Pepe Mejía | La incineradora de Valdemingómez se puso en marcha hace 23 años. Desde su puesta en funcionamiento ha quemado 300.000 toneladas al año de residuos urbanos procedentes de la capital. Un amplio movimiento social, organizado desde los años 90, ha logrado que el ayuntamiento de Madrid se haya comprometido al cierre de la incineradora para el 2025. Hemos hablado con Javier Navascués (Madrid, 1948), portavoz de Rivas Aire Limpio y miembro de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No que aglutina a más de 45 colectivos sociales, vecinales, sindicales y ecologistas.

 

¿Cuál ha sido el recorrido que habéis hecho para conseguir el cierre de una de las más emblemáticas incineradoras de España?

El anuncio de la instalación de una incineradora tuvo un tremendo impacto en Rivas, una población joven y reivindicativa, y esto generó una movilización potente y sostenida desde los años 90. Hasta el 95 y 96 hubo cortes de carreteras, encadenamiento en las instalaciones en las que participaron diferentes personas, como el actual alcalde de Rivas, de distintas edades. Mantuvimos la presión unos años más pero se produjo la retirada del ayuntamiento en esta pelea que llevaba mal los planes de crecimiento urbanístico con la propaganda contra la incineradora. Esto agotó al movimiento y produjo un vacío de movilizaciones de diez años.

 

¿Y cuándo se reactiva el movimiento?

La vuelta a la preocupación por la incineradora coincide con el nacimiento de Rivas Aire Limpio, que se crea contra la instalación, cerca de Valdemingómez, de la térmica de La Torrecilla promovida por Repsol. Nos opusimos, y en la lucha contra las térmicas intervino Ladislao Martínez. El éxito contra la térmica nos animó a seguir la lucha contra la incineradora. Con Ladis siempre relacionamos ambas luchas.

 

¿Y qué hicisteis después?

Desde el 2010 empezamos a realizar trabajos de investigación sobre el estado y situación de la incineradora. Tuvimos conocimiento de que hubo una denuncia de la propia fiscalía de medioambiente, en 2004, por superar los niveles admisibles en las emisiones de la incineradora. Posteriormente nos enteramos que se había producido una nueva autorización ambiental en 2008 y no se había recibido alegaciones ni de organizaciones ecologistas, ni de ayuntamientos de la zona. Nos sorprendió que con la escasez y pobreza argumentaria autorizara de nuevo la instalación. A partir de ahí hicimos preguntas, indagaciones y llegamos a la conclusión de que se había hecho la autorización sin hacer una evaluación ambiental previa. Por esa razón presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado apoyada por más de diez mil firmas que finalmente fue rechazada, alegando que la fiscalía no tenía competencias contra una administración pública.

 

¿Cuál fue el siguiente paso?

La Fiscalía nos ofrecía buscar otras vías, de ahí partió la idea de tomar contacto con personas que habían padecido graves enfermedades, como cáncer, en la urbanización Pablo Iglesias de Rivas y con ellos acordamos presentar una denuncia penal por el hecho de que no se había hecho una evaluación ambiental previa. La denuncia fue admitida a trámite, hicieron indagaciones pero la jueza concluyó que no había prevaricación aunque el propio fiscal reconocía que la instalación era una instalación contaminante. A partir de ahí volcamos nuestros esfuerzos en el impulso de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, que desde el principio fueron promotoras las grandes organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra.

 

En junio de este año el ayuntamiento de Madrid anunció el cierre de la incineradora de Valdemingómez para el 2025. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es un logro del movimiento vecinal y ecologista tras décadas de lucha. El ayuntamiento tenía previsto un plan de residuos que no contemplaba el cierre de la incineradora. La Alianza Incineradora de Valdemingómez No tuvo un papel importante para que el ayuntamiento abordara el cierre de la incineradora, al cual le hicimos saber nuestra preocupación. Detrás de la Alianza hay una fuerza social y técnica, de organizaciones ecologistas, vecinales, de defensa de la sanidad pública, de las Ampas, y sin adscripción partidaria, con la cual nos presentamos ante la concejala de medioambiente de Madrid. La presión fundamental fue para llevar a cabo un plan de cierre en el centro aprovechando el vencimiento del contrato que se produce en 2020.

 

¿Por qué cree que el ayuntamiento ha aceptado un plazo para el cierre de la incineradora?

Porque desde la Alianza hemos tenido una posición muy clara, de exigir que el cierre de la incineradora era un objetivo que tenía que incluirse en los planes de residuos. Había riesgos a la salud y les hicimos ver que era imposible hacer una política de aprovechamiento de residuos combinada con el mantenimiento de la incineradora, que obliga al ayuntamiento a incinerar 300 mil toneladas de residuos al año. Sabanés nos dijo desde un principio que no se iba a renovar el contrato actual. Y que si se renovaba no sería por 25 años, sino más corto.

 

¿Cuál ha sido la posición de los partidos?

Ciudadanos estuvo activo exigiendo un estudio epidemológico sobre los efectos relacionados con la incineradora en Madrid ciudad. Nosotros, desde 2017, tuvimos reuniones con responsables de medioambiente de Ciudadanos a los cuales mostramos nuestra preocupación y esos contactos generaron esa iniciativa. Nuestra posición siempre ha sido notener una especial conexión con determinado partido, queríamos mantener nuestro perfil de movimiento social apartidista, pero manteniendo relaciones con partidos que tienen presencia institucional. Exigimos un estudio epidemológico no sólo en Rivas sino en todo Madrid y llevamos una propuesta a la Asamblea de Madrid de la Comunidad de Madrid y esa propuesta fue apoya por el Psoe, Ciudadanos y la posición contraria del PP. Unidos Podemos apoyó y presentó la moción.

 

¿Cómo valora la posición del PP?

No hemos tenido relaciones directas. Hemos conocido su posición después de un debate de presentación del plan de residuos de la concejalía de Sabanés. Desde mi punto de vista tienen una posición confusa. Por un lado dicen que es difícil el cierre pero no dicen rotundamente que apoyan a la incineradora. Hay tres municipios que se han pronunciado en contra de la incineradora. Getafe, Rivas y San Fernando. En los dos primeros los concejales del PP han apoyado el rechazo a la incineradora, en el caso de San Fernando se abstuvieron, pero mucho nos tememos su posición negacionista de los efectos para la salud, como está haciendo en el tema de la calidad ambiental y medidas para la reducción del tráfico en Madrid.

 

¿Y cuál ha sido y es el papel de la empresa?

En este proceso han intervenido varias empresas, primero Tirmadrid y ahora URBASER, antes de Florentino Pérez y actualmente de capital chino , y está claro que la empresa va argumentar contra el cierre. Al respecto, en un artículo publicado recientemente, se niega los efectos para la salud de la incineradora y en cambio valora mucho la energía eléctrica que produce. El argumento es que Madrid no puede renunciar a esa producción de energía. También tenemos conocimiento de que hay intenciones de vender u ofrecer agua caliente generada por la incineradora a barrios cercanos a la incineradora.

 

¿Qué medidas existen para hacer cumplir al ayuntamiento el plan de cierre de la incineradora?

Para nosotras lo más importante es que se establezca un plan serio de cierre de la incineradora. Los plazos son importantes, es más, sería importante acortar los plazos pero más importante es que el plan vaya adelante y reciba los apoyos políticos necesarios. Todavía en la Alianza tenemos que afinar las decisiones pero lo más importante es mejorar los controles de la incineradora, presionar para mejorar los controles que se han hecho hasta ahora. En mi opinión, debería hacerse una auditoría ambiental que permitiría un mejor control de los efectos concentrados en el aire y el suelo. Nuevas mediciones de las emisiones, incluso un estudio comparado del conjunto de datos que tiene la administración de las emisiones dentro de las chimeneas y fuera. La Alianza debería pedir una auditoría específica sobre la planta y reforzar los controles. Así no perdemos la presión sobre los riesgos en la salud y respondemos a las irregularidades que hemos detectado y manteniendo las movilizaciones.

 

El cumplimiento del Plan ¿depende que continúe este gobierno en el ayuntamiento de Madrid?

Creo que debemos defender un plan que sea difícil contestar por nadie. Tenemos el apoyo asegurado del Psoe, Podemos, Ahora Madrid y Ciudadanos. La posición del PP es más complicada pero ya veremos ante un compromiso firme. El plan de cierre podría ser aprobado en la legislatura actual. Si ese plan tiene la unanimidad queda a salvo de un cambio de gobierno. ¿Hay posibilidades? Yo no lo descarto, aunque es poco probable de que el PP se apunte pero ya veremos…