Juan García | Una respuesta abierta.

¡¡ALCOA no se cierra!! El clamor repetido en miles de gargantas, es una vez más la expresión de una historia muchas veces repetida: la angustia que provoca el funcionamiento de la leyes capitalistas de la economía en su expresión más desnuda y despiadada sobre los trabajadores afectados por la pérdida de empleos y la decadencia de los territorios golpeados por el capricho del beneficio privado de unos pocos.

La” crisis” de ALCOA, empresa multinacional, que ante la evolución del mercado mundial del Aluminio y sus derivados, y la incierta continuidad de la política de subvenciones públicas generosas y seguras, ha decidido cerrar las factorías de Avilés y A Coruña dejando sin trabajo a 700 trabajadores de forma directa, conforma una nueva edición de la historia interminable de la voracidad y el cinismo capitalista.

En los motivos aducidos por la dirección de la Multinacional para su cierre sin apelación posible, hay una mezcla de hechos y datos diversos, en los que es imprescindible discriminar lo real de lo ficticio, el fraude y el robo, de lo objetivo de la lógica del capital, la miopía de los diversos actores del drama, de las intenciones efectivas de los mismos y su proceder en todo este tiempo. En el fragor de la lucha desatada por los trabajadores de las fabricas, de la solidaridad de la población trabajadora manifestada de muy diversos modos, de las declaraciones políticas de instituciones y grupos políticos, diálogos y negociaciones varios y, en definitiva, de la alarma y urgencia por evitar el desastre anunciado, se puede generar una densa neblina que no deje ver la responsabilidad de los personajes del drama y dificulte la correcta evaluación de las apreciaciones de la situación y alternativas en confrontación abierta. Cerrar filas en la lucha es incuestionable, confundir las diferentes posiciones políticas injustificables.

Veamos el drama en su representación real y sus “dramatis personae” en acción:

Año 1998, Aznar presidente, ALCOA compró la empresa pública INESPAL, una vez saneada financieramente y después de inversiones que la dejan limpia y aseada para el nuevo propietario. ALCOA debía pagar 383 millones de euros por la compra de la empresa. Además se comprometía mantener durante 10 años el empleo existente, realizar inversiones por un total de 390 millones de Euros, con el objetivo de incrementar la actividad, desarrollar nuevos productos, realizar adaptaciones a la normativa medioambiental y mantener el empleo.

El Estado, antes de la venta a ALCOA y de manera sostenida desde 1990, realizó inversiones y efectuó un saneamiento financiero por un valor de 587 millones de euros, de los que 437 se desembolsaron en los dos años previos a la privatización. Como resultado del esfuerzo realizado se genera un coste financiero de 187 millones de euros a descontar del precio de venta, además se indemniza por 9 millones de euros a los accionistas minoritarios de la antigua INESPAL. Posteriormente la multinacional efectúa reclamaciones diversas (relacionadas con el coste energético alguno de ellas) que supone que el estado suelte 93 millones de euros extras.

Como vemos la cosa sale como dice el viejo refrán: “lo comido por lo servido”. De hecho, un informe del Tribunal de cuentas del año 2006 ya señalaba que la venta de INESPAL podía suponer un agujero de 456 millones de euros para el Estado. Toda esta sangría de dinero público es solo una pálida versión de una realidad mucho peor, si tenemos en cuenta la subvención del coste energético para la empresa durante cerca de 16 años, algo sobre lo que existe una opacidad absoluta. Sólo en 2008 se admitía una factura para el Estado por sobrecoste energético de 37 millones de Euros que ALCOA les endosaba en función del acuerdo de privatización. En definitiva, una ruina, un escándalo, un robo de bandoleros con trabuco y todo, pero, eso sí, ricos.

ALCOA presento unos beneficios entre 1998 y 2014 de 1.731 millones de euros sin incluir los datos de su planta de San cibrao, en Lugo, que fueron de 191 millones. Cinco veces el precio que debió pagar por la compra de INESPAL y que jamás hizo efectivo. Las fabricas ahora amenazadas de cierre proporcionaron un beneficio a la compañía de 1.492 millones de euros hasta 2013, año en el que la multinacional procedió a una reorganización societaria que supuso colocar a las fabricas de Avilés y Coruña en una división de negocio, diferente a la de San Cibrao en Lugo. De este modo, ALCOA comenzaba a diseñar su estrategia que a través de un operativo que las empresas multinacionales realizan de modo cotidiano y que les permiten transferir beneficios y costes de unas unidades de negocia a otras y evadir impuestos realizando reestructuraciones, ventas y cierres basados aparentemente en criterio objetivos de mercado y optimización de recursos: los precios de transferencia entre compañías vinculadas del mismo grupo.

Este apartado es muy importante, porque más del 60% del comercio mundial lo representan operaciones de compra-venta dentro del mismo Grupo. Además de la evasión fiscal que alcanza niveles de escándalo, operaciones financieras ficticias de endeudamiento y sobrecostes en los suministros, este mundo oscuro constituye una herramienta fundamental para diseñar estrategias que conducen a justificar cierres de áreas de negocio que no interesan simplemente porque resulta más barato y fácil transferirlas a otro lugar. Este mecanismo opera a pleno pulmón en el caso que nos ocupa.

Los sindicatos denuncian que ALCOA sólo invirtió unos 150 millones de Euros, de los 390 comprometidos para los primeros 10 años posteriores a la privatización y, lejos de mantener el empleo, ya se había deshecho de 1000 trabajadores de los 4500 que se comprometió a mantener en ese lapsus temporal. Ellos lo negaron y aseguraron inversiones por un importe de 300 millones, pero no existe forma de saberlo. Lo cierto es que las inversiones que se comprobaron a través del registro mercantil sólo representan el 22% de los beneficios obtenidos por la compañía desde que le regalaron INESPAL. Y casi todas ellas como resultado de las exigencias de la UE de adaptación medioambiental.

Actualmente sólo quedan algo menos de 2000 trabajadores en el conjunto de factorías de la multinacional, después de estos cierres serán 1300, localizados en las dos instalaciones de San Cibrao en Lugo. Incluso este último contingente de trabajadores no puede tener la seguridad de que no sea liquidado en los próximos años. Durante todo este tiempo, lejos de cumplir con su plan de inversiones comprometido, sólo se ha dedicado a vender plantas y deshacerse de trabajadores. Muchas de estas ventas sólo han sido un breve tránsito hacia el despido de sus trabajadores y la desaparición de actividad industrial en un país donde cada vez ésta es más escasa y vulnerable. ALCOA es un caso que desmiente los supuestos beneficios incontestables de las privatizaciones en matera de eficiencia económica, empleo de calidad y fortalecimiento de la economía.

Otro de los indiscutibles villanos de este drama es el gobierno del Estado, en sus diversas personificaciones de derecha e izquierda. Cierto es que el gobierno del PP vendió la empresa en condiciones de saldo y que, a medida que se materializaban los efectos de ese verdadero pacto de sangre entre villanos, uno de ellos aportaba cada vez más sustancia vital de aquello que debía administrar con celo y cuidado: el dinero público, que sale de los impuestos, que sobre todo y de forma inexorable pagan los trabajadores, esos mismos a los que se le niega mejor educación, sanidad, dependencia, vivienda, servicios públicos dignos e universales, además de unas pensiones que cubran dignamente su retiro de años de trabajo duro. Pero como vemos para Multinacionales como ALCOA no existe ninguna traba para drenar dinero público por un medio u otro, ni siquiera existe voluntad de justificar lo realizado, ni explicar por qué se premia la irresponsabilidad de un ricachón insolente e insensible como éste. Zapatero y el PSOE no cuestionaron nada de todo esto, no investigaron de manera responsable tanto latrocinio criminal con dinero y recursos que no son suyos y mucho menos se le paso por la mente cambiar el rumbo de esta política. Al contrario, cuando la política de subvencionar el precio de la electricidad acordada por el gobierno PP fue desmantelada desde Bruselas por competencia desleal, se creó un nuevo mecanismo la interrumpibilidad, con el fin exclusivo de darle una continuidad a esa práctica intolerable. Más adelante se inventó lo de las subastas de paquetes de consumo eléctrico a precio fijo, procedimiento más incierto pues debía compatibilizarse con dejar intactos los beneficios de las compañías eléctricas. Entre tanto: 2500 empleos menos, 11 centros de trabajo liquidados y en general una descapitalización real de las fábricas que ahora se quieren cerrar en Avilés y A Coruña.

Estos son los resultados de gobiernos al servicio de los capitalistas y que sólo emiten lamentos de filisteo cuando el clamor popular de indignación y lucha les coloca bajo la luz de una tragedia anunciada. ¡Ninguna confianza en sus promesas! Esa es una divisa que debe figurar en las banderas de esta lucha.

Por último, queda por mencionar el papel de otros personajes que más que villanos juegan en este drama el triste personaje del Cortesano bienintencionado y bobalicón, que observa muchas de las cosas que pasan con la resignación y fatalidad de un mal inexorable, casi natural, al que oponerse de un modo decidido y consistente es inútil porque la fuerzas a que hay que enfrentarse son casi divinas. Me estoy refiriendo como algún que otro perspicaz lector ya habrá advertido a las organizaciones sindicales mayoritarias UGT y CCOO. Cierto es que no estaban de acuerdo con las privatizaciones de empresas públicas, pero escasos esfuerzos hicieron para oponerse a ellas y rápidamente se acomodararon a las nuevas circunstancias. Redujeron su angulo de visión de manera consciente y en todo momento no practicaron una política sindical unitaria para ALCOA, contestando a cada golpe de la multinacional con una respuesta unitaria de todos los trabajadores y una exigencia de fin del drenaje de dinero público y la reversión al sector público de la actividad industrial de la misma. Las repuestas de lucha en todo este periodo allí donde se dieron se agotaron en sí mismas sin conseguir una extensión y generalización totalmente necesaria para lograr sus objetivos. La responsabilidad, por ello, es totalmente de los sindicatos que se llaman de clase y que precisamente justifican su existencia en ese papel totalizador de las experiencias y demandas de la lucha obrera.

Aprender de los errores y escuchar las críticas con atención para escrutar lo dicho y hecho por uno mismo es un ejercicio indispensable para avanzar en una nueva situación conflictiva. Estamos en ese punto.

La nueva etapa abierta por el anuncio de cierre de las fábricas de Avilés y A Coruña podemos decir que es definitiva. Su desarrollo y desenlace no solo es un capitulo determinante para el futuro de lo que quede de ALCOA, sino en general marcará el rumbo de futuros movimientos de otras multinacionales sobre todo en el arco geográfico del Cantábrico. La oposición a este cierre exige, entre otras cosas, demandas y objetivos diferentes a los que marcaron episodios de lucha anteriores y planes de lucha distintos.

Vayamos por partes:

Desde luego que hay que rechazar el ERE por sus formas y fondo. Insistir en la viabilidad de la actividad de las fábricas poniendo en práctica inversiones no efectuadas hasta ahora por la dirección de ALCOA y rechazando las manipulaciones para desviar pedidos o dificultar ventas en el mercado mediante práctica de incrementar sobrecostes a través de la manipulación de precios de transferencia o el incremento de cargas financieras. Es necesario oponerse a reorganizaciones societarias que disocian las especializaciones productivas de las diferentes plantas y renuncian a la integración y complementariedad de las mismas para liquidar unidades productivas en un sitio, deslocalizándolas a otro o externalizando actividad a otras empresas subcontratistas. Sin embargo, eso es casi una tarea de dioses del Olimpo en el capitalismo neoliberal de hoy día. Esas prácticas son el leitmotiv de las empresas corporativas del presente.

Debemos exigir la nacionalización de ALCOA bajo control de los trabajadores. Esto significa la reintegración a lo público de las plantas amenazadas de Avilés y A Coruña y además de la que ahora parece fuera de peligro de San Cibrao. Esta medida es la única posible para frenar el diabólico proceder de ALCOA y garantizar un futuro al sector del Aluminio. Y no se trata de nacionalizar para después vender a otros capitalistas que pudiesen comportarse como carroñeros que acabasen liquidando parte o todo de lo recibido o bien seguir dando dinero público a carretadas para apaciguar a la bestia. De lo que hablamos es de crear una empresa pública viable mediante inversiones y un plan industrial de futuro.

Basta de regalar dinero público a los capitalistas. Pongamos fin al descalabro fiscal que provocan las prácticas incontroladas de los grupos multinacionales como ALCOA. Sólo ese camino puede garantizar el empleo y la actividad económica que necesitan zonas como Galicia y Asturias.

Desde luego el camino no será sencillo y seguramente las dificultades no desaparecerán por enunciar esta o aquella propuesta. Todo este proyecto debe integrase en una verdadera política industrial pública que planifique los medios y objetivos necesarios para una industria que genere valor añadido y empleo de calidad con respeto al medio ambiente y generando una base fiscal que permita obtener recursos para inversión y gasto social.

En este punto es necesario referirse a la cuestión del consumo electro-intensivo de ALCOA y de otras empresas industriales. ALCOA afirma que los costes de la factura eléctrica suponen entre el 40 y 45 % de sus costes totales. Desde que ALCOA se hizo con INESPAL por diversas formas ha obtenido dinero del Estado para reducir este coste. Ahora parece cada vez más difícil continuar en esta senda de manera indolora. Las grandes empresas eléctricas son verdaderos vampiros, cuyos beneficios son sacrosantos y, por lo tanto, sacrificar éstos en beneficio de ALCOA u otra empresa es una opción imposible. Y el Estado tiene serias dificultades para seguir haciendo regalos fiscales.

Esto nos lleva a plantearnos otro dilema. Sólo podremos garantizar una política energética que sirva a los intereses de la mayoría social y a la economía productiva declarando el suministro energético bien público y, por lo tanto, arrancándolo de las garras de las multinacionales, creando una Corporación Publica del sector eléctrico, que permita realizar una transición energética ecológica y socialmente justa. Este aspecto es un complemento imprescindible para cualquier política industrial de futuro en interés de la población trabajadora.

La lucha está por delante, aún es posible revertir esta situación, frenar la amenaza de despidos masivos, impedir un declive mayor de comarcas enteras de Asturias y Galicia.

Pero la lucha debe generalizarse, la dirección de la misma unificarse y los objetivos deben abarcar las raíces del mal que origina todo esto. En ese sentido y desde una humilde posición avanzamos algunas ideas:

1º) Crear un Comité unitario que coordine los esfuerzos de los comités de empresa de las factorías de ALCOA y elabore una plataforma común de propuestas.

2º) Coordinar las acciones de lucha y movilización de los diferentes territorios afectados. Organizar a este nivel los esfuerzos, con plataformas amplias que generen iniciativas y debate sobre la situación y sus salidas posibles.

3º) Extender la lucha al resto de los sectores industriales de los territorios, coordinando acciones que visibilicen el esfuerzo común por defender el empleo y el futuro de su actividad.

4º) Exigir que las administraciones locales, autonómicas y el gobierno del Estado se pronuncien de manera clara y sin ambigüedades sobre las medidas políticas eficaces para evitar este desastre.

5º) Los partidos políticos deben contestar, mas allá de declaraciones genéricas de solidaridad y preocupación, cuáles son sus alternativas para solucionar la situación.

6ª) Los grandes sindicatos tienen que implicarse con todo su peso, negándose a soluciones equivocas y de corto plazo, de cuyos desastrosos resultados ya conocemos ejemplos numerosos.

ALCOA no se cierra, debe expropiarse. Expropiar a los expropiado res para salvar la industria y los empleos de los que viven de su trabajo. La lucha ahora sólo empieza.

 

Juan García es militante de Anticapitalistes Asturies.