Mania Barsefski | Las subastas de viviendas de ciudadanos, dictadas por las llamadas Instituciones europeas y el FMI, que supervisan la demolición total de los derechos sociales y el estado de bienestar en Grecia y que están siendo aplicadas por un gobierno que dice estar “a la izquierda”, implican una transferencia masiva de capital y propiedades del pueblo griego a bancos, fondos inmobiliarios y grandes capitalistas. Entre octubre y finales de 2018, los bancos han llevado a cabo más de 5000 subastas, a través de una plataforma electrónica administrada por notarios. Se prevén más de 130,000 subastas hasta 2021. Esto supondrá una pérdida del hogar para cientos de miles de personas en un país donde un gran porcentaje de su población es propietaria de su hogar, debido a la ausencia de una política de protección de este derecho fundamental. A pesar de las afirmaciones del gobierno, no hay ninguna protección contra la pérdida de vivienda. Las condiciones económicas impuestas por los bancos incluso para iniciar el proceso de liquidación de deudas individuales son insostenibles.

El gobierno de SYRIZA, un gobierno que se ha integrado completamente en el campo neoliberal, recurre a calumnias contra el movimiento que se está movilizando contra las subastas, alegando que protege a los “malos pagadores estratégicos”. La verdad es justo lo contrario. El gobierno y los bancos han otorgado préstamos de millones de euros a grandes empresarios, al mismo tiempo que las grandes saqueadores de la riqueza pública siguen siendo libres de continuar sus actividades. Por el contrario, quienes pierden sus hogares sin poder salvarlos se ven impotentes para pagar los préstamos adquiridos antes de la crisis económica y la imposición de “memorandos”: diez años de aplicación de políticas de austeridad extrema han agotado a la sociedad griega. El salario mínimo, tocado por la mayoría de los trabajadores, es inferior a 600 euros. La mayoría de los pensionistas viven bajo el umbral de la pobreza. Decenas de miles de pequeñas empresas están cerradas. Hay más de 1,500,000 personas desempleadas en un país pequeño. Mientras tanto, los bancos se han recapitalizado dos veces, con un aumento de la deuda pública de más de 45 billones de euros. Se espera que las personas paguen los costos a través de un impuesto asfixiante que afecta a los no privilegiados, a los trabajadores y a los pequeños agricultores.

Es obvio que estas medidas de tal extrema austeridad y saqueo de bienes comunes no pueden aplicarse sin el endurecimiento de la represión. Acompañando su ataque a los derechos de vivienda por parte de la policía y la represión judicial, el gobierno, en colaboración con los partidos de la derecha, votó en el parlamento en diciembre una ley que prohíbe las protestas en lugares de subastas, imponiendo fuertes sanciones a los que luchan para impedirlas. Decenas de activistas han sido citadas y citados a declarar ante los jueces de instrucción y se les procesa mediante acusaciones incoherentes, argumentando que su presencia física frente a los tribunales o frente a las oficinas de notarios habrían impedido “el desarrollo normal” de las subastas.

Es en este contexto que se produce el procesamiento judicial del Secretario del Partido de Unidad Popular, Panayotis Lafazanis, ex Ministro de Energía en el primer gobierno de SYRIZA, quien junto con otros 33 parlamentarios se negaron a capitular y votar a favor de los memorandos. La Unidad Popular reúne a la mayoría de las fuerzas que surgieron de SYRIZA en 2015, así como a otras organizaciones de la izquierda radical.

El camarada Lafazanis, acusado de instigar el movimiento contra las subastas, fue convocado por primera vez por el “Servicio Estatal de Protección y el Régimen Republicano” (una rama especial de los servicios secretos que depende directamente del Ministerio del Orden Público, que se supone trata los asuntos de terrorismo y seguridad del Estado), así como una segunda vez después de una demanda presentada en su contra por una sociedad Off-shore situada en Liberia. Lafazanis se negó a comparecer para defenderse ante los jueces de investigación, declarando que esta convocación era anticonstitucional, antidemocrática e ilegal.

Si es condenado por el tribunal, se enfrentaría a penas de prisión de hasta 9 años.

Esta es la primera acusación en Grecia de un dirigente que lidera un partido político de izquierda después de la caída de la junta militar en 1974, durante la cual Lafazanis fue encarcelado como miembro de la juventud del PC. Su procesamiento penal es altamente simbólico y una amenaza para la democracia. Es por ello que se formó en torno a este caso y en torno a los procesamientos de otros activistas perseguidos un amplio movimiento de solidaridad que integraba todas las fuerzas de la izquierda radical, incluido el PC griego, quien ha publicado un mensaje condenando estos procesamientos.

Por todas estas razones entendemos que es necesario expresar la más amplia solidaridad internacional.

 

Mania Barsefski es miembro del Consejo Político de Unidad Popular.