Patricia Grela González |  El día 20 de febrero se daba por iniciado el período de movilizaciones del sector de las ambulancias en Galiza, con una concentración de más de un centenar de personas ante la Consellería de Sanidade de la Xunta. A las trabajadoras y trabajadores de emergencias, después de estar más de un año luchando por el cumplimiento de las condiciones laborales acordadas, les toca volver a las calles para exigir la aprobación de un nuevo convenio que llega con dos años de retraso.

El objetivo de esta primera concentración era reunirse con la Consellería de Sanidade para pedir explicaciones sobre la paralización de la negociación del convenio colectivo e instar a la patronal a negociar. Una vez más, el sector recibió la callada por respuesta y siguen sufriendo la pasividad de la Xunta de Galicia. Ahora toca trasladar la lucha a las comarcas para seguir defendiendo sus derechos y un servicio cada vez más vilipendiado.

Si existe un sector habituado a luchar en las calles, es el de las emergencias sanitarias. Desde hace años, la precariedad caracteriza a este sector cada más formado y especializado que no ve ninguna contraprestación en su situación laboral.

En los últimos años esta situación está agravándose por dos factores principales. Por un lado, la política de recortes y privatizaciones en la sanidad llevada a cabo por el Partido Popular que se ceba con los sectores extra hospitalarios. Recordemos que las ambulancias, tanto de emergencias como de transporte no urgente, nunca pertenecieron directamente al Servizo Galego de Saúde (con la excepción de los profesionales de la medicina y la enfermería del 061) sino que se establecen convenios con empresas privadas. Aquí es donde entra el otro actor relevante.

Los concursos públicos de las ambulancias llevan años saliendo por lotes en las que las empresas de mediano tamaño competían por las adjudicaciones. Sin embargo, en los últimos años entran en juego grandes compañías abaladas por fondos de inversión que se pueden permitir acceder a concursos públicos por debajo de su precio.

La Xunta de Galicia consiente y favorece que las empresas concursen por debajo del precio estipulado, sabiendo que provocará despidos e incumplimientos de los servicios y de los convenios establecidos, advertidos por las asociaciones profesionales y sindicatos.

Una de estas empresas, de las más importantes en el territorio español, es Ambuibérica. La compañía nace en Valladolid, donde conserva su sede, de la mano de la familia de Carlos Magdaleno, exalcalde del PP. Esta empresa se fusiona con otro gigante de las emergencias, EmerU, que actualmente son controladas por los fondos Proa Capital e Investindustrial, y se reparten la mayor parte de los contratos del transporte sanitario llevándose así, beneficios millonarios de dinero público.

El modus operandi de este imperio suele ser similar en todos los territorios siendo objeto de múltiples denuncias. Los atropellos a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con reducciones de plantillas, rebaja de los salarios, incumplimientos en las condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones laborales, son habituales. Sin embargo, esto no parece ser impedimento para seguir consiguiendo concesiones en todo el estado español.

Los equipamientos, las bases, la uniformidad, son solo algunos ejemplos de cómo pretenden ganar dinero a base de recortar en servicios mínimos para un adecuado tratamiento sanitario. También suelen abusar de los contratos en prácticas para cubrir sus plantillas y de despedir a los trabajadores y trabajadoras más antiguos.

En Galiza, a diferencia del resto del estado, gracias a la lucha sindical, con la CIG al frente, se logró que no hubiese despidos, aunque no sin presiones por parte de las empresas y de las UTEs (Unión Temporal de Empresas).

La última estrategia de manipulación de la patronal es la de renunciar a las adjudicaciones concedidas para obtener mayores beneficios, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios en muchas áreas y ayuntamientos.

La privatización de servicios públicos, convertidos en un negocio muy lucrativo al servicio de grandes empresas que obtienen beneficios a costa de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, de la ciudadanía que sufre los recortes en la atención sanitaria, en este caso, en el transporte tanto de emergencias como programadas.

El sistema de adjudicaciones de los concursos públicos de las ambulancias gallegas ya estuvieron bajo sospecha el año pasado cuando fueron investigadas por las posibles filtraciones de las condiciones requeridas a las empresas que ganaban dichas concesiones. Lo cierto es que con filtraciones o sin ellas, no existe una igualdad de condiciones mientras se siga permitiendo concursar a la baja y que tras conseguir las concesiones reclamen la suspensión de los convenios laborales como viene sucediendo.

Como pueblo, es necesario que entendamos que las condiciones en las que trabajan aquellas que nos atienden en los momentos más duros, repercute directamente en nuestras vidas y no se trata de los problemas de unos pocos, sino de todas y todos nosotros.

Galiza dio ejemplo el pasado 4 de febrero saliendo a las calles para defender la sanidad pública, la sanidad de todas. Sigamos luchando porque las batallas son muchas.