Moisés Martín Gómez | Hace ya un año el gobierno del PP firmaba un acuerdo con UGT, CC.OO. y CSIF con vistas a una oferta de empleo público que, en el caso de la enseñanza, suponía rebajar la tasa de interinidad del 25% al 8%. Sin embargo, el gobierno no tardaría en reconocer que su finalidad era convertir esas plazas ocupadas por interinos en puestos fijos, pero no la de hacer fijos a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública que ya las ocupaban. Así pues, estos sindicatos, al pactar oposiciones “masivas” sin poner sobre la mesa como condición previa la exigencia de estabilidad para los docentes interinos, habían dejado vendido a este precarizado colectivo.

Andalucía ha sido la primera Autonomía en la que se ha producido una fuerte reacción contra una oferta de empleo que no contempla la estabilización de quienes ya trabajan y que puede dar pie un ERE de docentes. Pese a que una discreta primera manifestación en Sevilla el día 16 de diciembre no permitía presagiar lo que ocurriría después, las movilizaciones que tuvieron lugar en todas las provincias de Andalucía durante la jornada de huelga del 9 de febrero evidenciaron que los docentes interinos estaban dispuestos a dar la batalla por sus derechos.

Las movilizaciones del 9 de febrero darían pie un proceso de auto-organización: asambleas de centros, locales y comarcales, que desembocaron una asamblea andaluza en Antequera el 24 del mismo mes. De la misma surgió una tabla de reivindicaciones y el siguiente paso a dar.

Durante este proceso el colectivo se ha mostrado más cohesionado que nunca. Ya no pide un sistema transitorio de oposiciones como el que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero en un primer intento de disminuir la tasa de interinidad, y que es lo que reclaman sindicatos como UGT y CC.OO. Dicho sistema, ciertamente, beneficiaba a los interinos con más antigüedad, pero no dejaba de ser un “sálvese quien pueda” que no aseguraba la estabilidad de los docentes con menos tiempo de servicio.

Por el contrario, lo que se exige ahora es la estabilidad para todo el colectivo. El lema es claro: “Quienes están, se quedan”. Y más que un lema, es el objetivo irrenunciable de estas movilizaciones: la garantía de estabilidad para todos los docentes interinos, desde quien tiene treinta años de tiempo de servicio hasta quien tiene un solo día. Que nadie se quede por el camino.

Una demanda que se concreta en dos niveles. Al gobierno andaluz se le exige un plan de estabilidad permanente que asegure la continuidad del profesorado interino. Al gobierno central se le exige un cambio en el sistema de acceso, y se demanda en concreto un acceso diferenciado o por concurso de méritos (posibilidad contemplada por el Estatuto Básico del Empleado Público).

Este periodo de huelga comenzó el pasado lunes con una espectacular manifestación en Sevilla que consiguió congregar a uno 10.000 docentes de todo el territorio andaluz, según las organizaciones convocantes. La manifestación arrancó en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con destino a Torretriana, donde se encuentra la Consejería de Educación. Se trata de la mayor movilización educativa en Andalucía de los últimos años, que concluyó con la lectura de un manifiesto que recogía las demandas del colectivo. Una respuesta contundente que tuvo su continuidad en la siguiente cita: nuevas concentraciones y movilizaciones, ya a nivel provincial, el día 16.

Más allá de las manifestaciones de los días 12 y 16 de marzo, una convocatoria de huelga de dos semanas al final de un trimestre ha tenido la inevitable consecuencia: en pocos días las directivas de centenares de centros ya han anunciado que se ha visto obligadas a aplazar las sesiones de evaluación hasta, de momento, después del inminente periodo vacacional.

Concluido este periodo, tocará hacer balance del mismo para plantear los siguientes movimientos de una lucha a la que esperan que se sumen los docentes interinos de otros territorios del Estado.