Manuel Alonso Vasconcellos | In extremis, en el último minuto del partido, a dos días de que finalice 2017, el presidente del Gobierno consigue inaugurar la ampliación del puente de Rande, aunque las obras en el trazado de la AP-9, la autopista que vertebra la fachada atlántica gallega, aún no han finalizado. El motivo del acto de puesta de largo de la ampliación del viaducto que permite salvar la ría de Vigo está directamente relacionado con la necesidad de la concesionaria de la autopista, Audasa, controlada por Sacyr Vallehermoso a través de su filial Itínere, de tener el puente listo antes de acabar el año para poder incrementar los peajes ya en 2018. De lo contrario, tendría que haber esperado hasta 2019.

El puente de Rande soporta un tráfico diario de más de 70 000 vehículos y su ampliación, que consiste en añadir un tablero a cada lado de su estructura, se inició en 2015, ha supuesto un coste de más de 120 millones de euros y permitirá un incremento del tráfico de vehículos hasta los 90 000 diarios. Audasa, la empresa encargada de la gestión de la autopista desde 1981, fue privatizada por el gobierno de Aznar en 2003 y tiene una concesión que se prolonga hasta el año 2048, a pesar de que la infraestructura está ya más que amortizada. Por este motivo se reclama no solo la transferencia de la titularidad de la AP-9 desde Fomento a la Xunta, sino dar un paso más y revertir la concesión para que la autopista vuelva a ser pública y se puedan eliminar los peajes. Hay que tener en cuenta que no existe una alternativa viable para el tráfico rodado entre A Coruña, Vigo y el norte de Portugal, por lo que los peajes no solo suponen un coste enorme para los viajeros particulares, sino también una traba importante para el transporte de mercancías. El coste del rescate de la autopista fue estimado por Fomento en cuatro mil millones, aunque su enajenación en 2003 reportó cuatro veces menos dinero. Además, es oportuno traer a colación la facilidad con la que el gobierno de Rajoy compensó a las quebradas radiales madrileñas con montantes superiores. Si el gobierno puede afrontar el gasto sobre una autopistas sobre las que no circulan vehículos, pero no sobre la principal arteria de comunicación terrestre gallega, se puede asumir que la decisión de seguir manteniendo los abusivos peajes sobre la AP-9 responde únicamente a motivos políticos, en ningún caso económicos, y orientados al beneficio de Sacyr y la familia Carceller.

Los peajes sobre una autopista ya amortizada, pactados con la concesionaria por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, se incrementarán en un 4 % este año, pero lo seguirán haciendo en 2019 y 2020. Esta subida en 2018 no habría sido posible sin la inauguración de las obra en el penúltimo día del año. Para lograrlo, Sacyr ha estado presionando a las contratas que realizan las obras para incrementar el ritmo, lo que se tradujo en un aumento a tres turnos para avanzar también durante la noche con el consiguiente repunte de la siniestralidad que tuvo como fatal desenlace la muerte de un trabajador.

El aumento de los peajes que va a permitir la inauguración de esta obra inacabada sitúa de nuevo en primera línea del debate público el modelo de gestión y la necesidad de recuperación de la principal vía de comunicación gallega.