Maureen Zelaya | El 17 de septiembre de 2018, recién iniciado el juicio oral de los autores materiales del asesinado de Berta Cáceres, se ha suspendido el juicio a decisión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la familia de Berta.

Después de su asesinato y como consecuencia del repudio nacional e internacional, las movilizaciones sociales e incidencia política del COPINH y demás organizaciones sociales hondureñas y de la solidaridad internacional, se capturó a ocho personas relacionadas con la autoría material y quienes tienen vínculos probados con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), el ejército nacional de Honduras, grupos sicariales y empresas de seguridad privada.

En la actual coyuntura, el COPINH aspira a convertir este proceso en un espacio de denuncia pública y de justicia para los pueblos, de construcción y exigibilidad de justicia para las comunidades a través de acciones legales, la movilización social, actividades políticas y artísticas y todo cuanto confronte al sistema corrupto de la justicia hondureña.

En palabras de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora de COPINH e hija de Berta Cáceres, este primer juicio “No es el juicio que nosotros queremos, porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien, es un gesto que el Gobierno quiere hacer a la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Queremos que este juicio no sea sólo ‘justicia para Berta’ sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva para denunciar y transformar situaciones de fondo, como asesinatos, persecución y represión, que quedan en la impunidad” [1].

Al igual que el COPINH, entendemos que la justicia y la reparación se acompañe del reconocimiento de la verdad y con ello, se desenmascare la estructura criminal del Estado hondureño, a través de los siguientes puntos:

1. El hecho que DESA construyó una estructura criminal y corrupta, apoyada en el Estado de Honduras, responsable del asesinato de Berta Cáceres y de los ataques sistemáticos al COPINH y a otros movimientos sociales del país.

2. Desde hace más de dos años, el Ministerio Publico ha ocultado y obstaculizado el acceso a la información para la acusación. Con ello violenta los derechos de las víctimas y tampoco ha permitido que el COPINH se presente como víctima del asesinato. Esclarecer ¿A quiénes benefician estas actuaciones del Ministerio Público?, es clave para desenmascarar las propias estructuras del Estado.

3. Si bien en este primer juicio se exigen todas las garantías y castigo para quienes ejecutaron el asesinato de Berta, la justicia solo llegará hasta que se trastoquen las estructuras de poder que amparan los asesinatos de defensores y defensoras, así como llevar a juicio a quienes planificaron y ordenaron el crimen de Berta.

4. El asesinato de Berta Cáceres es producto de la política represora que el Estado necesita para implementar su política extractivista y de expoliación de recursos en las zonas rurales e indígenas del país.

El llamamiento internacional de solidaridad y apoyo al COPINH en el caso de Berta plantea estas cuestiones señaladas y sus acciones están siendo combativas, tal como lo hemos visto ayer cuando, con la suspensión del juicio, han interpuesto dos denuncias al Tribunal de Sentencia por abuso de autoridad y negación de justicia. También se ha presentado una recusación por considerar que el Tribunal no es imparcial, ya que, a pesar de que este Tribunal emitió resoluciones para que el Ministerio Público cumpliera con entregar la información de la causa a la acusación, éste desobedeció y el Tribunal tuvo una actitud permisiva, obstaculizando el proceso para la familia de Berta y el COPINH. Toda la información del caso puede verse en https://berta.copinh.org/

Movilización de Mujeres indígenas y negras de OFRANEH hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se realiza el primer juicio oral y público en la causa Berta Cáceres.

 

Berta Cáceres, feminista, antirracista, ex dirigente y cofundadora del COPINH

Berta fue asesinada el pasado 02 de marzo de 2016 en la Esperanza, Departamento de Intibucá, zona suroccidental del país. Su asesinato se dio en medio de un proceso de resistencia popular contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, concesionada a DESA en la comunidad indígena lenca de Río Blanco, donde la lucha y el liderazgo de Berta, como defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras, fue fundamental para detener dicho proyecto.

El asesinato de Berta representó un duro golpe contra el COPINH, contra los movimientos sociales hondureños y el pueblo Lenca. Dos años y medio después, por una parte, los poderes fácticos no sólo no han logrado mermar la movilización, ya que sigue más viva que nunca, con cada vez más sectores sociales organizados en colectivos y movimientos que han perdido el miedo y que alzan sus voces diciendo ¡basta! y movilizándose en contra de una estructura estatal tejida para mantener el status quo de privilegios de la oligarquía y la necesaria criminalización de los movimientos sociales en ese contexto. Que la movilización en Honduras está más viva que nunca se ha visto con la contundente respuesta del pueblo hondureño frente a las últimas elecciones de noviembre de 2017, en las que salió reelecto Juan Orlando Hernández [2] bajo múltiples y sustentadas sospechas de fraude, o en la defensa del territorio por parte de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), o las movilizaciones del movimiento estudiantil, por citar distintos ejemplos.

Por otra parte, aunque la exigibilidad de justicia sobre este caso se suma a tantos de este pequeño país de Centroamérica, está poniendo en evidencia el lado más salvaje del capitalismo regional, gracias a la relevancia regional e internacional de la figura de Berta.

Preparación de la vigilia realizada la noche previa al inicio del juicio en las afueras de la Corte Suprema de Justicia.

 

La lucha de los pueblos indígenas de Latinoamérica, desenmascara al modelo capitalista en la región cuya vertiente más sangrienta es el extractivismo y la expoliación de recursos

El modelo de Estado que el capitalismo regional e internacional ha tejido y sigue tejiendo en Honduras, es el modelo al que se aspira en la región: un Estado que institucionaliza la violación generalizada de derechos humanos y persigue a quienes los defienden, en favor de los intereses económicos de la oligarquía nacional y las empresas transnacionales y que, por tanto, no puede ser más que un Estado fallido. En ese contexto, las poblaciones y comunidades indígenas están aún más vulneradas, en medio de un sistema eminentemente racista y clasista que les coloca en una situación de ejercicio de ciudadanía de “segunda categoría”, y que invade y expolia recursos naturales en nombre de un progreso que no beneficia ni a estos pueblos ni a las grandes mayorías.

En los últimos dos años y medio, el COPINH ha mantenido un enfrentamiento directo y una lucha social continua contra los grupos económicos más poderosos de Honduras y contra las instituciones del Estado que buscan mantener la muerte de Berta en la impunidad, tal como en la impunidad se mantienen los abusos policiales, actuaciones paramilitares, ataques y asesinatos contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, y activistas ambientales denunciados por los movimientos sociales y sacados a la luz por distintos organismos [3].

Desde el Estado español, quienes estamos comprometidos con la emancipación de los pueblos del mundo, nos hacemos eco los posicionamientos del COPINH frente al caso. Tal como lo hemos conversado con una activista de la Plataforma por Honduras en Madrid, quien nos expone que “a través de la figura de Berta Cáceres y la lucha del COPINH, se sienta un antecedente de lo que es posible: la lucha colectiva y el poder popular para defenderse de la hostilidad del sistema y del gran capital en territorios indígenas”. Y es que la historia reciente de Honduras y los movimientos sociales de base son una muestra de la construcción de poder popular en la defensa del territorio, como puede verse con la lucha del COPINH o como actualmente está pasando en Guapinol (Tocoa, departamento de Colón) donde compañeros y compañeros de COPA llevan, a día de hoy, 48 días de resistencia en un campamento en rechazo a un proyecto minero que amenaza a las fuentes de agua de las comunidades, no sin enfrentarse a toda la red de hostigamiento, criminalización y persecución militar y paramilitar al que están constantemente expuestos [4].

En este contexto de represión en que viven las poblaciones indígenas cuya dignidad y derechos Berta defendió, el logro de justicia y reparación en el caso de su asesinato significaría un avance en la ruptura de la situación de impunidad estructural en la que se encuentra inmerso el país: una brecha sobre la cual seguir avanzando.

Desde Poder Popular, daremos un seguimiento continuo a este caso y nos sumamos a la campaña de apoyo al COPINH, de la cual puede encontrarse información copinh.org

La campaña se mueve en redes sociales con los hastags #JusticiaParaBerta ; #BertaViveCOPINHSigue ; #AQuienProtegeElMP ; #DESACulpable.

Preparación de la vigilia realizada la noche previa al inicio del juicio en las afueras de la Corte Suprema de Justicia.

 

Notas:

[1] https://copinh.org/

[2] Del Partido Nacional de Honduras, un partido de ideología conservadora y vinculado con el Golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.

[3]  Tal como se publica por distintos canales y organismos internacionales de Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ver https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313309 ; https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/171.asp

[4] Se puede dar seguimiento a través de la Radio Popular del Aguan “La voz de COPA”, en Facebook.