Emilio Santos | En las últimas décadas ha habido una constante en el estado Mexicano, la vulneración de la soberanía popular por parte de la oligarquía, priorizando sus intereses y los de sus aliados internacionales. Esta vez no se trata de un tratado comercial o un pucherazo en favor del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Estamos hablando de una ley que puede elevar el grado de represión ciudadana por medio de la intervención militar directa. la Ley de Seguridad Interior. Ratificada, con alguna modificación, por el Senado el pasado 15 de diciembre.

Antes de señalar las principales carencias de esta ley debemos entender el caldo de cultivo en el que se desarrolla su aprobación. Un año después de que se cumpliera una década de la guerra contra el narcotráfico y en medio de la confusión que generó el terremoto de grado 7,1 que hace sólo unos meses asoló la capital, así como algunas localidades circundantes. Con ella, se da a luz una herramienta jurídica de larga gestación que, se dice, salvaguardará la estabilidad del Estado Mexicano. Pero la realidad es otra, puesto que esta nueva ley vulnera los derechos humanos, como señaló la ONU, ya que propiciaría la brutalidad militar con un mayor número de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

La presión internacional y de algunos sectores de la sociedad civil, forzó al senado a realizar una serie de modificaciones de última hora. Con tan sólo nueve modificaciones, de las cuales, cuatro, son de redacción y cinco de carácter integral. Entre éstas las modificaciones más relevante son, por una parte, la adición de un artículo que elimina las manifestaciones con motivo político-electoral por ser “amenazas a la Seguridad Interior”, conjuntamente con un añadido que elimina el carácter anticonstitucional de la ley al dotar a cuerpos militares de funciones civiles.

Estas modificaciones, son a todos los efectos un lavado de cara para tratar de ganarse a la opinión pública. En la ley sigue habiendo ciertas irregularidades, tales como el hecho de dejar únicamente en manos del gobierno la decisión de intervención militar en los estados. La ley, tiene que ser aprobada por la Corte Suprema de Justicia para su ejecución. Pero todos los miembros de la Corte Suprema, fueron propuestos por Calderón o Peña Nieto, líderes de los principales partidos en aprobar la ley.

Este año se cumplen 24 años de la aprobación del NAFTA (North American Free Trade Agreement), así como del levantamiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberalación Nacional) en respuesta a éste y posteriormente derrotado por el ejército Mexicano. Desde entonces el neoliberalismo no ha dejado de asolar a México, especialmente en los últimos años. Vemos así cómo se produce la destrucción de su tejido productivo y social. Esta última medida, la ley de seguridad interior, no es más que una forma de mantener control por parte del gobierno ante la resistencia al expolio que se está produciendo sobre todo tipo de comunidades, especialmente las indígenas. Cuando un Estado formalmente democrático muestra un alto grado de represión desvela su naturaleza más primitiva, donde la coacción substituye al consenso, por lo que el antagonismo popular aparece como algo necesario.