Noemí Solanas Soler y Chabi Roncal Pons | Este año 2018, va a ser un año clave por muchos motivos, uno de ellos por lo que respecta a la situación que vive actualmente el territorio de Bardenas.

Hay que remontarse a la dictadura franquista para explicar el origen de este polígono militar. En junio de 1951, el entonces ministro del Aire Jose Daniel Lacalle le propuso a Franco el uso de las tierras Bardeneras como campo de entrenamiento militar. Fue a partir de entonces, que la dictadura franquista convirtió unas tierras ricas en recursos, en un lugar lleno de riesgos donde se practicaba la guerra. Esta tierra que había ofrecido pasto, leña, cereal, resguardo… a las gentes de los pueblos de las inmediaciones, tanto de Navarra como de Aragón, se transformó en el escenario de numerosos accidentes, el primero de ellos mortal, provocando la muerte de un pastor en Arguedas en 1952.

Es la Junta de Bardenas, un ente local tradicional navarro, la responsable de gestionar estos terrenos en Navarra, y una de las partes firmantes del contrato de arrendamiento.

La Junta está formada por 22 congozantes, 19 ayuntamientos, 2 valles el de Roncal y Salazar, y el Monasterio de la Oliva, que a cambio del arrendamiento por el uso militar de estas tierras cobran un canon, que ha ido aumentando con el paso de los años y el aumento de las protestas sociales.

Esta Junta mantiene un funcionamiento con autonomía propia del Gobierno foral, y unas ordenanzas, que acumulan la mayor parte de las decisiones en la figura de su presidente. Es destacable que el voto del representante del Monasterio de la Oliva en el que viven una docena de monjes, tenga el mismo valor que el de cualquier otro representante, como el de Tudela, ciudad en la que habitan aproximadamente 38.000 personas.

Fue esta Junta de Bardenas la que firmó el primer contrato con el Ministerio del Aire por una duración de 25 años, y 22.000 pts/año, llegando a la finalización de éste con multitud de protestas sociales en la calle y con diferentes declaraciones políticas en contra del mismo.

En 1976, se volvía a renovar este contrato por otros 25 años, esta vez por cantidades económicas mayores, debido al rechazo social del mismo. Por entonces, hacía 6 años de que el Ministerio de Defensa había firmado con EE.UU el memorándum de entendimiento, por el cual las fuerzas aéreas americanas se entrenaban también en Bardenas, para las FFAA americanas Bardenas era una alternativa al polígono de entrenamiento que entonces usaban en Libia, pero la llegada al poder de Gadafi provocó que éstos buscaran un lugar mas afín políticamente.

Los accidentes fueron sumándose y a principio de los años 80, las protestas sociales contra la presencia militar en estas tierras habían sido multitudinarias, y brutalmente respondidas por la guardia civil, provocando incluso la muerte en 1979 de Gladys del Estal. Durante los años 80 se produjeron multitud de accidentes, tantos que incluso varios diputados de UPN interpelaron al Congreso en diciembre de 1980, ante la cantidad de accidentes sufridos.

En 1987, Jaime Ignacio del Burgo requería informes acerca de la veracidad de las informaciones aparecidas en el diario El Pais (3/5/1987) en el que aseguraba que el polígono de Bardenas no cumplía las condiciones mínimas de seguridad, debido a sus pequeñas dimensiones (2.222 hectáreas)

De hecho, por aquel entonces el Ministerio de Defensa pretendía instalar un nuevo polígono de tiro en unos terrenos de 16.000 hectáreas de extensión en Cabañeros (Castilla La Mancha), pero las protestas y el rechazo a que se usaran para el entrenamiento militar, además de las declaraciones de protección medioambiental hicieron que el Ministerio de Defensa descartara esta idea.

En enero de 1988, las posturas en contra del polígono militar de Bardenas eran generalizadas, y la Junta General de Bardenas acordaba por unanimidad pedir el desmantelamiento de este polígono militar; en octubre de este mismo año el Parlamento de Navarra aprobaba una resolución por la que instaba al Gobierno Foral a que realizara cuantas actuaciones fueran precisas en orden a la consecución del cierre de este polígono.

En abril de 1990, el Gobierno Foral en manos del PSN, solicitaba al Ministerio de Defensa el desmantelamiento del polígono. Los años 90 fueron años de gran actividad militar en estas tierras, también hubo bastantes accidentes y gran preocupación por el uso de uranio empobrecido, debido a las prácticas militares que se exportaban entonces a la guerra de los Balcanes.

No faltaron por supuesto, las protestas sociales y las iniciativas institucionales a favor de su cierre. Así en junio de 1998, el Parlamento Navarro aprobaba por unanimidad una moción en la expresaban su firme voluntad de que no se prorrogara la vida de este polígono más allá del 2001.

En 1999, una Ley Foral declaraba Bardenas Parque Natural, y un año más tarde la UNESCO aprobaba la solicitud de la Comunidad Foral de declarar Bardenas Reserva de la Biosfera. Sin embargo ninguna de estas declaraciones medioambientales, ni las protestas sociales ni los graves accidentes que seguían produciéndose, impidieron que se renovara de nuevo el contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa. Además en diciembre del año 2000, bajo la presidencia de Aznar, el Consejo de Ministros amparado en un decreto franquista, declaraba el polígono de tiro de Bardenas zona de interés para la Defensa, haciendo aún más difícil cualquier uso alternativo de estas tierras, bajo la amenaza de expropiación.

En 2001, de nuevo se firmaba un contrato, esta vez por 7 años, y por un canon económico mayor, con la intención de buscar otro lugar alternativo a Bardenas. No fue así y en al año 2008, la entonces Ministra de Defensa Carme Chacón firmaba con una Junta de Bardenas alejada de las exigencias y necesidades de la población, un contrato de 10 años prorrogables automáticamente a otros 10 años.

La Junta de Bardenas conformada en su mayoría por representantes de UPN y PSN, que hasta entonces habían mantenido posturas medianamente críticas con estas instalaciones, cedían ante el canon económico, que durante años han usado para gastos de protocolo y viajes, que no hace mucho cuestionaba Comptos en un informe económico. La continuidad de estas instalaciones militares dependen de un ente tradicional, que procede de tiempos medievales y que no representa democráticamente a las gentes de los pueblos afectados. El uso y disfrute de las Bardenas están en manos del presidente de esta Junta, que se reúne escasamente una vez al año, resultando casi imposible el cuestionamiento y la posibilidad de incluir propuestas en sus asambleas.

Son los pueblos afectados los que deberían decidir sobre el futuro de estas tierras, y no un ente que recoge los intereses económicos de unos pocos, como los monjes del Monasterio de la Oliva ante la legitimidad de miles de habitantes, que están sujetos a leyes que se alejan mucho de la actual idea de democracia.

La Plataforma Bardenas Libres 2018 está conformada por más de 70 colectivos y organizaciones de los territorios afectados por estas instalaciones, Nafarroa y Aragón, pero también de otros territorios del Estado, que confluimos en torno a las ideas recogidas en un manifiesto, elaborado de forma conjunta. Nuestro objetivo es la desmilitarización de Bardenas, y la puesta en marcha de mecanismos para ejercer nuestro derecho a decidir sobre el uso que queremos darle a estas bellas y ricas tierras.

 

Noemí Solanas Soler y Chabi Roncal Pons escriben en representación de Bardenas Libres 2018.