Juanjo Álvarez y Javier Navascues | En las últimas semanas hemos sabido que la empresa Ecohispánica, que gestiona la planta de I+D de esterilización de residuos de Rivas municipio del este de Madrid, está participando en un proyecto que intenta poner en marcha una planta de similares características en Chile alimentando una incineradora, en la región de Lautaro. El proyecto completo lo promueve una empresa local chilena. La empresa privada española se apoya además en un convenio de colaboración con la empresa municipal Rivamadrid, para el desarrollo y comercialización de la planta, y podría hacer que la inversión en Chile acabara materializándose en aportaciones económicas para ambas empresas.

La polémica que se ha generado tiene muchos motivos: tanto Rivas Aire Limpio como Ecologistas en Acción y otras muchas organizaciones han denunciado desde hace años los efectos nocivos de la incineración como mecanismos de tratamiento de residuos, por las altas emisiones que se producen en la quema y por la producción de partículas que se quedan suspendidas en el aire y pueden tener graves consecuencias de salud pública. De acuerdo con Ecologistas en Acción, “Las incineradoras, además de generar cenizas tóxicas y otros residuos, emiten partículas muy pequeñas, capaces de desplazarse largas distancias y penetrar profundamente en el sistema respiratorio. Sus emisiones son susceptibles de provocar un incremento de la mortalidad causado por enfermedades cardiovasculares y cáncer” (http://www.ecologistasenaccion.org/article17819.html). Que éstas sean la tecnologías que se exportan debería ser una preocupación y una vergüenza para la actividad española en el países hermanos.

En segundo lugar, la operación implicaría la implantación de una industria enormemente agresiva con la población y con el entorno natural, con un alto impacto en espacios públicos sensibles – como escuelas y centros de salud que se encuentran a menos de 1.500 metros del lugar en el que se prevé instalar la incineradora – y una fuerte invasión del espacio común en una zona de población mayoritariamente mapuche. En el marco de los ataques que está sufriendo la población mapuche, el deterioro de los espacios vitales de la comunidades autóctonas de Chile y de toda América Latina y la lucha por la supervivencia de estas comunidades, la implantación de una industria como la incineradora sólo puede ser interpretada como un nuevo golpe a la delicada situación de los pueblos originarios.

Con todo, el factor más importante es, sin duda, la participación de una administración pública con la empresa privada. La relación de Ecohispánica con el Ayuntamiento de Rivas viene de lejos y está regulada por un convenio que da la mayor importancia a los aspectos de exportación de la tecnología, dado que desde 2013 el Ayuntamiento renunció a utilización e instalación de la planta de Ecohispánica en el municipio para las gestión de los residuos propios, debido al rechazo que provocaba en la población. Además, la colaboración del ayuntamiento ha sido muy importante en el desarrollo del sistema de esterilización de la empresa privada, y la aportación mutua de recursos ha ido mucho más allá de lo que debería ser lícito en la gestión de lo común. Es evidente que un municipalismo sano debería empezar por librarse de iniciativas como estás, propias del modelo neoliberal, y optar por modelos en las que lo público prevalezca y la orientación ecológica sea central. A día de hoy, el convenio que une al ayuntamiento de Rivas con la empresa Ecohispánica debería rescindirse y todos los vínculos de dependencia de la empresa pública, desaparecer.

En la operación de puesta en marcha de una nueva planta en Chile se evidencia el verdadero carácter de la colaboración entre administraciones y empresas bajo el modelo neoliberal: una sumisión del interés colectivo a la generación de beneficio privado. Tanto que, por la operación chilena, se podría llegar al absurdo de que una administración española reciba, a través de la relación con una empresa privada, beneficios por la instalación de una industria dañina, contaminante y contraria a la forma de vida de las comunidades originarias. Los precedentes son funestos: a estas alturas, a nadie se le escapa el terrible impacto que tuvo la implantación de la banca española o las empresas de gestión de aguas en toda América Latina. Que el sector privado abra una nueva vía de extracción de recursos siempre es una mala noticia, que lo haga con colaboración pública, aún peor.

Las buenas noticias vienen por dos vías, la importante resistencia de las poblaciones chilenas de la zona, que ya han logrado retrasar el proyecto por dos veces y que la presión en Rivas hace que el gobierno municipal (de coalición IU-Podemos) se esté replanteando la colaboración con la empresa privada, incluida una consulta a la población de Rivas Vaciamadrid.