Pablo Rochela | Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa del Sindicato de inquilinas de Zaragoza en el Centro Social Comunitario “Luis Buñuel” en la que se ha presentado el colectivo y se ha explicado la situación de Chahrazed y su familia, que va a ser desahuciada el próximo 5 de febrero.

Ricardo Arnedo, miembro del sindicato, ha explicado la necesidad del nacimiento de plataformas como ésta que permiten organizar a personas que se implican en torno a la mejorar drásticamente los precios y las condiciones de las viviendas de alquiler. En Zaragoza se inició la andadura del colectivo en septiembre recogiendo las experiencias de los sindicatos de otras ciudades como Barcelona y Madrid.

“Según diversas fuentes, se han producido subidas de precio anuales del 7% en el precio medio del alquiler en nuestra ciudad y, como bien sabemos, las rentas de la mayoría de la población no crecen en esta proporción. Así que es urgente regular los precios del alquiler basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente”, ha apuntado Arnedo.

Existen otras reivindicaciones del sindicato de inquilinas como la duración de los contratos de 6 o 12 años, movilización de las viviendas vacías, fin de los fondos buitre y de los abusos de intermediarios, y fin de las expulsiones injustificadas. Consideran fundamental que se regule la relación en el alquiler en una ley estatal, ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es una ley que ha perjudicado la posición del inquilino en cada reforma.

También se ha aprovechado la rueda de prensa para que Begoña Leza, también miembro del sindicato, explicara el caso de Chahrazed y Noureddine, que viven con sus tres hijos menores en un piso de alquiler del barrio zaragozano de Las Delicias, del que va a ser desahuciada el próximo 5 de febrero sin tener una vivienda alternativa.

La familia, que no había dejado de pagar el alquiler pero les ha finalizado el contrato, vive una situación de vulnerabilidad extrema desde que Noureddine perdió su empleo en 2015 quedando sus ingresos limitados a las prestaciones sociales más el pequeño salario de un empleo por horas de Chahrazed. Ante la situación que se les planteaba, trataron de encontrar otra vivienda, pero al ser sus ingresos por prestaciones sociales nadie les alquila una vivienda, pues no disponen de aval bancario o dar la cuantía que por fianza les piden.

La familia ha acudido en varias ocasiones a las administración local y autonómica para solucionar el caso e inscribirse en las bosas de alquiler social del Gobierno de Aragón y de Zaragoza Vivienda, pero las viviendas sociales son insuficientes para el número de familias solicitantes y no ha habido solución positiva todavía al caso.

También ha habido reuniones de Stop desahucios y el Sindicato de inquilinas con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón y la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. En el primer caso, la respuesta recibida ha sido que no hay vivienda suficiente y no pueden atender los casos de finalización de contrato. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal trasladó su preocupación por la proliferación de casos de desahucios “silenciosos o invisibles” -por fin de contrato y no por impago- y el aumento de los desahucios de alquiler, y mostró el compromiso de estudiar las alternativas habitacionales para a esta familia.

Begoña Leza ha señalado que “desde el Sindicato de inquilinas consideramos que las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a las familias en situación de manifiesta vulnerabilidad social. Chahrazed y su familia no disponen de otro sitio a donde ir, por lo que, si el desahucio se ejecuta, se verán condenados a la calle con sus tres hijos”. “Exigimos a la DGA y al Ayuntamiento de Zaragoza que ofrezcan una solución ante el inminente desahucio de Chahrazed”, ha concluido Leza.