Ixone Rekalde | Las cerca de 5.000 profesionales (la inmensa mayoría mujeres) que trabajan en las residencias para personas mayores, centros de día y pisos tutelados de Gipuzkoa, están convocadas a 17 jornadas de paro por el sindicato ELA -representa al 60,4% del sector- en los próximos tres meses y que persiguen la renovación del convenio colectivo. Afirman que están bien organizadas y que van a por todas, incluso estar un año de huelga, recordando que en 2017 consiguieron firmar un nuevo convenio en las residencias de Bizkaia, después de 370 días de huelga y movilizaciones.

La primera jornada de huelga fue el 28 de septiembre, y afirma ELA que el seguimiento fue muy amplio, mientras como suele ser habitual en estas situaciones de conflicto laboral, la patronal dijo que el seguimiento fue escaso.
Cabe destacar que es ELA quien convoca a la huelga en las residencias, mientras LAB sopesa sumarse y UGT y CCOO hoy lo descartan.

El calendario previsto de movilizaciones de no lograrse un acuerdo con la patronal, es el siguiente: Además de la jornada del 28 de septiembre, el 24, 25 y 26 de octubre, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y los días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre.

En términos salariales, las trabajadoras de las residencias cobran un sueldo que llega a los 1.200 euros al mes, si trabajan todos los festivos. Sin festivos, son 1.100 más o menos. Y su jornada laboral es de seis horas y media al día siete días seguidos, tras lo cual descansan dos días, salvo una semana al mes en que libran solo una jornada. Tienen derecho a descansar un fin de semana al mes.

Tal y como afirman desde el sindicato ELA, es un sector precarizado y si lo comparamos con otros sectores masculinizados, financiados también por la administración pública, donde los puestos de trabajo no requieren de una titulación específica, como por ejemplo el sector de la limpieza viaria, la retribución es el 30% menos. Es obvio que ninguna trabajadora, ni ningún sindicato piden que los trabajadores de estos sectores cobren menos, ni mucho menos. Pero es imprescindible comparar ambos sectores para resaltar la enorme brecha salarial que oscila actualmente entre 6.000-7.000 euros de diferencia.

Además de las reivindicaciones salariales, son tan importantes reivindicaciones como la antigüedad, plus de domingos, festivos y nocturnidad, descanso, mejoras en la conciliación, reducción de carga de trabajo, estabilizar las atribuciones laborales, estabilizar la plantilla…

Resumiendo, aumentar las contrataciones y dar estabilidad laboral a las trabajadoras. Y estos ratios, aumentar el número de cuidadoras para atender mejor a nuestros mayores, no se negocian con la patronal. Se negocian con la administración.

Y resulta que nos encontramos con un sector estratégico, esencial para un sistema social que ponga la vida en el centro la política, que está mayoritariamente externalizado, es decir son empresas privadas concesionarias del servicio, donde la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene contratado un 90 % del servicio y lo financia al 60%. Pero la negociación del convenio 2017-2018 es entre sindicatos y patronal. Externalización de un servicio público, con dinero público, para hacer negocio privado. Empresas privadas, cuyo objetivo es la máxima rentabilidad reduciendo al máximo los costes, y en definitiva explotando y precarizando a las trabajadoras de las residencias. Pero precarizar a las trabajadoras de las residencias, es precarizar las condiciones de vida de nuestros mayores. Porque tal y como afirman las propias trabajadoras, “las cargas de trabajo en estos centros son enormes, cada vez mayores; y el tiempo para el cuidado es menor, lo que nos hace poner en cuestión la calidad del servicio”.

Decíamos más arriba, que las Diputaciones Forales financian las residencias al 60%. Así, recientemente el Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha publicado la estimación para la recaudación por tributos concertados, que serán 14.706’5 M €, 315’2 M € más de lo presupuestado inicialmente. Las tres diputaciones forales de Euskadi van a recaudar más de lo previsto, diputaciones gobernadas por la coalición PNV-PSE, la Euskaltroika, y así tanto el consejero de hacienda del gobierno vasco (Pedro Aspiazu), como los 3 Diputados Generales (Unai Rementería de Bizkaia, Markel Olano de Gipuzkoa y Ramiro Gonzáles de Araba) sacan pecho henchidos de orgullo y (auto)satisfacción. Pero lo cierto es que el llamado “Oasis Vasco” hace aguas de cara a esa propaganda oficial y no es tal, sino todo lo contrario. La administración pública mira hacia otro lado y hace ver a la sociedad que esto es otro conflicto laboral más y que deben ser las representantes sindicales de las trabajadoras y la patronal del sector (Adegi y Garen mayoritariamente) quienes deben llegar a un acuerdo, pero carga las tintas contra las trabajadoras cuando afirman desde la diputación que no van a permitir ninguna merma en la calidad de las personas usuarias de las residencias.

Las residencias de mayores es un sector estratégico en la lucha por cambiar este sistema capitalista y depredador, porque hablamos de un sector de los cuidados, un sector muy feminizado y muy precario. Porque en este camino hacia otro modelo de sociedad, hacia otro sistema productivo, amable, sostenido, que ponga en el centro la vida de todas nosotras, esta lucha de las compañeras de las residencias, es una lucha que conjuga las demandas básicas del movimiento feminista. Es una lucha de clases, es una lucha por la igualdad y es una lucha por poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Además, y no menos importante, trae a primera línea del debate político la necesidad democrática de publificar los servicio estratégicos de un Estado democrático. La vida, y por consiguiente los cuidados, no son un negocio y no son rentables en términos económicos. Los cuidados, en todas sus vertientes, desde cuidados en edad temprana, hasta los cuidados de las persona dependientes, personas diversas funcionales etc. tienen que ser unos servicios públicos y de gestión pública. A los sindicatos les compete la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras. Pero debemos ir más allá y exigir políticas públicas para defender un sistema público de los cuidados.

Las ciudadanas tenemos que acompañar a nuestras compañeras cuidadoras en esta lucha porque es una reivindicación histórica y es una deuda moral de los sindicatos, patronal y la sociedad en general. Porque han estado invisibilizadas por ser mujeres y por “no ser productivas”. El 8M se oyeron discursos claros a favor de la igualdad, y en contra de la brecha salarial y etc. Es hora de pasar de lo dicho al hecho, de materializar en realidad ese discurso.