Júlia Martí | La 23ª Cumbre del clima se celebró en Bonn del 6 al 17 de noviembre, presidida por Fiji, uno de los países más vulnerables al cambio climático. A pesar de la enorme urgencia de un acuerdo que tome en serio el reto climático y la necesidad de poner en marcha medidas significativas, se siguen posponiendo los compromisos reales y se opta por declaraciones no vinculantes. Viendo cual es el funcionamiento de estas cumbres, las expectativas no eran altas. Varias organizaciones y miembros de la comunidad científica advirtieron antes de iniciar los debates del riesgo de seguir posponiendo la asunción de compromisos, debido a que el margen de tiempo para frenar el aumento de la temperatura por encima de 1,5 grados se acaba.

Ecologistas en Acción denunciaba, además, que los Estados llegaban con los deberes sin hacer a las reuniones, debido a que no existían textos de consenso previo, y advertía de que cada año perdido en la lucha climática supone agravar los fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes, la sequía o las lluvias torrenciales. La comunidad científica hacía también un llamado de atención, con un manifiesto firmado por 15 364 científicos de 184 países, en el que planteaban que “pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo”.

Además, decenas de organizaciones internacionales de la sociedad civil publicaron un informe reclamando compromisos de mitigación y planteando que se está muy lejos de limitar la temperatura global por debajo de 2ºC antes del fin de este siglo. Especialmente porque los compromisos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa. La cumbre también estuvo marcada por las movilizaciones, siendo significativa la ocupación por parte de miles de personas de una mina de carbón a cielo abierto en Hambach (oeste de Alemania), que sirvió para denunciar las políticas medioambientales alemanas así como para presionar a los gobiernos y contrarrestar y denunciar la presencia corporativa en las negociaciones.

Por su parte, la mayoría de Estados asistentes plantearon grandes discursos, especialmente distanciándose de la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París. La realidad es que no ha habido una voluntad real de hacer avanzar los acuerdos. En este sentido, uno de los principales resultados de esta COP23 es la propuesta llamada “Diálogo de Talanoa”, que consiste en un nuevo proceso de debate que debe culminar en 2018 en el que se pretende avanzar en los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero para el 2020.

Por tanto, ante la incapacidad de debatir sobre los temas más controvertidos – como el seguimiento y aplicación de los compromisos asumidos por cada Estado, así como los compromisos en la financiación y transferencia de tecnología – se siguen postergando estas decisiones. Otro elemento preocupante en las Cumbres del clima es el proceso de captura corporativa. Ejemplo de ello ha sido el papel de Iberdrola, que ha sido una de las empresas patrocinadoras de la Cumbre, a pesar de sus inversiones en energías fósiles. Además, Iberdrola aprovechó la cumbre para anunciar el cierre de sus centrales de carbón, en un ejemplo claro de lavado verde que esconde la importancia de sus plantas de gas, así como nucleares.

Los resultados de la Cumbre dejan clara la necesidad de seguir presionando hacia la asunción de compromisos más ambiciosos. Especialmente teniendo en cuenta la necesidad de ir más allá del Acuerdo de París. Un acuerdo que, desde su aprobación hace dos años, fue criticado por las organizaciones ecologistas y los países más vulnerables, por marcar un límite de incremento de la temperatura global en 2 grados insuficiente para frenar un cambio climático cuyas consecuencias ya se están sufriendo con fuerza. Además, nos toca seguir denunciando la falta de compromisos del gobierno español, que ha tenido un perfil bajo en la cumbre, marcado por los intereses de las grandes empresas energéticas españolas.

En este sentido, algunas de las medidas urgentes serían, en primer lugar, implementar mecanismos de seguimiento efectivos para hacer cumplir los objetivos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los Estados; así como incrementar los esfuerzos sobre la financiación y la transferencia de capacidades y tecnologías hacia los países más vulnerables. 
Además de esto, hay que acelerar la eliminación de las plantas de generación de energía con carbón, y otros combustibles fósiles, sumado a la maximización del ahorro y la eficiencia en todos los procesos y ámbitos.

Procesos que solo se podrán llevar a cabo a través de transiciones energéticas que nos permitan democratizar y descentralizar los sistemas energéticos, y que forman parte de un proceso más amplio de transformación del modelo productivo, para abandonar el actual sistema productivista, extractivista y consumista. Un proceso en el que es importante seguir visibilizando las demandas de las poblaciones más afectadas por el cambio climático, así como reconocer las graves consecuencias que ya está generando, con un grave crecimiento de las refugiadas y refugiados climáticos como víctimas silenciosas del calentamiento global.