Pepe Mejía | El 5 de abril de 1992, hace hoy 26 años, Alberto Fujimori dio un autogolpe con la complicidad de los militares y el beneplácito de la banca y los principales grupos empresariales y periodísticos de Perú.

En su mensaje al país, Fujimori anunció la disolución del Congreso de la República, la reorganización del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.

Mientras los partidos políticos en Perú condenaban el golpe, aquí, en España, la reacción fue de una tremenda tibieza rayando en la aquiescencia. El presidente del Gobierno, Felipe González, expresó su esperanza de que “se restituya cuanto antes la normalidad democrática”, abogó por la prudencia y apuntó la posibilidad de vincular el Tratado de Cooperación y Amistad con Perú a la existencia de un régimen democrático.

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, dijo: “aunque no tenemos muchos datos, el golpe de Estado en Perú, aparentemente institucional, es una mala noticia”.

Sin embargo, desde los movimientos sociales sí hubo una respuesta rápida y contundente. Nos movilizamos frente al Consulado de Perú, que en ese entonces estaba en Príncipe de Vergara en Madrid, y quemamos un muñeco con la imagen de Fujimori. La prensa se hizo eco.

Desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Perú (CODDEH-PERÚ) en el Estado español hicimos un llamamiento a la insurgencia apelando al artículo 82 de la Constitución de 1979 -vigente en ese momento- y que dice: “Artículo 82.- Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen.

Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional”.

El golpe se produjo poco después de que Estados Unidos, según la prensa limeña, entregara a Fujimori una lista de cerca de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas corruptos o involucrados en el narcotráfico y exigiera una “purga”. En marzo de 1995, el Mayor del EP, Evaristo Castillo, –en una entrevista que publicó el diario El Mundo- me confirmó las conexiones del narcotráfico con altos jerarcas militares de Perú. Me dio nombres y grados.

Además, en esos momentos, con 178 personas desaparecidas Perú era el primer país del mundo en este tipo de casos. Al respecto, el ministro Vega, en declaraciones realizadas en Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrado bajo los auspicios de la ONU, dijo: “habría que determinar si estas desapariciones están comprobadas o simplemente denunciadas, porque se puede tratar de gente que sólo se ha trasladado de domicilio”.

El autogolpe se venía cocinando desde 1989

Aunque el autogolpe venía de vieja data, como vamos a explicar más adelante, dos días antes del 5 de abril Fujimori informó a los jefes militares la decisión de ejecutar el denominado autogolpe de Estado.

Fujimori comunicó sus intenciones en una reunión realizada en casa del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Según el General EP Valdivia Dueñas, que participó en esa reunión en su condición de Jefe del Estado Mayor General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por una invitación de Hermoza Ríos, Fujimori explicó la complicada situación por la que atravesaba el país, y su decisión “de cerrar temporalmente el Congreso de la República, la reestructuración del Poder Judicial”, entre otras medidas prevista para el 5 de abril de ese año.

Asistieron a dicha reunión, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los entonces ministros de Defensa e Interior, los comandantes generales de los institutos armados, el director general de la Policía Nacional, el comandante general de la Segunda Región Militar, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), entre otras personas.

Pero como decíamos, el autogolpe del 5 de abril de 1992 viene de vieja data. Personalmente me llega información sobre preparativos del golpe en febrero de 1991. Desde el CODDEH-PERÚ empezamos a organizar la posible llegada de exiliados, la tramitación de estatutos de refugiadas y refugiados y me toca la tarea de transmitir nuestras alarmantes informaciones a todos los despachos institucionales, organismos internacionales con sede en Madrid y medios de comunicación como la agencia EFE.

Pero toda la información que teníamos en esos momentos en realidad provenía de un plan preparado en 1989. Un selecto grupo de militares y civiles se reunieron en una sala del Hotel Sheraton en Lima. En realidad preparaban un golpe contra Alan García. Según la edición 1613 de Caretas, del 7 de abril de 2000, un oficial retirado del ejército era el coordinador. Progresivamente, militares de alto rango en actividad eran invitados para incorporarse al movimiento. Algunos lo hicieron. Otros, como suele suceder en estos casos, dieron respuestas ambiguas. En realidad, esperaban a ver qué pasaba, sin comprometerse. Si el golpe tenía éxito, se sumarían. Si fracasaba, fingirían no saber nada. (7 abril 2000. Caretas. Edición 1613)

Algunos puntos del Plan se cumplieron al pie de la letra.

En el tema de la seguridad social, el Plan era muy específico y se cumplió casi al pie de la letra: “La solución que brindó el gobierno chileno hace pocos años a este problema que mostraba las mismas características fundamentales que muestra Sistema Peruano ha resultado exitosa y consideramos que debemos aprender rápidamente de ella.(…) El ciudadano puede elegir en que empresa administradora de pensiones coloca sus recursos”.

En el Sector Salud, el Estado “debe restringir su participación” y “debe transferir en lo posible su infraestructura disponible a la actividad empresarial privada”. Pero lo más importante es que la primera prioridad es “impulsar la política demográfica del Estado”.

Las esterilizaciones de mujeres empobrecidas

Aquí se exponen políticas de corte nazi. El diagnóstico es que “el problema más importante del Perú reside en que sus tendencias demográficas después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado proporciones de epidemia”. La conclusión es que hay que “frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico”, por lo que urge “un tratamiento para los excedentes existentes”.

Además “es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias el acceso a ciertos niveles de bienestar por los grupos familiares débiles se facilitaría.”
Algunos de los métodos específicos que propone el Plan parecen haberse ensayado:
-“Los métodos compulsivos deben tener sólo carácter experimental y aplicarse en zonas puntuales para medir las distintas reacciones de la población ante su aplicación, antes de extenderlos a otros sectores”.
-“Debe ser norma en todos los centros de salud que atiendan partos, la ligadura de trompas, salvo demostración fehaciente de solvencia económica”.
-“La manera más sana de aligerarnos del excedente poblacional sano, es la migración a otros países”.

Para las y los activistas el plan era muy explícito: el exterminio total. “Consideramos a los subversivos y sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delincuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo. Para estos sectores, dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos para distraer en su atención sólo queda el exterminio total.”

El Plan inicial de 1989 fue usado como base para formular un esquema de gobierno autoritario que incluyera a las Fuerzas Armadas como soporte básico.

El objetivo del autogolpe era consolidar el proceso de reestructuración capitalista impulsando la privatización generalizada y haciendo desaparecer las empresas estatales. La burguesía retoma el pleno control de la economía.

Después del 5 de abril de 1992 desaparece también la estabilidad laboral, la negociación colectiva de los salarios, los controles de precios y, de ese modo, un régimen político muy favorable a la burguesía y tan obediente de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional y de los bancos de desarrollo. Los despidos de miles de trabajadores hicieron disminuir la cantidad de obreros/as asalariadas y la sindicalización llegó a su punto más bajo de la historia (menos del 10% de los trabajadores).

En el campo, las cooperativas azucareras fueron obligadas a convertirse en Sociedades Anónimas, para volver a manos privadas, como en el conjunto de ex empresas asociativas que ya habían sido parceladas en la década de 80, según indica Rodrigo Montoya.

El apoyo de la banca y empresarios al autogolpe

Otro aspecto a destacar del autogolpe es la implicación de sectores empresariales y de la banca. Picasso, presidente de la Asociación de Bancos, dijo: “… el sector empresarial apoya las decisiones tomadas por el presidente Fujimori… (ya que) no puede permitirse por más tiempo la infiltración de elementos corruptos y subordinados a intereses partidarios en instituciones importantes como el Congreso y el Poder Judicial”. Llama la atención que lo dijera Picasso, el empresario que desfalcó su propio Banco (Latino) y usó el dinero de los clientes para prestarse a sí mismo y luego no devolver, y que después fraguó un “rescate” por 500 millones de dólares que fue un robo adicional de dinero.

La noche misma de la disolución del Congreso, el canciller Blacker Miller había citado a Palacio de Gobierno a Manuel Delgado Parker de televisión Panamericana y Radio Programas del Perú, a Nicanor Gonzáles de América Televisión y a Mendel Winter de Frecuencia Latina para una reunión con el presidente sobre las diez de la noche. Algunas versiones indican que también estaba ahí uno del grupo Miró Quesada que por entonces estaba sólo en la prensa escrita.

Si alguien pregunta ahora cuál fue el castigo para los empresarios que con todo su poder real apoyaron la destrucción de la democracia, habrá que contestarle que ninguno. El Perú de hoy está plagado de colaboracionistas del régimen de los 90. Y siguen decidiendo sobre la política de este país.

Nosotros/as las que seguimos exigiendo justicia, reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos, estaremos en la calle como hace 26 años. Hoy jueves 5 de abril nos manifestaremos a las 20.30 horas en la Puerta del Sol de Madrid. Para exigir nunca más Fujimorismo. Nunca más corrupción. Nunca más violación de los derechos humanos.