Patricia Grela | El TSXG acaba de aprobar una sentencia que condena a la empresa CLECE a contratar un mínimo de 25 horas semanales a sus trabajadoras, tal y como marca el convenio colectivo para las profesionales de ayuda a domicilio.

El sector del SAD se caracteriza por unos bajos salarios, una gran carga de trabajo, la insalubridad y la inestabilidad laboral. Prácticamente ninguna empresa del sector cumple con la legalidad establecida convirtiéndose así en uno de los más precarizados.

Muchas empresas prescinden de realizar contratos, pagando en negro por horas, sin ningún tipo de garantía ni seguridad. En otros casos, son las propias trabajadoras las que optan por darse de alta como autónomas y facturar sus servicios a modo de subcontrata para poder contar con un seguro en caso de enfermedad o accidente laboral.

Tengamos en cuenta que las tareas que realizan exigen un gran esfuerzo físico y emocional, sin ningún tipo de atención a la prevención de riesgos laborales porque en los domicilios no se cuenta con la tecnología adecuada para desarrollar el trabajo de un modo seguro. Los problemas en la espalda y en las articulaciones por los pesos que se levantan, la posibilidad de agresiones de pacientes psiquiátricos y el estrés fruto de la acumulación de turnos, de los múltiples desplazamientos entre domicilios con horarios muy ajustados y la necesidad de estar siempre disponibles ante una posible urgencia o la derivación de nuevos usuarios son habituales en este sector.

El trabajo de ayuda a domicilio no está ni mucho menos regulado, llegando a implicar desde el aseo personal, la limpieza del hogar o la cocina hasta realizar tareas que sobrepasan sus funciones y, en muchas ocasiones, la propia formación, como en la administración de medicamentos.

Cuando se abaratan los servicios y se provoca una situación laboral insostenible los afectados acaban siendo los usuarios.

Mientras en el papel, que todo lo aguanta, se apuesta por una intervención domiciliaria para garantizar que las personas puedan residir el mayor tiempo posible en su entorno (Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), los encargados de garantizar este derecho no realizan la inversión necesaria. Esta situación provoca que las personas dependientes se vean forzadas a abandonar sus domicilios, a acudir a servicios privados o, si no cuentan con los recursos económicos suficientes, esperar en su casa sin recibir los cuidados adecuados (con mucha suerte, su ayuntamiento le concederá el apoyo durante algunas horas al día de una auxiliar proveniente de estas empresas).

No podemos olvidar que muchas de las empresas que incumplen sistemáticamente los derechos de las trabajadoras tienen conciertos públicos o prestan servicios a través de los cheques asistenciales. Estas no solo son consentidoras de esta situación, sino que lo provocan con unos pliegos cada vez más centrados en el ahorro económico sin preocuparse por un instante por los convenios laborales. Encontrar el equilibrio entre la reducción de la deuda de los ayuntamientos y la creación de empleo de calidad es un debate pendiente que no acaba de solventar la nueva ley de contrataciones públicas.

La situación actual de los servicios sociales se ve claramente reflejada en los servicios de ayuda a domicilio que sufren como ningún otro la eterna lucha entre la aspiración de convertirnos en un Estado de bienestar consolidado con una legislación que garantice derechos sociales a toda la ciudadanía, y el incesante avance del neoliberalismo que ve en las necesidades de las personas oportunidades de negocio.

Esta ambigüedad se traduce en una privatización constante de los servicios públicos. Las grandes empresas deciden empezar a invertir en servicios de ayuda a domicilio y residencias geriátricas porque ven en una sociedad cada vez envejecida un negocio asegurado.

La economía feminista y las políticas de cuidados tienen mucho que decir en esto. Nadie puede negar la evidencia de que la feminización de las tareas reproductivas y de cuidados está íntimamente ligadas con la división sexual del trabajo y de que las mujeres salen perdiendo.

Las tareas de cuidados en el terreno familiar encomendadas a las mujeres vienen acompañadas de un sistema de servicios sociales basado en la responsabilidad de la familia de proporcionar la cobertura de necesidades básicas de sus miembros. Sistema que entra en quiebra por la reducción del tamaño de las familias, la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar y su consecuente liberación del mismo, la falta de corresponsabilidad familiar y las nulas políticas de conciliación.

Las mujeres se ven obligadas a llevar el peso de los cuidados de la familia, pero también fuera. Los sectores relacionados, desde el trabajo en escuelas infantiles y ludotecas hasta la limpieza de hogares o los servicios de ayuda a domicilio están mayoritariamente copados por mujeres, al mismo tiempo que son sumamente precarios, cuando deberían ser centrales en una sociedad de bienestar.

Las tareas pendientes no son pocas ni simples, tenemos que repensar todo un modelo de estado centrado en los servicios a las personas, unos servicios sociales en el sentido más extenso del término.

Una sociedad basada en la igualdad y en el respeto a las clases trabajadoras, en una atención integral a las personas y en los derechos sociales y humanos pasa por trabajar para mejorar la gestión de los servicios sin precarizar los empleos y procurando aumentar los derechos conquistados. No es una tarea sencilla, pero debemos caminar hacia delante sin perder la perspectiva de los ideales que nos trajeron hasta aquí.

Patricia Grela es militante de Anticapitalistas Galiza.

 

Os servizos de axuda a domicilio. A realidade precaria das nosas coidadoras (galego)