Oscar Blanco | La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética señalaron ayer a las grandes compañias energéticas y de suministros para responsabilizarlas de los cortes de agua, luz y gas que afectan a miles de hogares cada año. Se trata de una acción enmarcada en la defensa de la Ley Vivienda PAH, un proyecto de ley que ya han presentado a los grupos parlamentarios y que defiende cinco propuestas: 1. Dación en pago retroactiva, 2. Alquiler asequible y estable, 3. Stop desahucios, 4.Vivienda social y 5.Suministros garantizados. La acción de ayer fue coordinada entre PAHs de todo el Estado y ponía el acento en el acceso a los suministros y la energía como derecho tal como explicaron en la lectura del manifiesto:

En Barcelona se ocupó la sede de Endesa conjuntamente con la Alianza contra la Pobreza Energética. Allí algunas personas que han sufrido cortes explicaron su experiencia. Como José Luis que consiguió gracias a su lucha contra la APE un contrato nuevo en octubre de 2016 después de haberse quedado sin suministros al acumular deudas. También se recordó los conflictos sindicales de la plantilla de Endesa con los que la APE se ha solidarizado porque la suya “es una lucha de los trabajadores y no entre usuarios y empleados de las suministradoras” y se apuntó a como la telegestión pese a permitir mejoras en la planificación energética puede suponer destrucción de puestos de trabajo. “Cada vez ganan más y encima con menos personas para repartir”, concluía uno de los activistas frente a la sede.