Joana Bregolat i Campos, Diego Fernández Gómez y Claudia Ochoa Gómez | Últimamente los medios de comunicación hablan sobre masters, plagios y corrupción, abriendo la puerta a cuestionar las funciones de la universidad pública, la percepción de privilegios de la élite gobernante y el proceso de desvalorización del conocimiento. Cifuentes, Casado y Montón. Estos nombres han dado paso a la enésima campaña de desprestigio de la universidad pública. Una campaña que, tal como observó en su momento Fernández Buey en los años del Plan Bolonia, se propone ser un nuevo impulso al proceso de mercantilización y privatización de nuestras universidades. Y vaya esto por delante: no son los primeros casos de irregularidades universitarias que aparecen, ni los primeros políticos que los protagonizan, sólo un nuevo encuentro de corrupción dentro de nuestro sistema universitario en mutación.

Las universidades públicas de hoy distan mucho de ser el modelo de universidad que muchas aspiramos a construir. Las mil y una propuestas diseñadas sobre nuestras universidades en los últimos años, lejos de acercarnos al ideal de unas universidades populares, autogestionadas, democráticas y participativas, nos han acrecentado los monstruos. Las quejas que hacemos hoy recuerdan a las que hacían muchas estudiantes ayer, pero con la certeza de que nos encontramos en un negocio de élites dejado a manos del mercado.

Ante la mercantilización de la función universitaria básica de transmitir conocimientos mediante la docencia, encontramos la banalización del conocimiento. La profesionalización del estudiante dentro de la estructura meritocrática de las universidades ha configurado un marco de repetición y competición, dónde la meta no es en ningún caso la asunción del conocimiento sino la consecución del título universitario con mejor gradación. El mundo de las apariencias lleva a pensar que desaprender, falsificar o plagiar supone un trámite más ante la necesidad de un título que dote al estudiante de prestigio, distinción y autoridad en el mercado laboral. Y, resulta en una paradoja, si nos ponemos a pensar en la insistencia de las empresas a adaptar los planes de estudio a las necesidades de futuro.

Banalizar el conocimiento nos lleva a la precarización y depreciación de la función docente, reduciendo su evaluación a la creación científica e investigación. Su mercantilización da lugar a la sobreexplotación de becarias y profesoras en formación, que terminan actuando como parches frente a los déficits del infra-financiación de las universidades. Así, observamos la pérdida de la autonomía universitaria en sentido estricto: se ha generado el olvido de preservar el ejercicio de las libertades de investigación, de cátedra y, en sí mismo, de expresión.

Y la última pieza del proceso de mercantilización universitaria llega con su tercera y última función, a veces olvidada, de crear y organizar hegemonía. La herencia de esta función entró en crisis a medida que se universalizó el acceso a los estudios superiores, rompiendo las barreras clasistas de acceso a la universidad, y constituía la amenaza a la pérdida de privilegios de las élites gobernantes. Su respuesta llegó en la privatización: se presentó el modelo anglosajón como fuente de excelencia universitaria y se inició la colonización de aquellos espacios donde las empresas a corto plazo pudieran sacar buenos rendimientos. E aquí, la importancia de confeccionar unas universidades que se adaptaran a las necesidades de nuestro mercado laboral y empresas de futuro, que nos hicieran competitivos. Pero esta ofensiva inicial no fue suficiente. La aplicación de Bolonia supuso la aceptación de la lógica perversa que acusaba a las estudiantes de clase trabajadora de beneficiarse de unas tasas bajas por su incapacidad de cubrir el precio real de la enseñanza. Y a medida que las hijas de trabajadoras continuamos entrando en las universidades, la verdadera formación de crear y organizar hegemonía, la formación del gobernar y de la élite, pasó de los primeros ciclos – las licenciaturas y los grados– a los posgrados, másteres y doctorados. Cifuentes, Casado y Montón son hijos de este sistema.

El hablar de las universidades a través de estos tres casos de vulneración ética y corrupción debemos confrontar, en especial, esta última función de la universidad que crece en contraposición a cualquier principio de igualdad y justicia social. A su vez, debemos cuestionar toda normalización de estos privilegios: los casos de Cifuentes, Casado y Montón se deberían observar desde la misma óptica que al resto de las estudiantes universitarias, sin entrar a valorar su aportación en la institución y fijando la mirada en el intercambio de favores entre cúpulas de poder, el nepotismo y la incapacidad de las élites de aceptar sus errores.

 

Joana Bregolat i Campos es activista de Obrir Escletxa Barcelona.
Diego Fernández Gómez es activista de Abrir Brecha Madrid.
Claudia Ochoa Gómez es activista de Abrir Brecha Cádiz.