Cristóbal López Pazo | Más de 60 días de huelga con un seguimiento cercano al 90% es todo un hito en los tiempos que corren. Por supuesto esto solo es posible con una gran dosis de solidaridad entre los trabajadores, un apoyo mutuo que ha logrado mantener la cohesión a pesar de todos los ataques para erosionarla que ha lanzado el Gobierno Gallego del Partido Popular. Mantener esta unidad de acción sin fisuras ya no era asunto menor concurriendo 7 sindicatos distintos en el comité sindical pero su deseo inquebrantable de ganar este pulso a la Xunta de Feijóo apreta las filas de las trabajadoras y trabajadores de Xustiza.

Estas funcionarias y funcionarios de la administración gallega son los de menor salario y peor condiciones laborales de todo el Estado, por eso en el Parlamento autonómico gallego se había instado a la Xunta a adecuar el convenio a la media española.

Sobre la mesa de negociación los sindicatos pusieron la demanda de una subida salarial de 300 euros y el Conselleiro de Xustiza puso un “os vais a enterar quien manda aquí“.

Rueda, Conselleiro de Xustiza y lugarteniente de Feijóo, ha utilizado todas las sucias artimañas propias de la más rancia y reaccionaria patronal llegando a convertir el conflicto en algo personal, incluso visceral.

Desde el principio de las negociaciones el Conselleiro ha utilizado la prensa más afín para desprestigiar las movilizaciones e intentar echar la opinión pública encima de las y los huelguistas. La variedad de postverdades manufacturadas por La Voz del PP van desde acusarles de impedir la felicidad de los novios que acuden a los juzgados o de obstaculizar que se juzgue a los imputados de violencia machista al ralentizar, más de lo habitual, la administración de la justicia al ejercer su derecho a la huelga. Hasta llegaron a crear un alambicado relato de traición de los delegados sindicales al cobrar estos dietas por sus desplazamientos obligados para acudir a las reuniones negociadoras en Compostela.

De hecho, llamar negociación a lo sucedido hasta ahora es un eufemismo. Rueda ha puesto su raquítica e inamovible oferta sobre la mesa y se ha negado a valorar cualquier otra propuesta llegando a impedir la entrada a los representantes sindicales al edificio donde estaban estos citados por él para continuar las “negociaciones“. La policía autonómica que detuvo a la comitiva adujo que los delegados sindicales habían sido calificados de individuos conflictivos y peligrosos.

Desde luego no faltaron también los manidos ardides de ofrecer diferentes subidas por categoría en un afán de crear discordia y romper la unidad ejemplar mostrada por las trabajadoras y trabajadores.

Es fácil atisbar que este conflicto ha transcendido lo sectorial para convertirse en un pulso entre sindicatos y gobierno que puede marcar para todo el sector público un futuro de movilizaciones o un futuro de derrotismo conformista dependiendo de a quien se le doble el brazo.

Tras más de dos meses de resistencia, los huelguistas necesitan de toda nuestra solidaridad. Extendamos el apoyo, porque su lucha es la nuestra.

 

Cristóbal López Pazo es militante de Anticapitalistas Galiza.