Pepe Mejía | Barrios enteros encajonados y rodeados de edificios acristalados de 50 plantas, servicios públicos, piscina, campo de fútbol y centros sociales serán arrasados si la Operación Chamartín se pone en marcha. Esta mañana, Poder Popular lo pudo comprobar participando en un recorrido con periodistas por los barrios más afectados por el pelotazo urbanístico del BBVA.

Dentro de las 230 hectáreas que se verán afectadas, el barrio de San Cristóbal, quedaría encajonado y en sombra con la construcción masiva de rascacielos de oficinas y sin sus instalaciones deportivas. En el barrio de Begoña, a tiro del hospital La Paz, aumentará el ruido y la congestión de tráfico. Habrá destrucción de zonas verdes reales y la destrucción de la zona industrial de la Malmea.

Acompañados de representantes de Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Plataforma Zona Norte, la visita permitió conocer de la mano de vecinas y activistas sociales algunos de los impactos de un proyecto urbanístico de grandes dimensiones en torno a la estación de tren de Chamartín.

Según nos explicó, Félix Arias, miembro de la Asociación de Vecinos de Prosperidad y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, la FRAVM y la Plataforma Zona Norte plantean desde hace meses serias objeciones a la operación conocida como Madrid Nuevo Norte. El proyecto adolece de vivienda social, de zonas verdes y de equipamientos sociales. La documentación de la operación incluye en su letra pequeña más de 20 torres, una losa de hormigón sobre la que no pueden crecer los árboles y una concentración de oficinas que provocarán un nivel de tráfico insostenible y un desequilibrio aun mayor entre los distritos de Madrid.

La operación urbanística –que se planteó en 1993- afecta a los distritos de Chamartín y Fuencarral. Se hizo mediante un concurso público con el que Renfe quería vender suelo público para financiar obras de reforma de la estación.

En el programa electoral de Ahora Madrid se incluía paralizar la operación y abrir un proceso participativo para generar propuestas para modificarlo. Al llegar al gobierno municipal, se inició un proceso participativo con colectivos vecinales y ecologistas para diseñar el desarrollo de la ciudad contando con las reivindicaciones históricas vecinales y con las carencias dotacionales del entorno. De esa propuesta surgió Madrid Puerta Norte presentado por Ahora Madrid en 2016. Frente al proyecto presentado, pronto surgieron las críticas por parte de los socios privados. Se frenó la participación ciudadana.

En verano de 2018 se presentó a los medios Madrid Nuevo Norte. Las maquetas que se mostraron entonces y la información que se proporcionó sobre vivienda social, equipamientos públicos y zonas verdes dista mucho de los datos reales que aparecen en la documentación del proyecto.

Detrás de la operación está la empresa promotora, Distrito Castellana Norte (DCN), está participada al 75% por el BBVA y al 25% por la constructora Grupo San José.

Adif es la entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias y depende del Ministerio de Fomento. Es la propietaria de la mayor parte de los suelos de la Operación Chamartín y la firmante de los convenios que inicialmente suscribió Renfe.

El Ayuntamiento de Madrid tiene la competencia sobre el planeamiento de la ciudad y de usar las herramientas urbanísticas para llevar a cabo el modelo de ciudad que `pretenda desarrollar.

La Comunidad de Madrid debe aprobar, en el Consejo de Gobierno, las modificaciones que se propongan sobre el planeamiento urbano de las ciudades de la región.

Arias nos dice que “Adif, siendo una empresa pública, está vendiendo suelo aproximadamente a mitad del precio del valor del mercado a una empresa privada para que promueva un desarrollo urbanístico, según consta en el expediente”.

Según vecinas de los barrios de Begoña y San Cristóbal, “la Operación Chamartín desde sus orígenes ha sido opaca. Se han negado de manera sistemática el acceso a los convenios entre Adif y DCN y otros documentos relacionados con el plan. DCN ha presentado recursos judiciales para impedir que los colectivos vecinales y ecologistas accedan a esos documentos. Han amenazado con querellas a los medios que publiquen el acta del consejo de administración”.

“El proyecto –según el representante de la FRAVM- no asegura ninguna vivienda social ni pública. No queda asegurado ni garantizado que se vaya a construir vivienda social, si, por ejemplo, cambia el signo del gobierno municipal”.

Un millón de metros cuadrados destinados a oficinas en la zona de Madrid que más oficinas acumula no puede promover en ningún caso un desarrollo sostenible.

El plan afecta a las cocheras que la Empresa Municipal del Transporte (EMT) tiene en la zona. La posición de la EMT es contradictoria, a pesar de que entrega 120 mil metros cuadrados. A día de hoy se está haciendo obras dentro como el asfaltado. No se sabe qué intenciones tiene. De los 120 mil metros cuadrados se queda tan sólo con 50 mil, es un negocio ruinoso para la EMT, señalan nuestras fuentes.

El problema de este proyecto son sus dimensiones. El mercado de Madrid no requiere de más oficinas. “En Canalejas, Alcalá, barrio de Salamanca las oficinas se van vaciando, no van al centro y menos al sur, todas irán al norte. Además, falta mucha vivienda pública en esta zona”, subraya Arias.

Según los vecinos, el pelotazo inmobiliario de un banco se entiende cuando se sabe que Adif tiene una deuda con el banco de 15 mil millones a veinte años y al 3%. “Esa misma empresa, con esa mega deuda, se convierte en prestamista”. Siendo un Plan de Iniciativa Pública sólo meten un 20% de vivienda pública. Un pelotazo de grandes dimensiones que beneficiará a la gran banca y hará desaparecer barrios enteros.