Patricia Grela González | Cinco meses de movilizaciones territoriales y seis jornadas de huelga con un amplio seguimiento (a pesar del abusivo decreto de servicios mínimos) finalizan con el encierro de los representantes de los trabajadores en el despacho del Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia que, hasta ahora, se habían negado a recibirlos. El personal de ambulancias de Galiza comenzó las jornadas de huelga a mediados de febrero para exigir avances en las negociaciones de un convenio caducado desde hace más de dos años, mientras la Xunta se ponía de perfil en un conflicto del que tiene una parte de responsabilidad.

Las adjudicaciones de los lotes low cost no son rentables, por lo que la patronal ha optado por recortar en derechos laborales e incumplir sus obligaciones para dar un servicio de calidad. Esto ya había sido advertido por los sindicatos y de ello se han aprovechado tanto la administración como las empresas. Estas últimas reclaman la suspensión de los convenios laborales para reducir los salarios hasta un 25 %, lo que podría suponer una rebaja de 400 euros al mes.

En este tiempo el conflicto se ha ido endureciendo por el constante acoso y derribo por parte de la patronal, llegando a sancionar con acusaciones falsas e indiscriminadas con el objetivo de amedrentar al personal.

Por otro lado, los continuos incumplimientos de las normas higiénico- sanitarias, como la desinfección de los uniformes de sus trabajadores y trabajadoras, están haciendo cada vez más difícil la labor de los técnicos obligando, incluso, a trabajar con su ropa personal (los pacientes se llegan a encontrar situaciones inverosímiles donde el personal de la ambulancia va en pantalón corto o camisetas de tirantes).

Esta lucha busca poner freno a la precarización del servicio de transporte sanitario que ve como las empresas recurren a las contrataciones en prácticas para cubrir los cuadros de personal, con lo que los nuevos trabajadores y trabajadoras bajo este régimen cobrarán un 60 % del salario el primer año y un 75 % el segundo, trabajando la jornada completa como sus compañeros.

Al mismo tiempo que se recortan las condiciones y derechos laborales, los servicios están aumentando hasta un 20 %, lo que hace que la plantilla esté sufriendo una sobrecarga de trabajo insoportable, demostrada por el aumento de bajas laborales derivadas del sobreesfuerzo.

Si la Xunta sigue haciendo oídos sordos, favoreciendo a las grandes corporaciones, dejando de lado la precarización del servicio (tanto de urgencias como del transporte sanitario programado) y sin hacer nada ante los incumplimientos laborales, el conflicto está lejos de solucionarse. De continuar así, está previsto iniciar una huelga general en septiembre hasta lograr un acuerdo que garantice la calidad de un servicio sanitario esencial para la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas para el personal.