Lorena Cabrerizo | El pasado martes 13 de febrero se inauguraron las nuevas instalaciones del Centro Nacional de Microbiología “Instituto de Salud Carlos III”, ubicado en el municipio de Majadahonda. El acto oficial, que tenía prevista la presencia de Dolors Montserrat y Luis de Guindos, – un gesto cargado de intencionalidad contra quienes claman que la ciencia, lejos de aumentar su inversión, sigue agonizando-, quedó finalmente suspendido por el anuncio de una protesta pacífica de los y las trabajadoras del Centro y la entrega de un manifiesto que denuncia los recortes y la precariedad laboral que sufren en el sector.

Por un lado, el manifiesto refiere a los recortes en el presupuesto destinado a I+D+i que vienen produciéndose a lo largo de la última década. Tal y como se señala en el informe de la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) publicado el pasado mes de octubre y que analiza los recursos destinados a la investigación, “el déficit acumulado desde el año 2009 por el sistema español de innovación puede cifrarse en más de 20.000 millones de euros a causa de la sucesión de recortes presupuestarios encadenados desde ese año, que supuso el momento de mayor financiación de la ciencia. De esta cantidad, la mitad correspondería a los fondos no financieros, es decir a las subvenciones, lo que, en opinión de los expertos ha puesto en serias dificultades un sistema de innovación que lentamente se había construido en las décadas finales del siglo XX”. Unos recortes que nos sitúan entre los países de la OCDE donde más ha caído la inversión pública en ciencia, claro reflejo de la poca importancia que el gobierno del Partido Popular le otorga al avance en la prevención y curación de enfermedades.

Por otro lado, el manifiesto denuncia no sólo los mecanismos “kafkianos” que el Ministerio de Hacienda les impone para la gestión de los fondos -lo que ha supuesto la devolución a la Unión Europea de aquellos recursos destinados al pago de los salarios durante los meses de retraso, por su incompatibilidad con la gestión de proyectos de investigación-, sino la actual circunstancia de parálisis en la contratación, resultado de la modificación en la ley de Contratos del Sector Público. Según la nueva norma, no se podrán encadenar más de dos años contratos por obra y servicio, lo que se traduce en una amenaza para miles de trabajadores y trabajadoras que llevan años empleados bajo esta modalidad.

Si bien se hace necesario luchar contra la temporalidad permanente en el empleo, la ausencia de alternativas incrementará el flujo de los y las profesionales de la investigación científica que se ven obligados al exilio, así como la vuelta de muchos contratos a su condición de prácticas, un grave retroceso en las condiciones laborales. Todo esto sumado a la pérdida de efectivos que se viene produciendo año tras años por una tasa de reposición inferior a la tasa de jubilación.

Aunque en el mundo de la ciencia y la investigación siempre se ha denunciado la situación de irrelevancia del sector mediante iniciativas como la recogida de firmas o la aparición esporádica en medios de comunicación, es necesario que el colectivo trabajador, desde los niveles más cualificados hasta los y las técnicas de laboratorio, inicie el camino de su propia organización, trascendiendo sus especificidades y atacando al corazón de una precariedad laboral que se ha instalado para quedarse, y que no es efecto sino de una acción política al servicio de los grandes capitales. De no frenar en seco esta sangría en el sector, no sólo se quedarán vacías las nuevas instalaciones, sino que se reducirá drásticamente el avance en la mejora de nuestra salud, tanto aquí como en terceros países para quienes nuestro colectivo científico también investiga.