Oscar Blanco | El Sindicato de Inquilinas de Barcelona impulsó el pasado viernes una acción atípica. En lugar de la sede de un banco, un edificio de la administración pública o la oficina de una inmobiliaria al uso, la concentración se plantó delante de la cooperativa Qualitat Habitatge Social (Calidad Vivienda Social). Una cooperativa vinculada al sindicato UGT que explica su origen en su web de la siguiente forma: “creer que el derecho a una vivienda y de calidad va íntimamente ligado a la idea de cohesión social y redistribución de la riqueza”, cosa que les llevo a “ante la falta de viviendas a precio asequible” promover la construcción de “viviendas de calidad para satisfacer las necesidades sociales no atendidas o atendidas insuficientemente por el mercado”.

Una cooperativa y un sindicato que tienen como objetivo garantizar el derecho a la vivienda sobre el papel deberían ser aliados. Entonces ¿Qué sucede? Hace cinco años un vecino de Sant Feliu de Llobregat, Clemente, entró a vivir de alquiler en un piso de Qualitat Habitatge Social dentro de una promoción de Vivienda de Protección Oficial. Un contrato de alquiler con opción a compra que vencía este 2018. La cooperativa vinculada a UGT le comunicó que tenía que abandonar el piso al finalizar el contrato y se negaron a negociar cualquier renovación del contrato. Clemente, como otras muchas personas, se acercó a la campaña Nos Quedamos del Sindicato para conseguir una solución desde el apoyo mutuo.

 

El Sindicato de Inquilinos tuvo diversos contactos con la UGT y una reunión con la cooperativa antes de hacer pública la situación. Sin embargo, se encontraron con una negativa rotunda a cualquier acuerdo. Qualitatge Habitatge Social incluso pretende obligar a Clemente para ejercer el derecho a compra a adquirir el piso junto con la plaza de parking (que no forma parte de la promoción de protección oficial y por lo tanto no tiene el precio regulado) y se niega a darle más tiempo.

Así las cosas, el Sindicato impulsó la concentración de denuncia el pasado 9 de junio, en la que participaron algunas decenas de activistas del propio Sindicato y del Grup d’Habitatge de Sants, que de nuevo se encontraron con la misma actitud por parte de la cooperativa. Se negaron a ponerse en contacto con el responsable del piso de Clemente, comprometerse a negociar o hacer cualquier tipo de gestión para solucionar la situación. Qualitat Habitatge Social se quitaba de encima la responsabilidad del desahucio invisible de Clemente escudandose en que el contrato había finalizado y afirmaron que se veían legalmente obligados a denunciarlo una vez este había acabado. Llegaron incluso a acusar a Clemente de querer vivir en un piso nuevo por un precio por debajo del mercado. Ese mismo mercado que no cubre unas necesidades sociales que Qualitat Habitatge Social nació supuestamente para cubrir.

Las cooperativas de vivienda vinculadas a los grandes sindicatos jugaron un papel en la anterior burbuja inmobiliaria a través de la gestión de las promociones públicas de vivienda protegida enfocada única y exclusivamente a la compra. Por ejemplo, esta misma cooperativa vendió en 2004 unos solares en el barrio del Raval a un precio cuatro veces mayor al que los había comprado cinco años antes o en 2011, como se ha señalado desde el Sindicato, Llar Unió Catalunya (también de la UGT) se vio envuelta en un escándalo porque altos cargos y familiares acaparaban pisos en Villa Olímpica. Parece que la quiebra del modelo y las fortísimas consecuencias sociales no han hecho que reflexionen sobre su papel y de nuevo se lanzan a colaborar con la especulación inmobiliaria en la nueva burbuja en formación. De todas formas, las activistas por el derecho a la vivienda y Clemente no se dan por vencidas y el martes 12 de junio a las cuarto de la tarde han vuelto a convocar una concentración frente a la Filmoteca.