Javier Bujarrabal | El 26 de diciembre de 1978, hace hoy 40 años, una Modificación de la Ley de Peligrosidad Social del Franquismo, todavía en vigor, marcó el fin de la persecución legal de la Homosexualidad en España.

“Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación los que realicen actos de homosexualidad”. Así reza textualmente el Art.2 de la Ley 16/1970, del 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

El texto, aprobado para “Corregir los Defectos observados en el Sistema” y “El primordial compromiso de Reeducar y Rescatar al hombre para la más plena Vida Social”, condenaba al colectivo LGTBI+ con: internamiento, multa, prohibición de residencia y sumisión de vigilancia.

Aquella norma de 1970, ya al final de la dictadura, heredera de la ley de vagos y maleantes, establecía en su Art 2. que “serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes: resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo y se aprecie en ellos una peligrosidad social”. Y en el listado de a quiénes se aplicaba estaban, junto a los “vagos habituales”, “los que realicen actos de homosexualidad”.

La ley había incluido en su nombre un apartado: la rehabilitación social. Por ello, a quienes realizaran actos de homosexualidad y a quienes se dedicaran habitualmente a la prostitución se les imponía “internamiento en un establecimiento de reeducación” y la “prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados”. En el caso de los hombres homosexuales, esos centros fueron, sobre todo, los penales de Huelva y Badajoz. Para las mujeres lesbianas no se plantearon centros concretos.

La modificación de hace 40 años no supuso reconocimiento alguno. Solo consistió en la derogación del punto que se refería a los homosexuales, con lo que no quedaba ninguna medida concreta que les mencionara para castigarles, aunque seguía vigente la ley de escándalo público, de la que fueron víctimas, por ejemplo, muchas mujeres transexuales.

El retraso en la derogación parcial de la ley desde la muerte del dictador, en noviembre de 1975, supuso que las personas acusadas de “homosexualismo” no pudieran acogerse a la amnistía del año 1977, que sí afectó a los presos políticos.

Tras la eliminación de la ley, numerosos Colectivos LGTBI+ pidieron la eliminación de las condenas de los archivos policiales. Al mantenerse estos, se podía dar el caso de que aquella sanción figurara como antecedentes de la persona en caso de una identificación policial posterior. Al final, se llegó a un acuerdo de mantenerlas por su valor histórico, pero sin que tuvieran aplicación.

La Ley se derogó definitivamente en el año 1995.

Desde 1978 hasta 2005, con la aprobación del Matrimonio Igualitario, las personas LGTBI+ no vivieron cambios en su situación legal. Luego vinieron la Ley de Identidad de Género para las personas Trans (2007) y actualmente las Leyes Autonómicas por la Igualdad Real en aplicación:

Navarra (2009) Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

País Vasco (2012) Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Galicia (2014) Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia.

Andalucía (2014) Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad de Andalucía.

Canarias (2014) Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cataluña (2014) Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

Extremadura (2015) Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Madrid (2016) Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.

Región de Murcia (2016) Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Islas Baleares (2016) Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia.

Comunidad Valenciana (2017) Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunidad Valenciana.

Cantabria (2017) Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género.

Aragón (2017) Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Anteproyecto de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y actualmente se espera la aplicación de una Ley Estatal de Igualdad LGTBI, ley que continúa atascada su aprobación en el Congreso de los Diputados.

 

Javier Bujarrabal es miembro de la Secretaría LGTBI de Anticapitalistas.