempos –copiado de manera burda por el PSOE de Pedro Sánchez- vivimos en un Estado plurinacional, es decir formado por varias naciones o nacionalidades –como reconoce incluso la constitución vigente-. Como afirman no pocos historiadores, “España” es un proyecto nacional que a diferencia de casos como el francés o el alemán, no supo o no pudo anular o integrar las diferencias nacionales en un único sujeto nacional, de ahí la supervivencia en el tiempo de cuestiones como la catalana, la vasca, la gallega o la andaluza, con todas sus diferencias. (Para profundizar en el concepto de nación)

Ni siquiera el franquismo con su persecución a la cultura, lengua y a la misma idea de autonomía catalana, pudo acabar con este sentimiento nacional. La Transición trajo esperanzas de un reconocimiento de la identidad nacional catalana, siendo hegemónico un “catalanismo popular” expresado por la izquierda –como el caso del PSUC-, protagonista de las luchas sociales y políticas contra la dictadura fascista. Sin embargo, los acuerdos desde arriba entre la oligarquía madrileña –garante del poder político- y la burguesía catalana –comandada por la derecha de Jordi Pujol- a finales de los 70 consiguieron arrinconar la fuerza de la izquierda en Catalunya y cualquier avance serio en el derecho a decidir y una transformación favorable a las personas trabajadoras. Eso no sólo fue perjudicial para las personas corrientes en Catalunya, sino que consolidó nuestro actual modelo de Estado centralista y neoliberal que no favorece a ningún pueblo del Estado.

La derecha catalana de Pujol –igual de corrupta y neoliberal que la española- fue uno de los pilares básicos que sostuvo al Régimen surgido de la Transición –tras el hara kiri del Partido Comunista-, apoyando tanto a los gobiernos turnistas del PP y del PSOE como a la jefatura del gobierno no democrática, la monarquía española. Sin embargo, tras perder a mediados de los 2000 el gobierno catalán en favor del Tripartito –formado por el PSC, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds)- la situación dió un giro inesperado.

El nuevo gobierno que sustituyó a la derecha de CiU, no se caracterizó por reformas radicales ni en el plano político ni nacional. Más allá de los ladridos de la caverna mediática, el gobierno no tuvo ningún problema en reprimir a los movimientos sociales, como el caso del movimiento estudiantil. Sin embargo, la propuesta de reforma estatutaria –rechazada por la izquierda alternativa e independentista por poco ambiciosa- aprobada en referéndum no pudo pasar la prueba del algodón del centralismo español. El Tribunal Constitucional, tras una campaña que incluyó la recogida de firmas por parte del PP por todo el Estado, hizo que el Estatut fuera prácticamente mutilado en 2010.

Este último hito acelerará la situación catalana al actual proceso de inestabilidad. Tras confiar en Zapatero, quién aseguró al pueblo catalán que se respetaría su voluntad, las limitaciones de la democracia española se harán de nuevo patentes. El movimiento nacional catalán se hará más hegemónico año tras año como demostraran no sólo las Diadas masivas –como la última de 2017- sino también con el ascenso de organizaciones ciudadanas pro independencia como la ANC (Asamblea Nacional Catalna) y Òmnium Cultural o de izquierda transformadora como las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) en el plano más político.

La celebración desde entonces de numerosas consultas sobre la relación de Catalunya con el Estado en numerosas localidades catalanas así como la consulta de noviembre de 2014, dan cuenta de la fuerza de un movimiento popular que ha arrastrado a la dirigencia política catalana –a diferencia de lo que dicen muchas voces, que hablan de un movimiento hegemonizado por la derecha nacionalista-, provocando crisis como la fractura de CiU entre autonomistas y favorables al derecho a decidir o la debacle del PSC, el homólogo del PSOE en Catalunya. Asimismo la patronal catalana se opone a cualquier salida democrática, al igual que su homóloga del resto del estado y lo que muestra el interés de la clase dominante de los distintos territorios en mantener el Régimen del 78.

Un referéndum ilegal
Mucho se ha escrito en los últimos días y a través de ello se da soporte a la acciones antidemocráticas del gobierno de Rajoy –como la detención de altos cargos de la Generalitat, el intento de asalto a la sede de la CUP o la prohibición en espacios públicos de debates sobre el derecho a decidir como en Madrid o Sevilla- sobre la ilegalidad del referéndum convocado para el 1 de octubre. Más allá de las interpretaciones que afirman que con la legalidad vigente es imposible una consulta de este tipo –otros expertos en Derecho afirman lo contrario – quisiera llevar el debate por otro camino.

Desde mi punto de vista el actual marco legislativo es muy poco favorable en la práctica a los intereses de la mayoría de la población del Estado. Aspectos progresistas recogidos en la Constitución como la garantía de una vivienda o un trabajo son negados a la ciudadanía. En este caso nadie habla de “golpe de estado” ni incumplimiento de la Carta Magna. Todas las constituciones del mundo garantizan sobre el papel el bienestar de las poblaciones, sin embargo en la práctica quién gobiernan son los intereses de los de arriba, de la clase capitalista.

Por eso mismo, y como se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, los derechos sociales y democráticos en la práctica se consiguen con el empoderamiento a través de la acción popular. La segregación racial era legal en los Estados Unidos democráticos de mediados del siglo XX o a las mujeres se les impedía votar hasta bien avanzada la historia de los sistemas democrático-liberales; estas situaciones se echaron abajo por la lucha social. Sin ir más lejos, cuando parábamos –mejor dicho, cuando paramos desahucios- o desobedecimos a la Junta Electoral Central cuando nos prohibió ocupar las plazas en 2011 durante la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales, estábamos haciendo efectivos nuestros derechos.
Cuando se usa la ley para hacer que los deseos y aspiraciones de una parte sustancial de la población sean anulados, estamos asistiendo a una pérdida de legitimidad. Y no se puede esperar a que mejores gestores la modifiquen, es legítimo que nuestros derechos los ejerzamos y bajo esa presión ese nuevo sentido común se imponga.

Catalunya versus Andalucía
El ataque al derecho a decidir en Catalunya está siendo usado como rédito político por el gobierno socio-liberal de Susana Díaz. Para ocultar la corrupción que ha venido ejerciendo su partido en el gobierno –todo un Régimen- y los recortes sociales ante los que hay contestaciones populares -como las manifestaciones contra el paro en Linares, Jaén o por una sanidad digna en Algeciras, por poner ejemplos recientes- se muestra como una adalid de la unidad nacional, presentado el legítimo derecho del pueblo catalán como un agravio contra Andalucía.

Hay que ser muy claro con estas burdas mentiras. La situación dramática que vivimos en Andalucía con unos índices brutales de paro, emigración, desigualdad, etc. no los ha causado el pueblo catalán. Su partido aquí, junto al PSOE o el PP en Madrid han apuntalado un régimen económico en el Estado en que Andalucía es una tierra subdesarrollada y desindustrializada que exporta mano de obra barata y materias primas. Que los catalanes puedan votar abre la posibilidad para que en Andalucía podamos decidir cómo queremos que sea nuestra economía. Si preferimos que los recursos que se destinan a la administración paralela del PSOE o a altos cargos se destinen a sanidad o educación o si no queremos seguir poniendo nuestra seguridad en riesgo por posibles ataques que pueda haber a las bases de Rota y Morón. ¿Por qué no decidir sobre todo y tener una democracia genuina y popular? Si el pueblo catalán es capaz de decidir masivamente sobre su propio futuro, el Régimen del 78 –es decir todo el entramado político, social y económico que no nos favorece a las personas corrientes, ya sean de Cádiz, Tarragona o Valladolid- se verá seriamente afectado y una salida progresista a este crisis podrá ser posible para que de una vez por todas aprovechemos toda la riqueza y oportunidades que en nuestra tierra están actualmente al servicio de una minoría.

Aquí Termino esta visión personal del conflicto catalán. Sólo animar al pueblo de Catalunya  a tomar partido, como diría Antonio Gramsci en su frase utilizada por la CUP como lema ¡Qué continúe el mambo!