Júlia Martí | Del 23 al 27 de octubre, en la sede de la ONU en Ginebra, tuvo lugar la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de negociar la creación de un tratado para controlar a las empresas transnacionales. Es decir, la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos y que ponga fin a la impunidad con la que actúan. Este grupo de trabajo se creó en 2014 gracias a la iniciativa de Ecuador y Sudáfrica que volvió a poner sobre la mesa una demanda histórica de las organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, por la creación de mecanismos efectivos de control de las empresas transnacionales.

La aprobación de la iniciativa de Ecuador fue un hecho histórico ya que permitió recuperar un debate cerrado en falso el año 2011 con la aprobación de los Principios Rectores por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En base a estos principios se impuso la lógica de la voluntariedad y la autorregulación, como alternativa a los diferentes intentos fallidos de poner en marcha unos códigos vinculantes, que obligaran a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Sin embargo, las últimas décadas de expansión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) han demostrado como, lejos de evitar las violaciones de derechos humanos por parte de transnacionales, este marco normativo solo ha servido para lavar la imagen de estas empresas y hacer de freno de una mayor regulación. Además, las vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales no han dejado de producirse y la indefensión de las víctimas se ha seguido ampliando.

En este contexto, la creación de un instrumento internacional vinculante, podría servir para limitar la asimetría de poder entre unas empresas que, por su carácter global y su enorme poder, son capaces de evadir la justicia y moldear las regulaciones. Así como para invertir la asimetría jurídica entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que no tiene mecanismos suficientes para hacerse efectivo; y el derecho corporativo global (basado en tratados de libre comercio e inversión, las organizaciones económicas internacionales y los tribunales de arbitraje) que garantiza la seguridad jurídica de las empresas transnacionales profundizando su poder y facilitando su impunidad.

Pero, a pesar de ser una demanda urgente de las comunidades afectadas, que se encuentran sin mecanismos efectivos para acceder a la justicia y para frenar las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales, las negociaciones del Tratado Vinculante se han encontrado con la oposición frontal de varios Estados. Así vimos como Estados Unidos, que no había participado en todo el proceso, apareció en esta tercera sesión para intentar boicotear el debate poniendo en duda el mandato aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y el trabajo realizado por la presidencia del grupo, que está en manos de Ecuador. Un intento de bloqueo al que se sumó la Unión Europea, quién desde el inicio del proceso ha intentado paralizarlo con la excusa de que los Principios Rectores, basados en la voluntariedad y la autorregulación, ya son suficientes.

De esta forma, queda clara la complicidad de los gobiernos de estos Estados con los intereses corporativos, que quieren frenar de cualquier forma la creación de un mecanismo efectivo de control de las transnacionales. En este sentido, el resultado final de la semana de negociaciones, con la prolongación del mandato del grupo de trabajo y con la ratificación de la presidencia ejercida por Ecuador, es agridulce. En primer lugar, hay que reconocer el éxito que supone haber conseguido superar los intentos de bloqueo y poder cerrar la semana con el compromiso de seguir con las negociaciones.

Especialmente teniendo en cuenta la captura corporativa que sufren las Naciones Unidas desde hace décadas, con una influencia enorme de las grandes empresas y sus lobbies. Aunque en este caso la influencia corporativa pudo ser en cierta forma contrarrestada por una fuerte movilización de las organizaciones sociales. Como afirmó Lynne Davis de La Vía Campesina, “La presión política de los movimientos sociales, las ONG y las comunidades afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por transnacionales fue fundamental para superar las tácticas utilizadas por varias partes para obstruir el proceso, en especial la UE”.

Pero, a pesar de este éxito, el camino sigue siendo incierto y el proceso se sigue alargando. En este contexto debemos alegrarnos de que el debate sobre la necesidad de mecanismos vinculantes vuelva a tomar fuerza pero no podemos confiar exclusivamente en las negociaciones dentro de Naciones Unidas. Por ello, desde varias organizaciones del Estado Español se está planteando la necesidad de apostar por procesos paralelos. Uno de ellos es el de mantener el compromiso con la solidaridad internacional y la denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas con su sede aquí, así como seguir denunciando el papel cómplice del gobierno español con estas empresas, especialmente ahora que España entra a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pero, al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de trabajar a nivel Estatal o autonómico en la elaboración de leyes que asuman la necesidad de controlar las actividades de las empresas transnacionales en toda su cadena de suministro, siguiendo la estela de la Ley francesa que, por primera vez, plantea la posibilidad de exigir a las empresas mayor responsabilidad por las condiciones de trabajo y los riesgos ambientales en sus cadenas de suministro globales.