Fernando Román | En estos últimos días hemos asistido a una más de esas representaciones con las que las élites económicas, sus representantes políticos y algunos medios de comunicación intentan confundirnos con el objetivo claro de apropiarse de lo público y hacer de nuestros derechos su negocio.

Se trata de la escenificación mediática de la ruptura del diálogo y la imposibilidad de llegar a acuerdos dentro del “Pacto de Toledo”.

Conviene aclarar que el “Pacto de Toledo” es una reunión de partidos políticos del Congreso donde se acuerdan recomendaciones al gobierno, pero que el gobierno no tiene obligación de cumplir. Apareciendo como una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas, en 25 años de existencia, no se encuentran medidas dirigidas a apuntalar el sistema público de pensiones. Al contrario, tal y como podemos leer en en la nota de prensa de la COESPE (20 de febrero 2019): “los borradores de la redacción de las recomendaciones están hechos con la suficiente ambigüedad, para que, a conveniencia y a interés del gobierno de turno, se puedan interpretar de forma dispar”. Y añade “algunos ejemplos de esa ambigüedad calculada:
• La revalorización de las pensiones al IPC real, pero también abierta a
otros datos macroeconómicos.
• Los años de computo para calcular la base reguladora, pueden ser 15 años, 25 años, o toda la vida laboral
• La edad de jubilación, 65 años, 67 años, y posibilidad de que aumente
• El factor de revalorización que nos castiga por vivir más, no se sabe si se deroga o se pondrá en funcionamiento al año que viene o en 2027.
• Y el más que previsible apoyo a los planes privados de pensiones, en detrimento del sistema público.

Teniendo claro que el “Pacto de Toledo” representa un modelo opaco, oscurantista e ineficaz y siendo una de las grandes mentiras de ésta “democracia”, creemos necesario y urgente llevar a cabo un debate sobre el sistema público de pensiones, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, de los y las pensionistas.

Y frente a un modelo neoliberal de planes de pensiones privados, que pondría en manos de los bancos y del sistema financiero una enorme cantidad de recursos, que les darían el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza, defendemos un sistema público de pensiones, un sistema de reparto y caja única, sin brecha de género, equitativo y solidario entre una generación y otra. Un sistema en el que las cuantías de las pensiones sean suficientes para proporcionar un nivel de vida digno.

Esto no será posible sin la participación de todos y todas, sólo desde la movilización y la lucha en las calles frenaremos el ataque neoliberal contra nuestros derechos.