Lorena Cabrerizo | De nuevo asistimos perplejos a otro golpe contra la democracia en Honduras. Ocho años después del que ya se perpetrara contra Manuel Zelaya en 2009 -muy bien documentado en “Quién dijo Miedo” [1]-, y cuyo origen fue el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez el gobierno está literalmente usurpando la voluntad del pueblo en los comicios celebrados el pasado domingo 26 de noviembre. Un fraude electoral fraguado por el actual Presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, para impedir unos resultados que daban como potencial ganador al candidato de la oposición Salvador Nasralla de Alianza contra la Dictadura [2].

A lo largo de estos años, el número de violaciones de derechos en el país centroamericano no deja de crecer y de expandirse entre los colectivos sociales que resisten y luchan contra un gobierno que les niega la democracia. Asesinatos, desapariciones, encarcelaciones y amenazas constantes que sufren defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, e incluso niños y niñas [3], y que están siendo objeto de denuncia internacional como en el caso de Bertha Cáceres. Atentados que se suman a una acción gubernamental caracterizada por una creciente militarización, la reducción de los espacios de participación de sociedad civil, la ausencia de diálogos reales, la falta de eficacia y efectividad de las instituciones estatales, la implementación de leyes y decretos que restringen derechos humanos, el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder y una mayor desprotección de sectores de la población históricamente vulnerabilizados.

Una violencia estrechamente vinculada con una razón neoliberal que incluso está acelerando el declive de las democracias liberales. Una razón, podríamos decir “ademocrática”, que utiliza países como Honduras a modo de laboratorios para probar experimentos políticos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Enmarcadas en un proyecto que persigue construir “Ciudades Modelo”, estas zonas se establecieron bajo mandato constitucional principalmente en el noroeste del país, con fuerte concentración de población indígena (garífunas). Zonas que no son sino pequeños estados dentro del Estado hondureño en donde los capitales extranjeros tienen plena libertad para establecer su orden político y normativo. Tal y como figura en la información institucional, “las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y normativa, creadas con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables” [4].

En junio de 2015, dos think tank de corte ultraderechista de Estados Unidos, organizaron una conferencia específica sobre las ZEDE que titularon, de forma muy gráfica, “Interrumpiendo la Democracia: variedad en la gobernanza para los hondureños”, un título que provocó la reacción del gobierno hondureño. En una nota oficial [5] se desmarcaron inicialmente de esta iniciativa, negando que el mandato de las ZEDE correspondiera con la creación de “mercados de gobierno competitivo o la experimentación con nuevos sistemas de gobierno”. Un episodio que tenía lugar en una coyuntura marcada por “disturbios civiles provocados por la rampante corrupción del partido de gobierno, el que saqueó la seguridad social y permitió el colapso del Instituto de la Propiedad, además del colapso de otras instituciones gubernamentales”, tal y como denunció en su momento la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH [6]. Finalmente, la conferencia cambió de nombre y el gobierno hondureño estuvo presente.

Con el desarrollo de este nuevo modelo de gobernanza, que relaciona represión, inseguridad, desigualdad y venta a pedacitos del territorio nacional, entre otros elementos, Honduras representa un claro ejemplo de cómo la competencia se ha hecho norma de la construcción del Estado y de su acción. La aplicación de esta norma es lo que explica los sucesivos golpes de estado perpetrados por unas elites empresariales necesitadas de regímenes autocráticos que pongan el país al servicio del capitalismo y sus corporaciones multinacionales. Como señalan Laval y Dardot en su ensayo La Nueva Razón del Mundo, esta competencia como norma del Estado-empresa es una condición previa para hacer de la competencia norma de la conducta del sujeto-empresa, extendiendo la racionalidad mercantil a todas las esferas de la existencia humana. Esperemos que la rebelión del pueblo hondureño ante este nuevo golpe de estado sea el inicio de una revolución que luche contra esta razón y que no reconozca otra que la suya propia.

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=K0BR_fcLfic
[2] http://www.anticapitalistas.org/comunicados/
[3] Tal y como apunta Casa Alianza, “en el transcurso del actual gobierno se han registrado en los medios de comunicación 1,631 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país, lo que representa un promedio de 82 muertes al mes, cifras que han rebasado todos los porcentajes mensuales de asesinatos de niños y niñas en los últimos 16 años”.
http://www.casaalianza.org.hn/images/documentos/Comunicados/CAH.2015/Comunicados.2015/05.%20casa%20alianza_comunicado%20asesinato%20de%20la%20niez%20en%20honduras.pdf
[4] http://www.secretariaconsejodeministros.gob.hn/zede
[5] https://web.archive.org/web/20150611050030/http://zede.gob.hn/?page_id=420
[6] https://ofraneh.wordpress.com/2015/06/16/honduras-ciudades-modelo-zede-aparentemente-se-desvinculan-de-los-libertarios-de-ultraderecha-estadounidenses/