Ixone Rekalde y Xavi Mínguez | El pasado 14 Noviembre 2018 se cumplieron 2 años desde que Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz están encarcelados y privados de libertad. Son junto a Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola “los chavales de Alsasua”, aquellos que en la madrugada del 15 de Octubre del 2016, presuntamente protagonizaron una pelea contra dos guardia civiles y sus parejas.

Una pelea en la puerta de un bar que terminó instruida en la Audiencia Nacional por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela. Cabe recordar que esta Juez encarceló a los líderes del “procés” catalán por primera vez; desde hace unos meses es magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Carmen Lamela es una Juez obsesionada con el terrorismo, ya que consideró como delitos de terrorismo tanto los hechos de Altsasu como los altercados de Iruñea por el que fueron encarcelados de manera preventiva “los cuatro de Orereta”.

Lamela señaló que lo ocurrido en Altsasu era parte de la “estrategia” de ETA contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en Euskadi y Nafarroa. Para ello, se valió de un documento incautado en el año 2000, que se presentó como “manual práctico” de esa estrategia. Hay gente que mira al pasado, gente que no lo puede olvidar, y gente que vive todavía en él y de él. Siete años de que ETA declarara el fin definitivo de la violencia, y dos años después de su desarme, tiempo en el que se han dado pasos importantes hacia la normalización política y la restauración de las heridas de la violencia política, hay miembros del poder judicial que todavía están anclados en la doctrina del “todo es ETA”, una tesis que en el caso de Altsasu se ha llevado a unos límites increíbles de indecencia judicial.

El Ministerio Público pedía para los ocho acusados entre 12 y 62 años de prisión por cuatro delitos de lesiones y amenazas terroristas. Aún así, en Junio de 2018, la Audiencia Nacional no vio delitos de terrorismo y expuso que no se ha probado “que exista una vinculación real y verdadera de los procesados con ETA” y que “ni siquiera eran mayores de edad cuando, en el año 2011 o 2012, la banda terrorista manifestó que abandonaba la lucha armada”.

Arrastrado por esa inercia del “todo es ETA”, y presionado por la derecha y la extrema derecha de partidos como Vox, C’s y el PP, o asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite, la jueza condenó por atentado y lesiones a Ohian Arnanz e Iñaki Abad (13 años), Adur Ramírez y Jokin Unamuno (12 años), Julen Goicoechea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola (9 años). A Abad y Arnánz les condenó además por desórdenes públicos, y a Ainara Urquijo le condenó a 2 años de prisión por amenazas y desórdenes públicos.

Detrás del “todo es ETA” está todo el arco ideológico de extrema derecha, heredera de aquellos que ganaron la guerra, de los que impusieron su ley en el nacimiento de un régimen del 78 que no rompió con los 40 años de dictadura. Nostálgicos de aquella época dura y oscura de las dos Españas, del ruido de sables de los primeros años de democracia, donde la actividad de ETA era de una gran crudeza, han hecho de estos chavales y del pueblo de Altsasu un campo de batalla político e ideológico para ahondar en la construcción de esa identidad nacional española recalcitrante, llevar la política conservadora hacia posiciones ultras, pretendiendo abrir huecos de cara a las próximas citas electorales.

Detrás de esta aberración jurídica, de esta utilización política de un pueblo navarro, está la vida truncada de siete chicos y chicas, sus familias y compañeras, mucho sufrimiento y un pueblo injustamente señalado.

Es importante, y así lo hace la ciudadanía, mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola, así como con sus familias y con el pueblo de Altsasu. Así como mostrar nuestra más firme admiración a las familias y al pueblo por su dignidad y defensa de “los chavales” y la defensa de los valores democráticos que deberían de regir una sociedad justa.

La condena es una venganza en toda regla, es cruel y desproporcionada. Es un abuso de poder y un ensañamiento desmedido. Los chavales de Altsasu fueron condenados antes de ser juzgados y se creó un relato específico para ello. Durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral, y en la misma sentencia se vulneraron derechos y principios básicos del derecho penal. Se vulneraron derechos cuando se mantuvo la prisión preventiva de 3 chavales durante más de un año y medio.

Pedimos JUSTICIA, y una revisión profunda de la ley antiterrorista y las leyes postfranquistas que facilitan la involución de derechos civiles y políticos, que cercenan la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, el derecho a la disidencia. Leyes desde las que se intenta que la sociedad civil tenga menos espacio para ejercer su derecho a la discrepancia política.

Queremos animar a toda la ciudadanía a seguir acompañando a los chavales y sus familias en todas las reivindicaciones y secundar las movilizaciones.

Y creemos firmemente que toca organizarse en barrios, pueblos, centros de trabajo para hacer frente a una extrema derecha que nunca se fue, pero que ha despertado ¡No pasarán!

 

Ixone Rekalde y Xavi Mínguez son militantes de Antikapitalistak.