Eduardo Tamayo Belda | La actual disputa entre taxis y VTC no es un simple conflicto por el control del sector, subyace en ese fenómeno algo mayor: la defensa de un tradicional servicio del Estado del bienestar y se pone a prueba la “salud social” de nuestras ciudades.

Primero, debo decir que soy consciente de que el sistema capitalista es injusto, depredador, individualista y despiadado; lo asumo, pero no me conformo. Y es que bajo el paraguas del sistema de licencias VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) se encubre un gran problema: estas licencias se han convertido en una pieza más en el engranaje del sistema de destrucción del Estado del bienestar y la salud social, un subproducto del sistema capitalista.

En rigor, la disputa de fondo ni siquiera es entre el sistema de licencias VTC y el sector del taxi como tal, pues el funcionamiento anterior de estas licencias (como es el caso de las limusinas) solía contar con sede fiscal en España y una regulación suficiente para su actividad y su volumen de negocio. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la presencia de plataformas extractivas, con las que funcionan una gran mayoría de estas licencias VTC, y es esta circunstancia la que está generando el mayor enfrentamiento, además del vacío legal producido al no haber regulación conjunta entre municipios y comunidades (como es el caso de Madrid). No obstante, y para simplificar, nos referiremos a las VTC en su conjunto como el problema general, pues la mayoría de estas licencias se hayan en estos momentos en la condición de vinculación a estas plataformas extractivas.

En la mayor parte de ciudades del mundo, ya existe un servicio público o privado de transporte individual, el clásico sistema de TAXI, que siempre está sometido a una regulación municipal. En este sistema (el del taxi) convive una doble naturaleza propietaria: por un lado, existen personas o familias que poseen entre una y tres licencias de taxis, que conducen personalmente o empleando a una o dos personas cercanas, como máximo. En Madrid, de hecho, una misma persona no puede tener más de dos licencias de taxi, aunque existen fórmulas para salvar esta regulación. En cualquier caso, ese modelo tendría que ver con un sistema de economía familiar que poco o nada contribuye, a nivel global, a la concentración de la riqueza o de los medios de obtención de renta. Por otra parte, dentro del mundo del taxi, existen pequeñas, medianas y grandes empresas que tienen flotillas de vehículos en mayor o menor proporción; este segundo grupo representa en mi opinión el punto más próximo al modelo VTC y, sinceramente, creo que debería estar más regulado desde los municipios, impidiendo que la propiedad de los vehículos tipo taxi pueda estar concentrada, sin menoscabo de plantearse que incluso el servicio pudiera ser íntegramente municipal. Por su parte, los taxistas tienen, como tiene cualquier otro trabajador o trabajadora, la posibilidad de asociación y sindicación, que les permite aunar esfuerzos y combinar costes y gastos de gestión, reparación, exigencias al municipio, etc.

El taxi no es perfecto, ni mucho menos. Se anclaron en una cierta comodidad, y quizá no dedicaron suficiente atención a detectar los cambios ni invirtieron en innovar para adaptarse a ellos; es cierto, y eso está en su columna del “debe”. El taxi tiene que entender que el mundo cambia, y que ellos deben cambiar también, y adaptarse para mejorar el servicio y aumentar la satisfacción del cliente.

La opacidad tradicional del taxi en las rutas de sus trayectos, sobre todo cuando se trata del traslado de extranjeros y de personas de fuera de la ciudad, no ayudó a su buena consideración, y mucha gente abrazó las nuevas plataformas como un sistema más transparente y seguro. Es más, y aunque lo digo sin ánimo de generalizar, es perentorio señalar que el gremio taxista ha sido, a ojos de muchos madrileños (por hablar de lo que más conozco), un colectivo tradicionalmente de derechas, retrógrado e incluso abiertamente intolerante, comportamientos éstos que han menguado últimamente, en parte debido a la intensificación de la competencia y también por la observación entre el gremio de que, en definitiva, el discurso neoliberal y reaccionario que difunden las cadenas de radio que ellos mismos sintonizan habitualmente en sus “carreras” les estaba produciendo en la práctica terribles quebrantos laborales.

Sin embargo, dicho esto, no podemos quedarnos cruzados de brazos ante el riesgo que supone para la sociedad la extensión de los servicios de licencias VTC, en competencia frente al taxi, y debemos afirmar que éstas afectan negativamente al Estado del bienestar y a la salud social. ¿Pero por qué?

En realidad, es sencillo; el sistema de alquiler de vehículos de turismo está íntimamente relacionado con eso que se ha venido a llamar “economía colaborativa” (como ocurre también con el sistema del alquiler de viviendas que tanto daña las posibilidades de alquiler en las principales ciudades españolas), y que en su origen y en su radicalidad es una idea magnífica, pero que cuando está inserta en un sistema capitalista sin escrúpulos y sin regulación, es terriblemente funcional a los llamados “emprendedores”, que son tan emprendedores como “acumuladores”, y que en realidad a menudo no son en sí mismos el gran problema, sino que resultan ser quienes abren el camino, a veces ingenuamente, a los verdaderos carroñeros del sistema capitalista.

El problema radica en que las licencias VTC inundan con sus coches el mercado del transporte vehicular de las ciudades (TAXI+VTC), y reducen mucho la rentabilidad de cada vehículo (de los taxis y de los VTC) con prácticas tipo “dumping”. Los propietarios de VTC pueden permitirse perder dinero, o ganar poco, pues su proyecto tiene una rentabilidad a futuro, cuando una vez copado el mercado y en posición de semimonopolio puedan estar en disposición de elevar los precios y exigir a los municipios regulaciones aún más favorables.

Con el tiempo, el modelo de taxi individual, familiar y la pequeña o mediana empresa de taxis no podrán sostenerse, e irán desapareciendo del mercado, dejándolo cada vez más liberado para las grandes empresas de TAXI y de VTC. Para entonces, esas empresas no sólo estarán pagando menos a sus empleados de lo que cobraban antiguamente los taxistas propietarios de su propio vehículo, sino que además podrán subir los precios del servicio con mayor discrecionalidad que antes, pues las licencias VTC aspiran (y en muchos casos están consiguiendo) regulaciones más laxas en su actividad económica que las que tienen los taxis.

Además, olvidamos a menudo que para los taxistas su taxi es “su vida”. No es que hoy conduzcan un taxi y mañana puedan dedicarse sin más a cualquier otra profesión, es que las licencias de taxi costaban hace no mucho casi lo que una vivienda barata, porque eran un puesto de trabajo para toda la vida; obtener una licencia de taxi era, salvando las distancias, como sacarse una oposición. El coste de la licencia y el del vehículo, sumado a su tiempo y su esfuerzo diario, eran recompensados por el pago de los clientes, clientes que hoy ya no acuden a ellos.

A mayor abundamiento, los taxistas individuales, familiares o de pequeña y mediana empresa, no tienen las facilidades de compra, financiación y reposición de sus vehículos como tienen los grandes capitales internacionales, que pueden negociar con los fabricantes de coches pedidos de miles de vehículos, tener talleres propios, y además tributar en aquel lugar del mundo donde la explotación de su negocio sea mucho menos costosa impositivamente gracias a la falta de regulación en la materia. Esto significa menos ingresos para el Estado, o lo que es lo mismo, para toda la gente del país donde esos coches y quienes los conducen operan, reduciendo con ello las posibilidades de los municipios de costear servicios básicos a la ciudadanía.

Para colmo, la capacidad de presión política de los grupos propietarios de las grandes flotas VTC les permitirá lograr, andando el tiempo, que muchos municipios limiten severamente el paso de vehículos por el interior de las ciudades, amparados en la necesidad de evitar la contaminación (medidas que por cierto son inevitables e imprescindibles si queremos seguir teniendo ciudades habitables, y esto lo saben los grandes capitales, que apuestan por copar los nuevos espacios de negocio abiertos).

Con el tiempo, el paso vehicular en los centros urbanos será sólo permitido, con suerte, para residentes y el transporte público, además de los vehículos de carga y descarga, los servicios municipales y, por supuesto, los VTC. Serán los propietarios de las flotas VTC como las que cada vez con más asiduidad vemos en nuestras calles quienes se hagan con los ingentes beneficios de ese servicio de transporte, y los conductores pasarán a ser, como de costumbre, un grupo precarizado más, dependiente y cada día más desamparado. Será entonces cuando los grupos de interés vinculados a los VTC recuperarán con creces el capital invertido a costa de todos y de todas. Y con ello, lamentablemente, veremos reducido el Estado del bienestar en nuestras ciudades, con espacios cada vez más difícilmente transitables en coche para quienes no puedan permitirse costearse los traslados en VTC.

Pero con este nuevo sistema no sólo se pone en juego una parte del Estado del bienestar, sino que también se daña la “salud social”. Desde que empezaron a existir las compañías vinculadas a las licencias VTC, he tenido la experiencia de ver cómo las primeras personas en utilizarlo tanto en Europa como en América Latina (en general gente con buen nivel de recursos) hacían uso de ellos mucho antes de que se “popularizasen” mediáticamente. Los comentarios que hacían estas personas (repito, gente de buena condición social), ponían el acento en el nivel óptimo de la calidad del vehículo, en la supuesta elegancia de sus conductores, en la atención servicial y distinguida durante los traslados, y otros comentarios de similar naturaleza… Debemos darnos cuenta de que todos esos comentarios constituyen exigencias desde el privilegio. No se trata sólo de una cuestión de mejoramiento del servicio, no; es una cuestión de apariencia y de jerarquía. La apariencia del vehículo, el conductor y el trato en el trayecto también reflejan conceptos de posición social, y eso, en mi humilde opinión, constituye un perjuicio para la salud social, porque refuerza la idea de que lo que la clase alta denomina “elegancia” es preferible a la libertad y a la comodidad del trabajador o de la trabajadora. Una vez más, la estética triunfa sobre la ética, pero más nos vale una buena conversación o un placentero silencio mutuamente convenido, que una corbata bien anudada. Los VTC son un reflejo de lo que la clase alta quiere generar en la sociedad: distinción, rango, jerarquía, poder, privilegio, y concentración de la propiedad y la riqueza, a costa de la ciudadanía.