Oscar Blanco | La semana pasada fue hiperactiva para el movimiento por el derecho a la vivienda en Barcelona. Alexandra Francés resumía algunos hitos en Viento Sur y aún dio tiempo a que el sábado el Sindicat de Barri de Poble Sec presentará el bloque en lucha la Deshonrada, con 18 viviendas y que está plantando cara al fondo buitre Liminiosas SL. Esta semana no tiene pinta de ser diferente y empezaba fuerte: 3 convocatorias para para desahucios en Nou Barris de 500×20 y de la AVV de Ciutat Meridiana, otra en Horta y dos más en Gracia convocadas por l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia y el Sindicat de barri de Gracia. Todos parados. Mañana en Poblesec tienen tres asaltos más y así es el día de los barrios.

Además de los desahucios, hoy había marcada otra fecha en la agenda del movimiento. La PAH, el Sindicat de Llogaters, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y el Observatori DESC impulsaron hace unos meses un moción con 5 mociones para ampliar el parque público de alquiler en la ciudad. Una de estas medidas empezaba el proceso para convertirse en realidad este mismo lunes. Se trataba de la obligación de destinar el 30% del techo de los edificios sometidos a rehabilitación integral y de nueva construcción a vivienda de protección oficial de gestión pública y municipal. En febrero la moción se aprobó la moción con el apoyo de todos los grupos menos el PP. Sin embargo, cuando ha llegado la hora de modificar el Plan General Metropolitano para hacer la medida realidad su salida hacia adelante ha estado en vilo durante una semana.

El diario La Vanguardia iniciaba la campaña publica de los lobbies de la construcción contra la medida, como por otra parte es casi tradición en Barcelona, que aseguraban que “Colau” iba a paralizar la construcción de nueva vivienda y se mostraban muy preocupados. El sábado se sumaba una portada del diario Ara con el mismo tono. ERC, PSC y el Pdecat reproducían los mismo argumentos y ponían en duda su voto afirmativo. Las entidades han ido respondiendo a cada nueva presión mediática y lanzado una ofensiva para defender la medida que incluía explicar el respaldo técnico que tenía a los medios, presionar a ERC, PSC y Pdecat para que no cambiaran su orientación de voto a la hora de la verdad e impulsar una concentración frente al pleno de apoyo a la medida. Finalmente, se ha saldado con un acuerdo que permita solicitar licencias sin este requisito hasta la aprobación definitiva del PGM en septiembre o octubre, tras el plazo de alegaciones.