Fernando Román Curto | Que Berkeley España consiguiera del ministerio de industria, encabezado por Miguel Sebastián y después por José Manuel Soria, el permiso de explotación; que obtuviera el visto bueno del comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, señor Arias Cañete; que obtuviera el permiso de la Confederación Hidrográfica de Duero para coger agua del rio Yeltes y realizar vertidos de minerales tóxicos y que en 2016 la Junta de Castilla y León aprobara la Declaración de Impacto Ambiental sólo tiene explicación dentro de la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista, es decir, priorizando el interés privado contra la vida de las mayorías sociales y del medio ambiente. Lógica que suele ir acompañada de los correspondientes movimientos en el ámbito de la política institucional, tal y como indica el diario el País “es sospechosa la contratación, por parte de Berkeley, de Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura Miguel Cañete”. En la zona se tienen otras sospechas. En 2016 el alcalde socialista de Retortillo renunció a su cargo al fracasar la propuesta de hacer una consulta ciudadana sobre la mina. El alcalde que le siguió, Javier Santamaría, del Partido Popular, ha sido acusado de cohecho por la plataforma “Stop Uranio” al vender a Berkeley terrenos de su propiedad por el doble del valor de mercado.

La minera ha solicitado la apertura de otras dos minas de uranio en los municipios de Villavieja de Yeltes y en La Alameda de Gardón.

Como cabe esperar, este tipo de proyectos se presentan ante la opinión pública con un relato orientado a convencer de los beneficios de su actividad: actuación dentro de la legalidad, creación de empleo y riqueza para la región, replantación y trabajos de restauración de los terrenos, patrocinio de uno de los equipos de fútbol locales y como no el correspondiente apoyo de los medios de comunicación de la ciudad salmantina.

Paul Atherley, consejero delegado de Berkeley Energía, asegura que el proyecto cuenta con 90 autorizaciones españolas y europeas. Sin embargo, Berkeley España acumula ante los tribunales un largo historial. Entre otros: Lucía Villa, señala: “hace pocas semanas la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca suspendió la petición para construir en el suelo rústico en el que se ubicará la mina. Y unos días antes se conocía también, gracias a una pregunta parlamentaria del diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, que el proyecto tampoco cuenta con la autorización del Ministerio de Energía”. Lo mismo nos indica Gema Rodríguez, responsable de la Red Natura 2000 en WWF España: “no cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción de la mina, ni el permiso definitivo del Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, ni la autorización de cambio de uso del suelo rústico y, además, se enfrenta a varios procesos judiciales, uno de ellos admitido por la Audiencia Nacional”. Rosa M. Tristán declaraba hace unos meses, “esta misma semana, en respuesta a una pregunta de la diputada de IU Marina Albiol, la Comisión Europea respondía que no había recibido ninguna notificación sobre el proyecto de extracción de uranio de Retortillo y que aún está evaluando el informe científico que recibió en diciembre para ver si se ajusta a la normativa ambiental europea”. Bruselas también explica que España no ha informado correctamente a la Comisión Europea de un proyecto de estas características y reitera que ha recibido ninguna notificación respecto al artículo 37 del tratado Euratom.

Berkeley asegura contar con una plantilla de 50 personas que alcanzaría las 200 en esta mina y hasta 450 en el caso de la apertura de las otras dos. Si tenemos en cuenta que los pilares económicos de la zona son la ganadería y el turismo rural se nos antoja que sería precisamente la explotación de la mina, con la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales que lleva aparejada, la que acabaría con el empleo y la forma de vida de los habitantes de la zona. Sirva como ejemplo el balneario de Retortillo con 60 empleos directos. No podemos caer en el chantaje y la visión cortoplacista de la promesa de empleos ligados a proyectos de este calibre, tenemos que ir a una reorganización del conjunto de modo de producción y de consumo basado en criterios externos al mercado capitalista, como son las necesidades reales de la población y la defensa del equilibrio ecológico. Una economía en la que la población, en un proceso de planificación democrática, decida las prioridades y las inversiones.

La explotación de una mina de uranio a cielo abierto es el ejemplo paradigmático del actual panorama ecológico marcado por una superación de la capacidad de la tierra para absorber el impacto de las actividades humanas, una forma de interactuar con la naturaleza que supone una erosión profunda de nuestras bases materiales hasta el punto de afectar la subsistencia de las sociedades. Una explotación cuyos efectos negativos sobre el medio ambiente ya han comenzado con la tala de centenares de encinas que pueblan desde hace siglos las dehesas de Retortillo y Villa vieja de Yeltes y que forman parte de los espacios protegidos por la Red europea Natura 2000; obras de desvío de una carretera comarcal y la realización de un socavón de grandes proporciones para la construcción de una balsa. Una explotación de consecuencia muy negativas para la salud de las personas por contaminación radiológica -la roca de uranio al ser molida libera gas Radón, altamente cancerígeno, que puede viajar a grandes distancias por efecto del viento- y por metales pesados. La agencia medioambiental portuguesa ha elaborado un informe en el que afirma que la mina puede tener “efectos ambientales significativos” en Portugal, tanto por la proximidad de la frontera y la dirección de los vientos, como por lo que pueda suceder con el rio Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el rio Duero.

Que al Partido Popular las gentes del estado español le preocupan poco es una afirmación que cada día nos aclara más y más. A muchos y muchas salmantinas nos llama la atención la vehemencia con la que tanto los miembros del PP y PSOE como de Cs defienden el derecho y la legalidad vigente para no menoscabar la democracia. Pero sin embargo aceptan una y otra vez las imposiciones del mercado aunque esto suponga destruir la vida y la tierra sobre la que se asienta. Pareciera por tanto que para ellos la democracia no es más que una excusa desde la cual legitimar cualquiera de sus decisiones.

El caso de Murcia es paradójico y nos acerca a todos y todas las salmantinas a ese rincón de la península. Pues nos demuestra como la connivencia entre la oligarquía constructora y el poder político están por encima de cualquier voluntad popular, más aún si ésta se posiciona en contra de los intereses de estas élites. Miles de murcianos y murcianas en las calles durante meses protestando, reuniones, asambleas y la manifestación más grande de los últimos años en la región aglutinando a más de 50.000 personas en las calles de la capital murciana. Parecen no ser suficiente para demostrar que rechazan la construcción de un muro que partirá la ciudad en dos aislando a miles de vecinos tras un muro de más de 5m de altura. Finalmente el gobierno recurrió a la última baza en su mano cuando la convicción no ha sido posible, la violencia. Detenid@s y herid@s debido a las cargas policiales contra vecinos y vecinas que defendían sus barrios contra los intereses de unos pocos.

Hoy los y las salmantinas debemos sentirnos estrechamente unidos a los y las murcianas pues vivimos claramente la misma situación de secuestro de la soberanía popular. Será la lucha de las salmantinas y salmantino en las calles autorganizad@s la que logre terminar con este demencial proyecto, uno más de los que nos arrastran a un eco-suicidio planetario.

Para ello reflexión colectiva este mismo viernes 23 a las 19:30h en el local Serendipity, en nuestra ciudad, Salamanca para juntas y organizadas asistir al día siguiente a nuestra cita contra la Mina de Uranio a las 17:00h en la Plaza de la Constitución.

 

Fernando Román Curto es militante de Anticapitalistas Salamanca.