Paloma González | Casi el total de la plantilla de 300 trabajadores que prestan sus servicios a la empresa distribuidora DIMA (filial del Grupo Boyacá) se encuentran en situación de desamparo desde el pasado jueves 19 de julio por defender los 130 puestos de compañeros que quieren ser “despedidos”. Ese día, decidieron reunirse en asamblea en las instalaciones de la empresa en Torrejón de Ardoz para, conscientes de que al no ser trabajadores por cuenta ajena no pueden ir la huelga, tratar su situación.

Todos ellos fueron desalojados por nueve vehículos antidisturbios aquella noche y desde entonces no les dejan acceder a la empresa, impidiéndoles seguir trabajando pero sin haber rescindido el contrato, dejándoles en una situación de indefensión jurídica en lo que parece un claro intento de justificación para no pagarles a finales de agosto.

Desde ese día, y en el transcurso de este paro o “no huelga” de hasta 260 repartidores, la empresa está haciendo denuncias falsas sobre los “piquetes informativos” montados en los puntos de distribución. Algunos de ellos han llegado a ser detenidos aunque puestos en libertad sin cargos finalmente. Mientras, la empresa ha recurrido a servicios de renting y alquiler de coches privados para repartir los materiales sin contar con los trabajadores.

En Poder Popular hemos podido hablar con Carlos Candel, representante del colectivo en la mesa de negociación durante 1 año. Candel nos ha contado que, tras solicitar arbitraje al Instituto laboral de mediación, Fernando Caballero, director general de Dima, explicó en la asamblea del jueves que tenían que salir 130 personas sí o sí.

“Todo empezó desde que la empresa manifestó que quería imponer el despido del 50% en la plantilla, que son unas 130 personas, y bajar el sueldo un 50% a los restantes” explica. Los trabajadores, por su parte, piden que la compañía mantenga los puestos de trabajo después de agosto, una vez se termine su contrato. A cambio, están dispuestos a aceptar una reducción de 50 euros diarios, 750 euros al mes por persona en total, y que salgan la mitad de despidos – aseguran que habría 75 trabajadores que quieren irse de la empresa de manera voluntaria.

Muchos de nosotros llevamos 40 años repartiendo en la noche. Éramos asalariados de los editores directamente. Desde 1991 bajo el gobierno de Felipe González, cuando se introdujo en el Estatuto de los trabajadores una cláusula para que los trabajadores que tienen que poseer un tipo de autorización para realizar su trabajo, en este caso una tarjeta de transporte de mercancías, no pueden ser trabajadores por cuenta ajena, nuestra vida empezó a cambiar” cuenta Carlos, explicándonos su situación de falso autónomo a pesar que no tienen autonomía de horario, ni de ruta, ni de qué ejemplares reparten. Hasta las facturas se las hace la empresa.

“ABC, El País y La Razón se juntaron en Dima en 2009 para abaratar los costes, generando una deuda de 14 millones. En 2014 venden a Boyaca, una empresa muy antigua de distribución, asumiendo los trabajadores que, eso sí, bajo amenaza de concurso de acreedores, vieron como sus condiciones de trabajo empeoraron: pasaron de trabajar 20 días a 15 días y a ganar 2.200 euros, haciendo jornadas nocturnas y festivos que, después de hacer frente a los gastos del propio transporte: cuota de autónomos, Seguridad Social, vehículo que ronda los 35.000 euros, gasoil, etc.

La empresa además no tiene pérdidas. “Había un compromiso de que nos enseñaran las cuentas de resultados, pero no lo han cumplido todavía. Siempre hablan de declive del sector de la prensa y revistas en papel, pero, no obstante, nos consta que en 2016 ganaron 2 millones y medio de euros” asegura. “Pero se aprovechan de su posición en el sector, prácticamente de monopolio.

Por el momento, los repartidores de prensa han enviado una carta a todos los grupos parlamentarios y fueron recibidos el pasado martes 24 de julio en el Ayuntamiento de Madrid, desde el cual han instado a la empresa a volver a las negociaciones. En contraposición a estos apoyos, se han encontrado con el rechazo de quiosqueros y asociaciones de prensa que alegan que se vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y la libertad de expresión. Casualmente, lo que olvidan son los derechos de los trabajadores y el silencio mediático de las cadenas de televisión pertenecientes a los grupos editores de la prensa. En televisión, tan solo las entidades públicas como TVE y Telemadrid han recogido la noticia.