Víctor de la Fuente | Tras ser rechazada el pasado mes de marzo, con los votos del PP y de Ciudadanos, y ser retrasada por el gobierno de Mariano Rajoy, hoy la ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca volvía al Congreso de los diputados.

Cinco propuestas que recogen las demandas populares de años parando desahucios, de enfrentamientos y litigios constantes contra fondos buitre y multinacionales. Así como de esfuerzos por obligar al Estado, quien habitualmente ha promovido políticas en favor del actual modelo inmobiliario, a tomar medidas ante esta cuestión de vital importancia. Una ley que se torna urgente si atendemos a los datos de desahucios que vienen llenando periódicos desde el inicio de la crisis allá por el año 2008. Si estos ascendieron hasta un total de 60.754 desahucios en 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial, las estadísticas no indican notables descensos a lo largo de 2018. En su lugar, observamos una notable transferencia en los motivos que culminan con esta medida, siendo cada vez mayor el número de desahucios fruto de alquiler en lugar de las hipotecas.

En el texto presentado por la PAH para poner fin a los desahucios y al ascenso descontrolado de los precios del alquiler en la mayoría de las ciudades del Estado se concreta en las siguientes medidas:

1) Dación en pago retroactiva: poner en marcha mecanismos de segunda oportunidad para conceder la condonación de la deuda y la dación en pago. Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas. Derogación de la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.

2) Alquiler asequible y estable: reformar de la LAU para dar seguridad y estabilidad, ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia y establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

3) Fin de los desahucios: moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, transparencia en la cesión de créditos a fondos de titulización, obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación.

4) Fomentar las viviendas sociales: movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, incrementar el parque público de vivienda y alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

5) Garantizar suministros básicos: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas, pago en función de la capacidad adquisitiva y no asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

Finalmente la ILP ha sido aprobada con el apoyo de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, Compromís, PSOE, ERC y EH Bildu y la abstención del PNV. Y con el rechazo de PP y Ciudadanos. La ILP da así un paso más, es aceptada a trámite y pasará a ser debatida y votada en un futuro en el Congreso para que sea transformada en ley.

En pleno auge de los precios del alquiler y las claras demandas de los distintos Sindicatos de Inquilinas que nacen en el Estado, la vivienda toma de nuevo un papel central ante la necesidad de asegurar condiciones materiales dignas para las clases populares.