Luis Fernández | La matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por pistoleros de extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y Falange en el centro de Madrid. Hace 41 años, en la noche del 24 de enero de 1977, en el marco de la violencia fascista contra militantes de izquierda que se desató tras la muerte de Franco, en el inicio de la Transición cinco abogados laboralistas fueron asesinados y otros cuatro gravemente heridos. En días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con la izquierda política, una a manos de la Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia, durante una manifestación en protesta por la muerte de la primera. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que desestabilizase aún más la transición política.

El régimen agonizaba. Y lo sabía. Franco había muerto en noviembre de 1975 convencido de que todo quedaba “atado y bien atado”, pero el contexto histórico hacía cada vez más inviable que los Principios Fundamentales del Régimen, los “valores del 18 de julio”, jurados en 1968 por Juan Carlos, pudieran seguir vigentes: España tenía ante sí el reto de ser como sus vecinos o ser el búnker nacionalcatólico de Europa Occidental. Y había algunos que seguían defendiendo que España fuera el búnker nacionalcatólico de Europa Occidental. Franco firmó sus últimas sentencias de muerte semanas antes de morir, en septiembre de 1975.

En marzo de 1976 se produjeron los sucesos de Vitoria con cinco huelguistas muertos y otros 150 heridos de bala; en mayo de 1976, los sucesos de Montejurra, con dos carlistas muertos. Y la matanza de Atocha fue un símbolo de cómo un régimen mataba en su agonía, de cómo el búnker, los ultras, quienes se aferraban a los jirones de un franquismo que no iba a perdurar seguían apropiándose del concepto de España: la una, la grande, la libre, la rojigualda, la católica; frente a la roja, la plurinacional, la tricolor, la laica.

Hasta tal punto se ha convertido en un símbolo, que es uno de los pocos crímenes cometidos por la ultraderecha entre 1939 y 1978 que ha tenido un juicio y un reconocimiento. En definitiva: tres pistoleros (José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada) irrumpen en un despacho de abogados laboralistas un lunes por la noche –entre las 22.30 y las 22.45– para emprenderla a tiros con quienes allí se encuentran. ¿Por qué? Porque eran comunistas y de Comisiones Obreras.

Las Comisiones Obreras surgieron en 1962 aprovechando los resquicios de la ley sindical para ser un agente en la negociación colectiva. Así pasó con Joaquín Navarro y el Transporte –que fue elegido como representante de los trabajadores ante el espanto de la dirección del sindicato vertical del transporte–; quien celebraba asambleas precisamente en el despacho de Atocha, 55 para convocar huelgas; cuya presencia estaba prevista ese 24 de enero de 1977: corrió el bulo de que era uno de los objetivos de los asesinos, pero no está demostrado a día de hoy.

Las víctimas fueron Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira. Y los heridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos, estos tres últimos ya fallecidos.

“Yo me libré porque había cambiado el lugar de una reunión”, recordaba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la presentación del libro de Jorge M. Reverte La Matanza de Atocha. La alcaldesa apuntaba un detalle muy propio de aquellos días de tensión: “Hubo un colectivo de obreras y obreros que nos protegieron después de los asesinatos, una cadena que llegaba desde la puerta de la calle hasta el despacho”.

La manifestación de repulsa el día siguiente, a la que asistimos más de 100.000 personas, precipitó la legalización del PCE el 9 de Abril de ese mismo año. Los asesinos, creyéndose amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, para que se confiase en la transición democrática.

Si la extrema derecha intentaba buscar una reacción violenta del PCE, se encontró con un funeral silencioso; si los pistoleros esperaban encontrar impunidad, se encontraron con un arresto y una condena… Salvo para uno, Lerdo de Tejada, que aprovechó un generoso permiso penitenciario en abril de 1979, para darse a la fuga, y fugado sigue.

En pocos días, la policía detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores de la matanza. Y también a Francisco Albadalejo Corredera –secretario provincial del sindicato vertical del Transporte– como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por facilitar las armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice.

Pero el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá y concedió el polémico permiso penitenciario a Lerdo de Tejada antes del juicio, que aprovechó para escaparse. Simón Ramón Fernández Palacios, quien falleció en enero de 1979, tampoco fue juzgado.

Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, fueron condenados a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); cuatro años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985), y a Gloria Herguedas, a un año.

García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes unos 10 años de prisión. Fernández Cerrá, por su parte, fue puesto en libertad tras 15 años en la cárcel.

Años después, en 1990, el Gobierno italiano de Giulio Andreotti reveló que había informes que vinculaban a la organización neofascista italiana Ordine Nuovo y a la red anticomunista, vinculada a la CIA, “Gladio” con la matanza de Atocha. El régimen agonizaba, y lo sabía. Y, aunque mataba en su agonía, como hace 40 años en la calle de Atocha de Madrid, terminó muriendo… o, viendo lo que estamos viendo hoy en día, quizá no.