Víctor de la Fuente | En estos días donde el consumismo alcanza su máximo esplendor y los vagones son abarrotados por las compras navideñas. Las trabajadoras y trabajadores de seguridad privada del Metro de Madrid siguen luchando por algo tan sencillo como que les paguen su sueldo.

Ya son más de dos meses los que los trabajadores de seguridad del Metro de Madrid llevan sin cobrar sus nóminas. Esta situación les ha llevado a convocar una huelga indefinida para reclamar a la empresa Seguridad Integral Canarias (SIC) los salarios que les corresponden. Empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas e imputado y condenado a prisión por varios casos. Pongámonos en situación y echemos un vistazo al historial de este empresario. Fue condenado a tres años de prisión por un delito medio ambiental y posteriormente indultado por el gobierno del Partido Popular presidido por M. Rajoy. Además de ser imputado por un delito de fraude fiscal multimillonario a Hacienda y la Seguridad Social por cantidades que ascenderían a 21 millones de euros, según un informe de la Inspección de Trabajo. Y como guinda al pastel Miguel Ángel Ramírez apareció en los papeles que registraban las donaciones de la ya famosa “Caja B” del Partido Popular, por cantidades que ascendían a los 150.000€ en los años 2010 y 2011.

SIC es una de las tres empresas contratadas por la Comunidad de Madrid para gestionar la seguridad del servicio de metro de la ciudad. Servicio de transportes públicos gestionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid e integrado por la empresa pública Metro de Madrid S.A. responsable directa de la gestión de la red del suburbano de la ciudad.

Esta no es la primera de las huelgas que ponen en marcha l@s trabajador@s de la empresa Seguridad Integral Canarias en el metro de Madrid, ya en Mayo del pasado año celebraron otra huelga que cual tuvo un seguimiento del 90%. Protesta que se trasladó el pasado 1 de Diciembre frente a la Asamblea de Madrid donde l@s trabajdor@s reclamaron el papel de la Comunidad de Madrid como parte contratante de los servicios. Pues Metro Madrid no se ha presentado a las reuniones que se han celebrado entre ambas partes y no ha puesto en marcha las sanciones que ya avisó que impondría si la empresa no respetaba los derechos de la plantilla.

La situación ha trascendido más allá del conflicto sindical, la diputada Isabel Serra de Podemos Comunidad de Madrid, introdujo el debate en el pleno de la Comunidad. Preguntado y reclamando a la consejera del gobierno del Partido Popular que éstos no hayan ayudado a l@s trabajdor@s actuando por tanto en apoyo de la empresa privada. Ya en Marzo de 2016 explicó desde la tribuna del pleno la precaria situación de l@s trabajador@s de seguridad privada: sueldos de 700€ y precariedad.

Era el caso de la empresa Mar Segur, la cual consiguió ser la mayor adjudicataria de contratos de seguridad privada de la comunidad. Su clave, reducción de salarios e incumplimiento del convenio que rige el sector, reducción o eliminación de los pluses que establece el puesto, como peligrosidad o nocturnidad. Casualidades, esta empresa también pertenece al ya mencionado previamente Miguel Ángel Ramírez. En este pleno ya aparecía la empresa SIC (Seguridad Integral Canaria), la cual había sido denunciada por obligar a sus trabajador@s a realizar horas extra a cambio de dietas para no cotizar a la Seguridad Social y casi dos años después sigue gestionando este servicio público y arrastrando a trabajadores como Daniel a una huelga de hambre que se ha alargado durante más de 16 días.

Finalmente Miguel Ángel Ramírez ha conseguido hacerse prácticamente con el total del monopolio de la seguridad privada de la comunidad: urgencias del SUMA, sede de empleo, de cultura, residencias infantiles, etc. A través de concursos públicos en los cuales el Partido Popular siempre establecía unos límites de gasto a las empresas que se presentaban tan bajo que eran imposibles de cumplir asumiendo el convenio laboral, lo cual obliga a las empresas que cumplen dicho convenio a quedarse fuera sistemáticamente del concurso.

José Antonio, uno de los portavoces de la asociación Marea Negra en defensa de l@s trabajador@s de la seguridad privada, asegura en declaraciones a Poder Popular: “La connivencia entre los empresarios y la administración pública no es ninguna novedad. Ya con la reforma laboral de 2012 y la Ley de Contrataciones, se firmaban contrataciones de empresas por parte de la administración sin atender a los servicios que se iban van a prestar. Todo ello ha permitido a estos empresarios ganar increíbles cantidades de beneficios, como por ejemplo las empresas Securitas y Prosegur, las cuales aumentan su cotización en bolsa constantemente mientras rebajan el salario a los trabajadores hasta que es insostenible con la vida.” Desde Marea Negra señalan otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las plantillas de trabajador@s frente a la patronal. “Es indignante el papel de los sindicatos mayoritarios como CCOO, UGT y USO principalmente. Sientan a gente a negociar que nada tiene que ver con el sector y reuniones a espaldas de los trabajadores.” Desde Marea Negra confían en conseguir aglutinar al total de las plantillas, trabajadores y trabajadoras del sector, que ya cuenta con cerca de 300.000 personas, para poder alcanzar sus reivindicaciones.