Ana Vicente | El 26 de septiembre de 2016 la palabra PAZ llenaba los titulares de medios colombianos e internacionales. Momento histórico, fin del conflicto. De la alegría se pasó a la frustración tras la negativa de una pequeña mayoría del pueblo colombiano a la implementación de lo acordado. Unos meses después, con movilizaciones, negociaciones y un premio nobel de paz de por medio, un nuevo acuerdo veía la luz.
Más tarde se iniciaba en Quito el proceso de negociación con el ELN. De nuevo los focos y titulares – algo más tímidos y escasos – se enfocaban en la PAZ, el fin del conflicto y el momento histórico. Pero la realidad en Colombia dista mucho de ese ideal soñado.
El Gobierno insiste en que el acuerdo ha evitado unas 3.000 muertes este año, lo cual es cierto y digno de celebrar. Además, gracias también al cese al fuego con el ELN, el país ha vivido por primera vez en casi 70 años. 3 meses sin enfrentamientos entre fuerza pública e insurgencias.

A pesar de la disminución de los índices de violencia por la reducción de enfrentamientos armados, hay municipios en los que la violencia ha aumentado principalmente por la expansión paramilitar – aunque según el gobierno estos grupos no existen – y también por la presencia de otros grupos armados, como el ELN y grupos disidentes de las FARC, que se vienen disputando el control de los territorios. Zonas donde, a pesar de las constantes alarmas y advertencias, el Estado Colombiano no ha hecho presencia o al menos no suficiente.

Desarme
Las FARC han cumplido con el desarme, pero hoy muchos ex-combatientes han perdido la confianza en el proceso – en muchos casos por los incumplimientos del estado – y han salido de las zonas en las que debería producirse la reintegración a la vida civil. Según Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU, los exguerrilleros que ocupaban estos espacios eran cerca de 8.000 cuando terminó la entrega de armas y no llegaban a 4.000 en noviembre. Las disidencias, que antes eran puntuales, suman alrededor de 700 personas y ya son 49 los integrantes de las FARC asesinados tras la firma de los acuerdos.

Por otro lado, en plena implementación aumentan las violaciones de derechos humanos de líderes sociales y personas defensoras. El año 2017 terminó con unas cifras de asesinatos de líderes y lideresas alarmantes, que oscilan entre 90 y 120 víctimas. El Estado atribuye estas muertes a problemas personales. La pregunta es cómo meses antes de las elecciones, se vuelve a silenciar a las y los líderes en las regiones sin que nadie haga nada por evitarlo; una historia repetida que pone en riesgo la confianza en el proceso y el ejercicio de la política.

Tímido avance legislativo
Aunque las garantías para la participación política – en particular de la oposición – fue uno de los acuerdos alcanzados en la Habana en realidad apenas un 17% de las medidas se ha llevado a cabo.

No es lo único que avanza a paso de tortuga. El instituto Krock de la Universidad de Notre Dam destacó que de las 558 disposiciones con compromisos observables y medibles el 55% no han dado un paso y, de las que avanzaron, sólo un 17% se han cumplido de forma plena. Aquí se encuentran puntos tan vitales como la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos y la propia reinserción de ex-combatientes.

A la lentitud en la implementación se unen las modificaciones sustanciales de algunos de los aspectos acordados. Especialmente grave es lo que tiene que ver con la Justicia Especial de Paz alterada por el Congreso y la Corte Constitucional. excluyendo de esta a civiles y terceros que tuvieran alguna vinculación con el conflicto – entre los que se encuentran empresas-. O imposibilitando ejercer como jueces a abogadas y abogados que hayan defendido derechos humanos.

Elecciones a la vista
Esta lentitud se explica en parte por la campaña electoral y los intereses partidistas que se respiran en las cámaras colombianas desde hace meses. No hay que dar ni un paso en falso.

Este 2018 será un año electoral para el país. En el mes de marzo se celebrarán elecciones legislativas; en mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales a las que hasta hoy concurren 8 candidatos – incluyendo 2 mujeres -. Desde la extrema derecha del ex presidente Uribe al partido nacido de los acuerdos: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Unas elecciones en las que los candidatos de derecha –en defensa de sus intereses individuales– vuelven a intentar engañar a la ciudadanía, como ya ocurrió en la campaña del plebiscito. Juegan con el miedo y las heridas de más de 50 años de conflicto armado. Una campaña en las que las clases dominantes temen que, si se implementa lo acordado, pierdan parte de sus privilegios disfrutados durante décadas a costa de los derechos de las clases populares. Temen tener que reconocer su responsabilidad en el conflicto social, político, económico y armado. En resumen, unas elecciones en las que la oligarquía colombiana no está muy por la labor de permitir que haya cambios y en las que la izquierda concurre dividida.

Según lo redactado en los acuerdos, la Unión Europea debería hacer seguimiento a la implementación de la reforma rural integral, la reincorporación y la unidad especial de investigación para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares. A pesar de que son puntos que no han sido implementados a cabalidad, no se han visto pronunciamientos de la UE exigiendo resultados. También se aprobó el establecimiento de un fondo fiduciario de 95 millones para apoyar en la implementación de los acuerdos –con enfoque en el desarrollo rural-. Sin embargo, qué y cómo se financia se decide entre la UE y el gobierno colombiano sin dar voz en estos espacios a la sociedad civil que sabe mejor que nadie qué se necesita para la paz en Colombia. La UE debería. por otra parte, impulsar que sus empresas participen en el esclarecimiento de la verdad sobre posibles aportes financieros a actores armados y que entreguen las tierras usurpadas al campesinado.

Colombia se enfrenta a otro momento histórico. Un momento en el que volver a decidir si apostar por construir una paz verdadera – implementando lo acordado, generando cambios sociales, políticos, y económicos – o mantenerse en un modelo de acumulación de riqueza en manos de pocos dando justificación al sostenimiento del ciclo de conflictos armados.