Tania O. Valadez George y Mauricio Morales Morales | En la noche del 1 de octubre de 2018, la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se iluminó con la leyenda “68 Nunca más”. Irónicamente a los pies de esa torre, apenas un mes antes, el 3 de septiembre un grupo de choque reprimió la protesta de estudiantes de bachillerato, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, que semanas antes habían iniciado un paro de labores contra la falta de docentes en su institución. Aquella represión, que dejó varios estudiantes heridos, desencadenó una solidaridad masiva por parte de la comunidad estudiantil de varias instituciones de educación superior y media superior del centro del país. Dos días después se levantó un llamado contra la violencia, pero no la violencia en abstracto, sino la violencia sistemática, orquestada y ejercida desde las cúpulas del poder del Estado y de las autoridades universitarias como cómplices. La violencia sistemática del 3 de septiembre forma parte de la ola de violencia que cada vez se hace más presente y constante en la UNAM y en todo país.

Para pensar en la carga histórica de este llamado masivo contra la violencia, habría que recordar que los grupos porriles han hecho presencia para atacar, romper y amedrentar los movimientos estudiantiles del 68, del 71, del 86, en la huelga del 99, así como en cada ocasión que son útiles para garantizar los intereses particulares de las cúpulas de poder al interior de la universidad. Son organizados y pagados por autoridades universitarias, funcionarios y partidos políticos. En los últimos años, los estudiantes de los CCH´s y Preparatorias de la UNAM han sido blanco constante de agresiones de estos grupos de forma permanente con el fin de desarticular toda organización estudiantil.

A los actos porriles violentos, se suma una larga lista de antecedentes que se convirtieron en demandas de los pliegos de cada institución: en fechas recientes en Ciudad Universitaria han sido encontrado cuerpos sin vida de estudiantes cuyas muertes no han sido esclarecidos, lo que demuestra la ineficiencia de las autoridades universitarias y sus cuerpos de seguridad; resaltan también las alarmantes cifras de feminicidios que azotan a nuestro país y la comunidad universitaria y de jóvenes no ha estado exenta de estos crímenes: en mayo de 2017, Lesvy Berlin Rivera Osorio, quien estudió en el CCH Sur y preparaba su examen de ingreso a licenciatura, fue asesinada en Ciudad Universitaria con el cable de un teléfono público a manos de su novio; en septiembre de ese año, Victoria Pamela Salas de 23 años de edad, fue asesinada de forma cruel y despiadada por su pareja al sur de la ciudad; en agosto del presente año, Miranda Mendoza, estudiante del CCH Oriente, fue secuestrada y un día después encontrada sin vida. Estos son sólo tres casos de los más de 13 mil feminicidios registrados entre 2017 y 2018.

En la multitudinaria movilización de jóvenes estudiantes el pasado 5 de septiembre de 2018 frente a rectoría de la UNAM, entre las consignas que corearon al unísono las miles de voces, se escucharon fuertes las demanda de “Fuera Porros de la UNAM”, “¿Porqué, porqué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina”, “Justicia para Lesvy Berlin”, Victoria y Miranda”, ”Ni una más”, “Queremos vivas a todas las mujeres”, así como la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014. Hay que recordar que en México hay más de 22 mil personas desaparecidas: mientras en el centro del país las y los jóvenes exigían justicia y alto a la violencia, en Veracruz se encontraba una fosa clandestina con al menos 166 cuerpos y en Jalisco dos tráileres abandonados con cientos de cadáveres de desaparecidos, de los cuales más de la mitad eran jóvenes, develaban que el Estado no se da abasto para resguardar los cuerpos de personas no identificadas.

Cuando pensamos las demandas estudiantiles dentro de la complejidad de la realidad mexicana, se evidencia, que la violencia es resultado de un Estado en crisis que, para mantener los privilegios de una clase social y grupos de poder, utiliza la represión de forma sistemática y estructural para callar y criminalizar las voces disidentes, en particular contra las y los jóvenes por su potencial revolucionario.

La organización estudiantil mexicana ha tenido la particularidad de que sus demandas no se limitan al ámbito educativo, sino que se aglutinan en torno a la solidaridad, contra el autoritarismo, por la vida, la libertad y la democracia. Justamente esos ejes son los que han hecho que las demandas de movimientos como el de 1968 tengan vigencia aún cincuenta años después. Aquel pliego petitorio del 68, que entre otras cosas demandaba la libertad de los presos políticos y la disolución del cuerpo de granaderos, hoy tiene aún presencia en las consignas de los jóvenes que pararon más de 30 instituciones educativas en el mes de septiembre.

Cincuenta años después de la brutal represión del 2 de octubre de 1968 se pone de manifiesto que el movimiento de las y los jóvenes de aquél año no terminó la noche de la masacre en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco, sino muy por el contario, dio inicio a una tradición de lucha y organización en todo el país que ha conquistado derechos laborales y estudiantiles, libertades democráticas, sexuales y culturales, y que sobre todo dejó un espíritu combativo y una memoria histórica que reivindica la lucha de las víctimas, sus demandas, su deseo de revolucionar la sociedad. La voz de las y los jóvenes de 1968 hoy resuena con vigor y fuerza en todas las asambleas estudiantiles, las marchas y las pintas de la juventud rebelde que desea transformarlo todo para vivir en un mundo mejor.

 

Tania O. Valadez George y Mauricio Morales Morales son militantes de la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR).